Hay que avanzar ya en la reintegración de las personas presas

Sin esperar a las decisiones políticas que se puedan adaptar en los distintos ámbitos institucionales, se puede comenzar a dar pasos para facilitar la reintegración de las personas presas. Es una de las conclusiones del encuentro que esta tarde ha tenido lugar en Bilbo con diversos agentes que conocen la realidad de las cárceles.

El Foro Social y Hitz & Hitz Fundazioa han reunido a representantes del Ararteko y entidades de diferente índole para hablar de qué se puede hacer para ayudar a la integración de las personas presas por motivación política; algunos de los colectivos no lo hacen, como es el caso del programa de Cruz Roja que atiende a las extranjeras encarceladas en Martutene, pero ha servido para ver que algunos retos son comunes o de la importancia de generar sinergias entre ellos.

El Foro ha defendido en la presentación del encuentro llevado a cabo en la sede de las Aulas de la Experiencia de la UPV-EHU que es hora de apoyar las iniciativas que sustenten la convivencia democrática en Euskal Herria; en el caso de las y los presos, impulsando su integración. Es uno de los retos, al igual que desactivar definitivamente la política penitenciaria de excepción, junto a otros nudos, como son el reconocimiento de todos los derechos de todas las víctimas y alentar la construcción de una memoria «crítica e inclusiva».

Roberto Moreno, coordinador de Justicia y personas en prisión de la oficina del Ararteko, ha comenzado exponiendo los obstáculos que el actual marco legislativo español ha creado para dificultar, en vez de facilitar, la integración, sin obviar la «especificidad» a la que se enfrentan los presos políticos vascos con el alejamiento y la dispersión. Las trabas han ido a más, especialmente con el Código Penal de 1995, acompañadas de más de 30 reformas, en las últimas dos décadas, dirigidas al cumplimiento efectivo de las penas, que impiden acceder en la práctica a la libertad condicional.

Moreno, con una amplia experiencia en el activismo social pero también en el entramado administrativo, ha hecho una radiografía de la realidad carcelaria del Estado español, con detalles de la situación en la CAV. No ha ocultado que la Ley Orgánica 7/2003 del 30 de junio será «imposible» de cambiar en los próximos años viendo la composición del Congreso y que se necesita el respaldo que 3/5 partes de la Cámara Baja para ello.

La «clave», ha defendido, es disponer de más medios materiales y personales para ir caminando en la construcción de una red que ayude a la reinserción de las personas presas antes incluso de que salgan de la cárcel y luego en la calle, con la figura extendida en otros lares del agente de la condicional.

Ante una hipotética transferencia de las competencias penitenciarias al Ejecutivo de Lakua, ha advertido, que es fundamental el perfil de los actuales funcionarios, ya que el 98% son personas que no residen en la CAV, o el escaso presupuesto asignado a Justicia. Las diferentes visiones sobre los servicios sociales tampoco ayuda, algo que ha hecho constar el Ararteko en sus informes anuales al Parlamento de Gasteiz.

Propuesta técnica desde 2017

El integrante de la oficina del Ararteko ha explicado que desde 2017 existe una propuesta técnica, que está pendiente de que se llegue a un acuerdo político acerca del modelo penitenciario que se quiere para la CAV. En ello, ha añadido Moreno, juegan un papel muy importante esos «agentes de la condicional». Es más, ha asegurado que si hubiera «voluntad política», acompañada de presupuesto suficiente, se podrían ir dando pasos sin esperar a que el Gobierno español cumpla con su promesa de otorgar las competencias de Lakua.

Se trata de articular un mapa de recursos para ayudar en los procesos de reinserción de las personas presas. «En la actualidad, personas con penas pequeñas entran en prisión, algo que podría evitarse. Con el actual sistema, por la suma de distintas penas, muchos tardan 8 años en comenzar un itinerario como este», ha lamentado.

Tras un video, en el que varios personas que han conocido cárcel, exilio y deportación aportaron sus vivencias y expusieron cómo creen que se debe abordar ese regreso a casa, Carlos Askunze, coordinador de la Red de Economía Social y Solidaria (REAS), ha explicado qué son y qué ofrecen las 73 empresas y entidades que la conforman en la reintegración, ofreciendo programas de formación, empleos en empresas de inserción para integrarse en el mundo laboral y acompañamiento en procesos de emprendimiento.

Askunze ha ofrecido su mano para que los excarcelados se sumen a las diferentes redes que existen para su mejor inclusión, como también a la oportunidad de abrir nuevas ventanas en su compromiso sociopolítico, trabajando por el desarrollo de distintos proyectos desde el ámbito de la soberanía alimentaria a otro modelo de consumo energético.

REAS apuesta por que sea una realidad que todas las personas, también las que han estado en prisión, disponga de una economía suficiente para poder desarrollar una vida digna.

Estudio de las cotizaciones

Desde Harrera, Juan Karlos Ioldi se ha mostrado interesado en las propuestas planteadas por REAS. Su asociación asistencial, con 2.600 socios, elabora un informe relacionado con los tiempos de cotización de los represaliados, de cara a poder solventar en el futuro los problemas de jubilación que surgen. Se tratado, ha aclarado, de un reto a corto plazo. Ha apuntado a que la encuesta se ha realizado entre 1.600 personas que han permanecido en prisión en el periodo 2.000-2016

Gracias al trabajo realizado han conseguido que 178 represaliados políticos encuentran un empleo. En la actualidad ayudan económicamente a 37 personas, además de los servicios de asesoramiento y de especialistas médicos que ofrecen a quien no lo pudiera tener tras salir de la cárcel o retornar del exilio. Ioldi ha destacado el «desarraigo» y enfermedades crónicas a las que se enfrentan mucho de los que han regresado del exilio.