Juristas denuncian en ‘Le Monde’ la actitud de los tribunales franceses con los presos vascos

El rotativo francés ‘Le Monde’ ha publicado este jueves una tribuna de opinión firmada por un colectivo de abogados y magistrados en la que denuncian la actitud de la Judicatura gala con respecto a los presos vascos. Le acusan, en concreto, de «imponer una muerte silenciosa» a aquellos prisioneros que han cumplido largas condenas.

El rotativo francés ‘Le Monde’ ha publicado este jueves una tribuna de opinión en relación al trato que da la Judicatura gala dispensa a los dossieres de presos vascos. El escrito lleva la firma de las abogadas vascas Maritxu Paulus Basurco y Xantiana Cachenaut, y está suscrito además por Serge Portelli (antiguo juez de la Corte de Versailles y magistrado honorario), Philippe Texier (consejero honorario de la Corte de Casación) y Michel Tubiana (abogado y presidente honorífico de la Liga francesa de Derechos Humanos).

Los firmantes acusan a la Judicatura gala de imponer «una muerte silenciosa» a Xistor Haranburu, Jakes Esnal y Ion Kepa Parot, los tres ciudadanos labortanos condenados a perpetuidad en el Estado francés. Detenidos en 1990, al igual que Unai Parot ( detenido y encarcelado en el Estado español), el próximo mes de abril cumplirán 30 años en prisión.

En su escrito reprochan a la Corte parisina «actuar con ensañamiento» al negarse a adoptar medidas alternativas a la estancia en prisión para esos presos, condenándoles, dicen, «a morir en prisión».

«Dejarles morir en prisión, al abrigo de las miradas, sin testigos»

«Nos nos engañemos; se trata de dejarles morir discretamente en prisión al abrigo de las miradas, sin testigos», aseguran, para marcar de inmediato las responsabilidades: «Los poderes públicos y una parte de la justicia anti terrorista colaboran de esa muerte silenciosa».

Recordando la argumentación dada por el Tribunal de Aplicación de Penas, a instancias de la Fiscalía Antiterrorista, para rechazar las peticiones de libertad condicional presentadas por los presos vascos  –«a la vista de la excepcional  gravedad de los hechos la pena debe mantener su efectitividad en el tiempo»–, los firmantes del artículo censuran que no se tenga en cuenta la evolución del contexto social y político desde la Conferencia de Aiete (2011).

Contrastan esa actitud con los fallos dados por distintos jueces de instrucción que sí han sentado jurisprudencia, remarcando esa evolución del contexto y destacando al tiempo la «solidez de los proyectos de reinserción» que acompañan las demandas de liberación condicional presentadas por distintos presos.

Parón en las concesiones de libertad condicional

Precisamente, en una entrevista que hoy publica el semanario ‘Mediabask’ de Iparralde, dos de las firmantes de este escrito, Xantiana Cachenaut y Maritxu Paulus Basurco, remarcan que «hasta 2011 algunas demandas de libertad condicional nos fueron aceptadas, pero a partir de entonces empezaron a llegar los rechazos sistemáticos».

A excepción de la reciente excarcelación al final de condena de Zigor Garro, los precedentes de excarcelaciones se remontan a 2016, cuando fue excarcelada por motivos de salud la angeluarra Lorentxa Gimon, y a 2017, cuando París acordó suspender la pena al gasteiztarra Oier Gomez, que falleció a causa de una grave enfermedad, el año pasado en Baiona.

Precisamente el Tribunal de Aplicación de Penas dará a conocer su decisión sobre el caso de otro preso enfermo, Ibon Fernandez Iradi, el próximo lunes.

«Impregnar del cambio político las decisiones judiciales»

Tras hacer referencia a los episodios más relevantes del proceso de resolución vasco, con mención expresa al desarme y desaparición de ETA, y al reconocimiento del daño causado a las víctimas por parte de ETA, los firmantes del escrito publicado hoy por ‘Le Monde’ recuerdan el respaldo expreso de la mayoría política y civil de Ipar Euskal Herria al cambio de política penitenciaria, que volverá a expresarse este sábado en las calles de Baiona. Y confiesan que ello hacía pensar en «un cambio del paradigma judicial» que, sin embargo, no se ha producido.

Aun reconociendo la dificultad que implica «dar solución a un conflicto político anterior a la II Guerra Mundial y no dejar que éste continúe hipotecando la construcción de la convivencia», estiman que mientras se construye esa «solución integral» es necesario que «el tratamiento de las causas judiciales se impregne del cambio político» producido en Euskal Herria.

Los firmantes consideran que sería positivo que «la política francesa al respecto ganara en coherencia y humanidad» y que «el paso final hacia la paz en el País Vasco se produzca bajo la mirada benévola de la Justicia».