El BCE amplía el programa especial y limita el alcance del TC alemán
Desde la sede del Tribunal Constitucional de Alemania, en Karlsruhe, a la del Banco Central Europeo, en Frankfurt, apenas hay 125 kilómetros por autopista. Pero las distancias que ambas entidades mantienen en cuestión de política económica están aumentado a gran velocidad en los últimos tiempos.
Y ello pese a que siempre se ha dado por sentado que el Bundesbank es el que mayor peso tiene en las decisiones de fondo que toma el instituto emisor del euro. No por casualidad la sede principal del banco central alemán también está en Frankfurt.
Por eso, los medios tenían mucho interés ayer en escuchar el mensaje que iba a lanzar Christine Lagarde hacia Karlsruhe tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, en el que toman parte los gobernadores de los bancos centrales de los 19 Estados de la eurozona y que decidió ampliar en otros 600.000 millones, hasta 1,35 billones, el programa especial de compra de activos para hacer frente a la pandemia del covid-19 (PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme).
La presidenta del BCE comentó que espera poder llegar a una «buena solución» sobre las cuestiones planteadas por el TC alemán, que hace un mes cuestionó duramente las compras de deuda pública a través del programa PSPP (Public Sector Purchase Program) e incluso negó la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) en esta materia, al restar valor a la sentencia de 2018 con la que éste avaló el mecanismo de expansión cuantitativa.
Proporcionalidad
El TC alemán advirtió de que el Bundesbank no podría seguir participando en las compras de bonos a no ser que el Consejo de Gobierno del BCE apruebe, en un plazo de tres meses, una resolución demostrando que el programa puesto en marcha en 2015 es «adecuado y proporcional».
«Estamos convencidos de encontrar una buena solución que respete la independencia del BCE y reconozca la supremacía de la Justicia europea», indicó Lagarde diplomáticamente, dejando claro que el «distanciamiento social» entre ambas instituciones es real.
Tras indicar que el BCE «ha tomado nota» del fallo del 5 de mayo, la economista francesa recordó que esta institución solo está sujeta a la jurisdicción del TJUE, por lo que la polémica sentencia «está dirigida al Gobierno y al Parlamento alemanes».
También señaló que la «proporcionalidad» es una cuestión básica en los planteamientos del BCE y, para reforzar la idea, recordó que esta circunstancia queda reflejada en las actas del Consejo de Gobierno. De hecho, la base del BCE es que cada Estado contribuye al tesoro comunitario en proporción al tamaño de su población y de su PIB respecto al total de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta que Alemania es el país más poblado de la eurozona y que su economía es la más grande, por mucho, también es el mayor contribuyente en cifras absolutas, pero las diferencias se diluyen si se analizan la contribuciones per cápita.
El Tribunal de Karlsruhe, en cambio, opina que los ahorradores alemanes salen perdiendo con la política de expansión cuantitativa del BCE, al que reprocha que se estén dando intereses negativos por los depósitos bancarios.
Extensión del PEPP
En cuanto a la política de estímulo, el Consejo de Gobierno del BCE cumplió con lo esperado por los mercados, al añadir 600.000 millones de euros a los 750.000 millones ya asignados al PEPP, el programa especial de compra de activos públicos y privados lanzado a mediados de marzo para combatir los efectos del parón económico provocado por la expansión del covid-19.
También se ha ampliado su horizonte temporal, en principio limitado al final de este año, hasta junio de 2021, aclarando que seguirá realizando compras de activos «hasta que juzgue que la fase de crisis del coronavirus ha terminado».
Y no hubo sorpresas en cuanto a las principales tasas de interés para los préstamos del BCE, que quedan en el 0,00% para las operaciones de refinanciación, en el 0,25% para la facilidad marginal de crédito y en el -0,50% para la facilidad de depósito.
El plan alemán
Mientras la reunión del BCE se desarrollaba telemáticamente, el ministro alemán de Economía, Peter Altmaier, presentaba en Berlín el programa acordado por los partidos de la Gran Coalición (la CDU/CSU de Angela Merkel y el SPD) para relanzar la «locomotora europea».
Este plan dispondrá de 130.000 millones de euros, incluirá ayudas a familias y empresas y una rebaja del IVA y otros «alivios fiscales». Con ello, el Ejecutivo pretende fomentar el consumo, convencido de que las empresas trasladarán esas rebajas a los consumidores finales.
El 23 de marzo, el Gobierno aprobó un presupuesto suplementario de 156.000 millones, rompiendo con la férrea política del «déficit cero» con la que había elaborado las cuentas para 2020 con una previsión de gasto público de 356.000 millones.
Altmaier (CDU) utilizó un tono solemne: «Hoy es un día excepcional para mí, porque para un ministro de Economía solo ocurre una vez en la vida que tenga que presentar el programa coyuntural más grande que haya hecho Alemania desde la posguerra».
Entre los puntos detallados en el documento de 15 páginas acordado por conservadores y socialdemócratas, se incluye la rebaja temporal, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, de la tasa estándar del IVA del 19% al 16%, mientras que la tasa reducida pasa del 9% al 7%.
El sistema público de salud se beneficiará de este programa con cerca de 7.000 millones. Además, se fija una prima única de 300 euros por hijo, independientemente del nivel de ingresos familiares, y se prevé el aumento del número de plazas de guarderías.
Para las empresas medianas y pequeñas que en los próximos tres meses sigan teniendo una facturación por debajo de la media habitual se destinarán ayudas por valor de hasta 25.000 millones de euros.
También se contempla la reducción del impuesto sobre energías renovables, promoviendo las centrales «verdes» al tiempo que disminuirán los costos de la electricidad. Este paquete se valora en 11.000 millones de euros.
Y para favorecer la movilidad sostenible, las ayudas para compras de automóvil se limitarán a los modelos eléctricos.
No a todo el mundo le va tan bien como a Nueva Zelanda
El Gobierno de Jacinda Ardern considera que, si la evolución continúa en los parámetros actuales, podría dar por erradicada la enfermedad en Nueva Zelanda el 15 de junio. Para esa fecha habrán pasado 28 días desde que terminó el tratamiento del último caso de «infección local por fuente desconocida». El país oceánico ha registrado 1.154 contagios y 22 decesos. El próximo lunes, el Gobierno podría anunciar el pase a la última fase de desconfinamiento, aunque mantendrá cerradas sus fronteras hasta nuevo aviso.
Las cosas no van tan bien en otros puntos del planeta. Como desgraciadamente era previsible, Brasil sigue rompiendo récords negativos: en las últimas 24 horas sumó 28.600 positivos, hasta alcanzar los 584.016 casos y 32.548 fallecidos.
EEUU continúa como el país más afectado, con 19.700 nuevos contagios, con lo que acumula 1,8 millones de casos y 107.715 víctimas mortales.
También preocupa que Irán, que en marzo fue uno de los primeros focos importantes fuera de China, haya superado el pico de nuevos casos que alcanzó entonces, con un último balance de 3.754, para un acumulado de 164.270 contagios y 8.071 muertos.T.F.