La jueza echa el freno: pese a la Guardia Civil, no hay indicios de delito en la gestión de la pandemia
La jueza Carmen Rodríguel-Medel, que investigaba al delegado del Gobierno español en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M ha decidido archivarla provisionalmente al no ver suficientes indicios de delito.
La jueza ha concluido tras las diligencias de investigación practicadas que José Manuel Franco, el único imputado hasta la fecha como delegado del Gobierno español en Madrid, «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones» entre el 5 y el 14 de marzo, por lo que ha acordado el sobreseimiento provisional del caso.
Ello supone que de momento queda paralizada la investigación, aunque a la espera de nuevos elementos. Habrá que ver con ello si vuelve a escena la Guardia Civil, a la que ya se han permitido dos informes acusatorios: uno primero lleno de falsedades y medias verdades, como adelantar 40 días la fecha de declaración de pandemia por parte de la OMS, y un segundo que llegaba a utilizar como argumento un «off the record» de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
La actitud de la jueza, muy conectada con la Guardia Civil y con el PP, también ha sido hasta la fecha muy sospechosa, con episodios como dejar al instituto armado corregir su informe o enviar a la Guardia Civil al Centro de Alertas para obtener información que insinúa que no quería dar su máximo responsable, Fernando Simón.
En el juzgado 51 de Madrid ha habido otra pieza que ha impulsado decididamente esta causa ahora en «stand by». Se trata del forense, que apuntó en un informe también a la Delegación del Gobierno por haber contribuido a expandir el virus, a sabiendas según la tesis de la derecha y la Guardia Civil.
La acusación tenía elementos notoriamente conspiranicos, como que las autoridades gubernamentales habrían facilitado unos actos de masas esos días (con especial énfasis en las manifestación del 8M, no en el fútbol, conciertos o el congreso de Vox) a sabiendas de que podían expandir el virus, mientras prohibían otros por motivos sectarios.
En esta búsqueda desesperada de indicios, la Guardia Civil declaraba sospechoso que las peticiones a algunos convocantes para que no realizaran sus actos previstos (casi siempre tras el 8 de marzo o sobre actos posteriores a esa fecha) se habían formulado por teléfono y no por escrito. Para la Comandancia de Tres Cantos, esto llevaba a pensar que se había actuado con oscurantismo.
Por contra, la jueza admite ahora que esa gestión telefónica era lo normal en estos casos. Y da por bueno lo que realmente ocurrió: que fue a partir del 9 de marzo cuando los datos sanitarios empezaron a hacer urgente la suspensión de actos y el inicio del confinamiento, pero no antes.
A Fernando Simón se le señala por una reunión el día 5, junto al ministro Salvador Illa, en la que comunicaron a una entidad religiosa que no era seguro realizar un cónclave para unas 8.000 personas en Madrid. Pero la Guardia Civil pasa por alto que esa convocatoria no era inminente, sino que iba a tener lugar entre el 19 y el 21, fechas en que obviamente los responsables sanitarios ya eran conscientes de que las cosas podían haber empeorado mucho.
La Fiscalía había pedido el archivo. Es más, la Abogacía del Estado ha señalado a la jueza por prevaricación, destacando que no estaba intentando buscar indicios sino más bien fabricarlos.
Por si quedaran dudas del impulso político en este caso, la Unión Oficial de Guardias Civiles ha anunciado que recurrirá esta decisión de archivo.
La Unión de Oficiales de Guardia Civiles es una de las dos acusaciones populares que tienen la dirección letrada de todas las que han solicitado personarse en la causa contra el delegado del Gobierno.