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El 52% de los residentes en la CAV solo permitiría la entrada de migrantes si tienen contrato

Según el barómetro de 2109 elaborado por el Observatorio de la Inmigración-Ikuspegi, el 52% de los residentes en la CAV solo permitiría que entren migrantes en el país si tienen contrato y un 49,7% considera que se debe regularizar la situación administrativa solo a aquellas personas migrantes que dispongan del mismo.

Migrantes en las calles de Irun. (Gorka RUBIO/FOKU)

El Observatorio de la Inmigración-Ikuspegi ha difundido este martes las conclusiones del barómetro relativo a 2019 sobre la percepción de la población ante la inmigración en la CAV, un estudio realizado a partir de 600 encuestas que concluye que el 52% de la población es partidaria de limitar la entrada de personas migrantes en el país en función de si tienen un contrato de trabajo o no.

El mismo informe señala que un 49,7% cree que se debe regularizar administrativamente únicamente a quienes dispongan de contrato laboral.

Señala el análisis que la mayoría de la población de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba no ve la inmigración como un problema, solo un 9% opina que sí lo es. Para el 73,9% se trata de un fenómeno estructural que crecerá en los próximos 5 años.

El 66,2% opina que la inmigración no quita trabajo porque ocupan puestos que no quieren las personas autóctonas, aunque un 17,6% cree que sí.

Como en informes de años anteriores, se sigue detectando que la sociedad tiene una percepción sobredimensionada acerca del volumen de población extranjera que reside en la CAV y lo sitúa en un 17%, casi el doble del 10% real.

Abierto a la diversidad, pero «asimilacionista»

De los datos recogidos destaca, asimismo, que el modelo de integración es mayoritariamente asimilacionista, ya que se acepta la diversidad y se considera enriquecedora (más del 60%), pero el pensamiento mayoritario es que son las personas migrantes las que tienen que hacer un esfuerzo para integrarse en la sociedad y adoptar sus costumbres y tradiciones (77,5%).

La mayoría de la población (más del 70%) ve bien que abran restaurantes o comercios propios, pero el porcentaje cae hasta alrededor del 35% si se trata de que construyan templos para sus religiones, vistan de acuerdo a su cultura o dispongan de centros de enseñanza propios.

Sobre el acceso a derechos, una mayoría de los encuestados considera que la educación (70%) y la sanidad (61%) deberían ser universales. Prácticamente el mismo porcentaje opina que solo las personas que tienen regularizada su situación administrativa pueden optar a ayudas sociales, viviendas de protección oficial o al reagrupamiento familiar.

Se benefician de la protección social

Un 53,3% de las personas consultadas cree que las personas migrantes se benefician excesivamente del sistema de protección social. Otros dos estereotipos que se mantienen es que contribuyen a que aumente el machismo (40,4%) y que generan inseguridad y delincuencia (37,4%).

En lo referente al grado de simpatía hacia las diferentes nacionalidades, se constata que es mayor hacia los colectivos más cercanos culturalmente, mientras las personas de origen magrebí, junto a paquistaníes y rumanos, despiertan mayor antipatía. Unido a esto, se percibe un grado de desconfianza hacia el Islam muy alto.

La tolerancia tiene que ver con la economía

Este barómetro de 2019 confirma, asimismo, que el índice de tolerancia de la sociedad hacia la inmigración está relacionado con la situación económica, de forma que en un contexto de crecimiento económico aumenta el índice de tolerancia.

También sexo, edad, estudios y posición económica influyen, ya que los hombres jóvenes, con estudios universitarios y estatus económico y social alto son más tolerantes.

Durante la presentación de estos datos, en la que han participado la viceconsejera de Políticas Sociales de Lakua, Lide Amilibia, y la profesora de Sociología y miembro de Ikuspegi Beatriz Otero, esta ha destacado la posición «ambivalente» ante la inmigración de la sociedad vasca, ya que aumenta el colectivo que considera que sus efectos positivos son mayores que los negativos, pero son partidarios de restricciones, sobre todo en derechos y servicios.