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La eutanasia llega al Congreso para salir adelante a la tercera

La eutanasia está más cerca de ser una realidad. Solo el PP y Vox se atrincheran en el no a la muerte digna, tratando de embarrar el terreno trayendo polémicas de última hora. Por de pronto, la ley obtendrá otra vez el aval para seguir tramitándose. El periplo parlamentario todavía se alargará meses. Las dos veces anteriores que se aprobó la tramitación, el proyecto se frustró por adelantos electorales.

Manifestación de contrarios a la eutanasia frente al Congreso. (Gabriel BOUYS/AFP)

La eutanasia, como el aborto, son delitos en el Estado español. Lo que ha arrancado este martes es la «despenalización» de la eutanasia, quitar la pena en determinados supuestos. Exactamente lo mismo que ocurrió con el aborto en 1985. Porque hay ocasionesen las que poner fin a una vida no es un delito, como tampoco lo es interrumpir el embarazo. La aprobación de la ley implicará, por tanto, la modificación del Código Penal. 

El camino que seguirá la Ley es muy parecido al del aborto en 1985. Lo que se toma a consideración por parte de la Cámara tomará forma de una Ley Orgánica y, aunque todavía tienen que llegar debates y enmiendas, ya se sabe cómo serán sus rasgos principales. 

Podrá solicitar ayuda para poner fin a su vida toda persona mayor de edad con nacionalidad española o residencia legal en el Estado español y en plena capacidad de obrar y decidir. Lo tiene que hacer, eso sí, de forma autónoma, consciente e informada, y encontrarse en los supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica e invalidante, que a su vez sean causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables.

Existen, además, otros requisitos. Tiene que hacerse por escrito y, además, de forma reiterada en un determinado tiempo. Un intervalo de 15 días entre una petición y otra. Son elementos de garantía para confirmar la fuerza de ese deseo. 

Dentro del Sistema Público de Salud

Quienes decidan poner fin a su vida serán atendidos en su deseo, si así lo precisan, por personal sanitario que les suministre el fármaco preciso y les acompañe en sus últimos momentos. Existe, además, el derecho a la objeción de conciencia en caso de que el facultativo entienda que esta práctica va contra su moral. Además, se contemplan ciertas medidas de privacidad para los solicitantes, quienes les asistan y los profesionales que participen (o que no quieran participar) en este servicio. Porque la ley lo estipula así: la eutanasia pasará a ser un servicio más de la cartera de servicios del Sistema Público de Salud. 

Como casi siempre, la trascendencia de lo que ha comenzado este martes en el Parlamento ha quedado ensombrecida por la polémica y el histrionismo político al que se ha acostumbrado Madrid.

Concretamente, un representante del PP acusó al PSOE de querer traer la ley para generar un ahorro en la asistencia a personas mayores. Esto suscitó una airada respuesta por parte de los favorables a la ley. Pero, por encima de la polémica del día, está el paso de gigante que tiene una ley largo tiempo anhelada por la izquierda y, sobre todo, por personas afectadas. Porque, esta vez sí, la Ley de la Eutanasia tiene visos de salir adelante. 

La existencia de una mayoría favorable a la despenalización y el ofrecimiento de este servicio quedó probada en las votaciones de 2018 y 2019, si bien los adelantos electorales truncaron la aprobación definitiva.