«Pretenden legalizar las filtraciones por medio de entrevistas conductuales»

Jesús Oñate y Patxi Nicolau son miembros de LAB y de ESK, los dos sindicatos que ejercen la acusación particular en el proceso abierto tras la denuncia de filtraciones en la polémica OPE de Osakidetza. Ellos no tienen dudas de que se filtraron exámenes.

¿En qué fase se encuentra el proceso judicial?

Patxi Nicolau: El proceso judicial está en fase de investigación. Se han realizado las primeras testificales que solicitó el fiscal, y, en este momento, tanto los abogados de LAB como de ESK, estamos solicitando las pruebas documentales necesarias para seguir la investigación.

Jesús Oñate: La última, la de los exámenes, está concedida. Es un hecho importante porque nosotros pensamos que las pruebas están en los exámenes, en la coincidencia de puntuaciones y de redacción. Además, hay otra petición que está en los juzgados, que es la de traer los 19 expedientes que denunciamos ESK y LAB; y cuando digo expedientes me refiero a todo. No solo al expediente de investigación farsa que hizo Osakidetza. Pedimos toda la información relativa a esas categorías, desde la convocatoria hasta el decreto de suspensión en las once que ha suspendido Osakidetza, sin olvidar las ocho que quedan todavía, para estudiar nosotros toda la información y pedir las pruebas pertinentes.

P.N.: Es muy importante que podamos analizar todos los documentos, porque creemos que es en el análisis documental donde podemos encontrar correlación entre las personas que han podido recibir el examen y las que han podido pasarlo.

Hablan de «investigación farsa». ¿Cómo valoran los pasos dados por Osakidetza y el Departamento de Salud?

J.O.:Todos los pasos que han dado han ido dirigidos a ocultar la evidencia. Desde la primera medida que tomaron, que fue la de ocultar los listados de resultados para impedir que fueran estudiados estadísticamente, hasta la proposición del nuevo modelo de OPE, que plantea entrevistas conductuales, lo que supone legalizar la filtración.

Y decimos que ha sido una farsa porque antes de que surgieran las primeras denuncias Osakidetza ya tenía conocimiento de irregularidades. En el caso de Cardiología se hizo una reunión con un miembro del tribunal, que denunció y sigue denunciando que esta práctica viene desde el franquismo. Se reunieron el 30 de mayo, y en esa reunión estuvieron Soto, Miriam Aparicio y Balerdi. Se reunieron con este cardiólogo que alertó de las filtraciones, y todavía no está el acta de esa reunión en el juzgado. Nos encontramos que la institución, o los altos cargos de la institución, ejercían de paraguas, unas veces mirando hacia otro lado, y otras mandando un estudio a Oviedo que no profundiza en las filtraciones, sino que las ignora.

P.N.: A nuestro parecer se ha realizado una gestión para minimizar los daños. Hablamos de una práctica habitual que viene desde el franquismo, de una práctica que se ha mantenido, que es estructural, y que cuenta con el conocimiento y el aval de los directivos y altos cargos de Osakidetza y del Departamento de Salud. Y cuando salta por fin la liebre, han tratado de minimizar y acotar los daños. La insistencia de Osakidetza de personarse en la causa es única y exclusivamente para controlar las declaraciones y las actuaciones que puedan llevarse a cabo.

Estamos ante una situación que ha sido más que evidente, y con el nuevo modelo que pretenden implantar va a seguir siendo no solo evidente, sino también legal. Y nos encontramos con actitudes represivas contra aquellas personas que se han atrevido a alzar la voz contra este sistema; y no han alzado la voz por beneficio personal. Hablamos de personas con una actitud ética irreprochable. Es de admirar lo que se han atrevido a hacer y lo que se han arriesgado a nivel laboral y personal.

¿Qué les parecen la decisión de repetir exámenes?

J.O.: En todo momento hemos exigido la paralización de 19 categorías y nuestra lectura es que la paralización de esas once categorías es obligada. La valoramos positivamente, pero consideramos que es parcial porque quedan ocho categorías con indicios de diferente índole, e incluso puede haber más porque Fiscalía no cierra la puerta.

Nosotros traducimos la paralización de esas once como la asunción de bloque era evidente, pero siguen sin hacerle frente. Lo que pretenden es no hacer necesarias las filtraciones, pretenden legalizarlas por medio de entrevistas conductuales y presentación de proyectos que rompen el anonimato necesario para estas pruebas. Un anonimato que se ha roto ya en muchas categorías de la pasada OPE, contraviniendo el manual operativo de Osakidetza.

P.N.: Desde luego las medias que la señora Murga presentó en el Parlamento pretenden legalizar lo que durante 40 años ha sido una práctica habitual. Pretende saltarse cualquier tipo de negociación o de consenso con agentes sindicales y políticos, y pretende obviar las denuncias que han realizado ESK y LAB, saltándose recomendaciones del Ararteko, a pesar de que digan que las están recogiendo.

El presentar o el decir que los exámenes prácticos han de ser generados por el propio tribunal es poner en negro sobre blanco lo que realmente sabemos, que es ahí donde se van a producir las filtraciones. El propio tribunal es el que va a hacer el examen práctico y el propio tribunal va a ser el que lo filtre. Es más sencillo, más barato y mejor que lo hagan a dedo.

J.O.: Para LAB es prioritario que el examen lo haga una sola persona y que esa persona sea identificable, y en caso de filtraciones saber perfectamente cuál ha sido la trazabilidad del examen. Esa personas debe ser contactada anónimamente por el IVAP, y hay que saber porque manos pasa el examen. Es primordial para evitar la filtración, porque el tribunal lo que hace es diluir las responsabilidades de la filtración e impedir la identificación del filtrador.

Antes han hablado de represalias. ¿Qué represalias han sufrido los denunciantes?

P.N.: Las tres personas anestesistas que impulsaron las denuncia a título individual avaladas por este sindicato y con el apoyo de LAB han sufrido intentos de represión en sus puestos de trabajo en el hospital comarcal del Alto Deba, porque las direcciones de ese hospital están implicadas, como miembros de tribunales de especialidades que están siendo investigadas. Se han visto intentos de despidos encubiertos, como en el caso de Marta Macho, o de actuaciones para que su jornada laboral no fuese la más adecuada y presiones para que renunciasen, como fue el caso de Manuel. Estaba cubriendo la baja de una persona que pretendía tramitar su incapacidad porque no se veía para trabajar y finalmente se cogió el alta. ¿Cómo se cogió el alta en esas condiciones? ¿Quién le presionó? En un hospital pequeños se pueden realizar presiones sin cometer ilegalidades.

J.O.: Darpón en sede parlamentaria amenazó a los denunciantes con llevarles a la Fiscalía por intentar reunir la pruebas. Es totalmente inaceptable la actitud de Darpón y de algunas personas del propio hospital. La gerente de ese hospital está comprometida por el tribunal de Angilogía, del que es presidenta, y es evidente que ahí ha habido una filtración. Todo el proceso con los anestesistas ha sido vergonzoso y vergonzante. La foto de Darpón en el Parlamento amenazando a los anestesistas es la foto de una institución antidemocrática, porque la plantilla estaba saludando de forma orgullosa el posicionamiento de estos trabajadores, y Darpón cogió una actitud represora.

Tras su dimisión, Darpón ha vuelto a la sanidad privada...

P.N.: Sí, además premiado en una empresa como Keralty, que está dirigida por cargos del PNV. Hay que tener en cuenta que Darpón se ha dedicado durante toda su gestión a fomentar la incursión de las empresas privadas dentro de Osakidetza. Es el primer interesado en esta ‘colaboración público-privada’, como dice él. Viene de IMQ, se va a Keralty, t en medio ha estado gestionando sanidad público… y mucho nos tememos que durante su tiempo se dedicó a implantar las autonomías de servicio y a desmantelar la atención primaria. Ahora va a una empresa privada y sabe perfectamente que necesidades tiene la pública para vender cosas. Para ellos la sanidad es un negocio, no es un servicio público, no es un bien social.

J.O.: Osakidetza a la hora de privatizar tiene un interés abismal en controlar a los jefes de servicio, que son los que van a aplicar estas políticas. Y filtrar exámenes es una contrapartida para que las personas que están en el equipo hagan oídos sordos o miren para otro lado cuando se gestionen otros tipo de cosas, ya sean compras o derechos de otros compañeros. Si te han filtrado el examen, como mínimo, hay una compra de lealtad. Así los equipos terminan convirtiéndose en la ‘familia’, en la ‘familia’ de la que hablaba Al Pacino en “El Padrino”.

En el Parlamento de Gasteiz PNV, PSE y PP impidieron la creación de una comisión de investigación para analizar lo ocurrido en la OPE.

P.N.: La dimisión de Múgica fue el pago político que el PP recibió para su abstención. No hay que olvidar que el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, fue ministro de Sanidad, y conoce perfectamente como funciona el sistema. Tiene que ejercer de oposición pero no pueden hacer una oposición clara y contundente. La abstención fue un pago político.

J.O.: No hay que olvidar que este problema no es autóctono. Es un problema que tiene variantes en el Estado español. El PP gestiona comunidades autónomas y no tiene interés en que se escarbe demasiado.