EH Bildu exige un expediente de ruina para la pasarela del Labrit

EH Bildu ha anunciado que va a exigir la apertura de un expediente de ruina de la pasarela del Labrit con el objetivo de que se aclare el futuro de esta infraestructura que el alcalde de Navarra Suma, Enrique Maya, insiste en reparar. Además, ha desvelado que en 2010 no se hizo una prueba de carga que hubiera dejado de manifiesto los problemas estructurales que sufre.

Este anuncio ha sido realizado por el portavoz municipal de la coalición soberanista en el Consistorio de Iruñea, Joseba Asiron, y el concejal Joxe Abaurrea, en una comparecencia ante los medios.

Asiron ha explicado que la solicitud del expediente de ruina busca que se aclare, desde los servicios municipales, el futuro de esta infraestructura. Además se pretende que se lleve a cabo un informe en el que funcionarios municipales y «no cargos de libre designación», valoren las consecuencias económicas y jurídicas de la reparación que ha anunciado Enrique Maya.

Del resultado de ambas evaluaciones «podrán derivarse posibles acciones futuras que, en todo caso, irán también encaminadas a dilucidar las responsabilidades políticas de uno de los hechos más relevantes que aporta el último informe». Ese hecho, ha desvelado Asiron, consiste en «la constatación de que en 2010 debió hacerse una prueba de carga que hubiera mostrado los problemas posteriores y evitado poner en riesgos a miles de pamploneses y pamplonesas».

«Ni siquiera en el cuadro de gastos del informe que han pedido se escapa que cualquier inversión en reparación incurre en ruina económica y que la reparación de la pasarela es anti económica e injusta. Es un capricho o un compromiso oculto de Maya que vamos a terminar destapando», ha asegurado Asiron.

El portavoz municipal de EH Bildu ha desgranado la historia de esta polémica infraestructura y cómo desde UPN «han planteado y llevado adelante toda una batalla que se puede resumir en un enunciado: la pasarela se puede reparar, se debe reparar y Asiron quiso tirarla por decisión política».

Para avalar esta tesis y buscar un sustento a su deseo de reparar la pasarela en lugar de exigir la construcción de una nueva, como pidió el Ayuntamiento del Cambio, Maya encargó un nuevo informe sobre la infraestructura al Colegio de Ingenieros, a pesar de que se trataba de un expediente cerrado. Un informe que «les deja en evidencia».

En concreto, Asiron ha señalado que es así porque, desde el punto de vista económico, el análisis de los costes de reparación y los desembolsos relacionados apuntan a que «en el peor de los escenarios podría costar más reparar la pasarela de lo que costó construirla, hasta un 11,3% más y, en el mejor, se supera con creces el umbral porcentual por el que legalmente se define el estado de ruina (un 50% del valor de la infraestructura). Es decir, se mire como se mirem estamos hablando de un despropósito y más cuando el Ayuntamiento y por tanto la ciudadanía de Pamplona tienen derecho a una pasarela nueva, no a una remendada».

Cierre acertado

Desde el punto de vista de la seguridad, Asiron destacaba que el informe del Colegio de Ingenieros demuestra «que el Gobierno del Cambio acertó en cerrar esta infraestructura ya que sus deficiencias estructurales ponían en peligro a la ciudadanía».

En este sentido, ha explicado que «el propio Colegio de Ingenieros reconoció que los empujes laterales de la pasarela están siendo trasladados a la muralla a través del enlosado del Jito Alai y que, si no hubiese existido ese enlosado, la pasarela muy probablemente hubiera colapsado».

Por lo tanto, «la estrategia de apertura a toda costa que UPN ha defendido en los dos últimos años significaba jugar con la seguridad de los y las pamplonesas y lo hacía no en defensa del interés público, sino más bien en defensa de intereses privados y partidistas», ha añadido.

Asiron ha desvelado que «ahora sabemos a ciencia cierta que todo lo que pasó se podría haber evitado con una prueba de carga que entonces UPN descartó y de la que, paradójicamente, hizo bandera la legislatura pasada. Enrique Maya, entonces director de Urbanismo, tendrá que explicarlo».

En la misma línea, también ha pedido explicaciones por el devenir del expediente de depuración de responsabilidades. Este expediente «fue recurrido por los autores de la pasarela, circunstancia que aprovechó UPN para exigir su reparación a toda costa. Ese expediente implicaba el pago de 800.000 euros en concepto de indemnización, cantidad que debía haberse recaudado vía ejecutiva en el mes de julio y el nuevo equipo de gobierno no lo hizo. La pregunta es obvia: ¿La estrategia de la derecha responde al interés público y general o al interés privado y particular de los autores?».

Sobre esta cuestión ha profundizado el concejal Joxe Abaurrea, quien ha señalado que «la clave del debate actual sobre la situación de la pasarela es el coste de su reparación, porque ya nadie discute que tiene males muy graves de diseño y ejecución».

Reparación «antieconómica»

Abaurrea ha recordado que «nadie en ningún momento dijo que no se pudiera reparar, sino que el coste de la reparación era tan elevado que resultaba antieconómica y era preferible desmontarla y hacer una nueva».

El edil soberanista ha recordado que en el expediente de depuración de responsabilidades se determinaba «sin lugar a dudas que esta construcción incurre en ruina económica, lo que significa que el coste de reparación es igual o superior al valor actual de esa construcción. Éste, desde el punto de vista jurídico, es el quid de la cuestión».

A continuación, ha señalado que si se van sumando al coste inicialmente previsto por la reforma otros costes, como honorarios, los derivados del nuevo informe, los estudios previos y valor actual de la pasarela, la reparación supondría hasta un 11,3% más de lo que costó en su día (680.000 euros en 2010).

Abaurrea ha concluido que «ni siquiera en su cuadro de cifras más benévolo se escapa que una reparación incurriría en ruina económica. Y lo que eso significa es que la reparación de la pasarela es anti económica e injusta. Es un capricho o un compromiso oculto de Maya que vamos a terminar destapando».

El concejal de EH Bildu ha puesto también el acento en las consecuencias jurídicas que puede tener la actitud de Navarra Suma en el caso. «La deriva en la que puede entrar ahora el Ayuntamiento por la obsesión de la derecha en mantener su chapuza es muy preocupante: Maya ha anunciado una negociación con quienes resultaron señalados como responsables de la situación de la pasarela. Y esto genera dudas con importantes consecuencias jurídicas: ¿Qué cifra va a negociar, los 380.000 euros o los 757.000 euros?; ¿Con qué respaldo técnico? ¿Con un informe encargado a dedo o con el aval de la firma de funcionarios, que no cargos de libre designación, de este Ayuntamiento; ¿Con quién lo va a negociar, con las aseguradoras? Y, en definitiva, ¿Cuánto dinero del erario público está dispuesto a regalar?».

«A nuestro juicio este anuncio implica una situación gravísima que afecta a la defensa jurídica del Ayuntamiento en la defensa de su patrimonio y  puede estar ocultando un fraude que no dudaremos en perseguir», ha concluido.