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París deja libre bajo control judicial a Josu Urrutikoetxea

La sala de instrucción de la Corte de Apelación de París ha acordado esta noche la puesta en libertad bajo control judicial del preso vasco Josu Urrutikoetxea, que podrá esperar fuera de prisión a la celebración de los procesos pendientes. La sala ha rechazado horas antes la entrega por «crímenes de lesa humanidad» en relación al atentado de Barajas (2006).

Josu Urrutikoetxea. (Gari GARAIALDE)

Los abogados de Josu Urrutikoetxea han defendido esta tarde la cuarta demanda de excarcelación a espera de juicio de Josu Urrutikoetxea. Y en esta ocasión, el fiscal no se ha opuesto a que el exmilitante de ETA deje atrás los muros de la prisión de La Santé, a la que ha vuelto de momento tras la vista de hoy, y en la que permanece desde su detención el 16 de mayo de 2019 en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses.

Así, pasadas las 22.15 la familia del hombre que leyó el último comunicado de ETA, el 3 de mayo de 2018, recibía la noticia de que este abandonará próximamente la prisión, como máximo a finales del mes de julio.

Sus allegados han confirmado a NAIZ que la excarcelación se materializará una vez que se confirme el domicilio en que residirá y se instale el dispositivo telemático de control. El proceso técnico deberá llevarse a carbo para el 20 de este mes y el 29, si todo va bien, el tribunal ratificará la decisión de excarcelación.

«Se trata del procedimiento habitual» ha destacado Egoitz Urrutikoetxea.

De 69 años de edad y convaleciente de una operación quirúrgica que le fue practicada, con una demora de tres meses, el pasado setiembre, Josu Urrutikoetxea deberá portar esta pulsera y verá su libertad de movimiento limitada. Podrá salir de la casa en que se hospedará en horarios concretos.

De esta forma, y con trece meses de retraso, París acuerda al vecino de Ugao la libertad provisional que ya le fuera aceptada por la sala de instrucción de la Corte parisina, con fecha de 19 de junio de 2019.

La Fiscalía, que hoy ha aceptado la excarcelación, que se materializará una vez completados los procedimientos cara a implementar la vigilancia electrónica, no sólo recurrió entonces aquella decisión, sino que, tal como denunció a posteriori la defensa de Urrutikoetxea, recurrió a la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) para, en medio de las presiones de las autoridades españolas, retener en prisión al exdiputado vasco.

Los abogados de Josu Urrutikoetxea, que esta tarde ha reiterado ante el juez que se opone a su entrega al Estado español, pidieron en dos ocasiones más la excarcelación por motivos de salud del preso, en el contexto de la pandemia.

Pese a apoyarse en partes médicos que desaconsejaban que Urrutikoetxea siguiera en prisión, máxime cuando en La Santé se detectaron varios casos de Covid19, los jueces rechazaron igualmente esas demandas de puesta en libertad.

No le entregarán por Barajas

La audiencia de hoy ha servido  además para que la Corte de Apelación deje sentado que no entregará a Urrutikoetxea para ser juzgado por «crímenes de lesa humanidad» en relación al atentado de ETA que costó la vida a dos ciudadanos latinoamericanos, en 2006, en Barajas. Un fallo muy relevante.

Sobre otro de los sumarios, el referido al atentado cometido en 1980 por ETApm –organización armada en la que nunca militó Urrutikoetxea– y que costó la vida al directivo de Michelin, Luis Hergueta, la Corte de Apelación gala sigue esperando a que la Audiencia Nacional española le aclare dudas sobre el plazo de prescripción.

El tribunal parisino abordará esa demanda y también la basada en el llamado «sumario de «Herriko Tabernak» el próximo 30 de setiembre.

En enero pasado el tribunal si se pronunció favorablemente a la extradición en la causa relativa al atentado contra la casa cuartel de Zaragoza (1987), acción que no le achacó a Urrutikoetxea a la hora de solicitar su entrega al Estado español, en 1996, una vez cumplida condena en el Estado francés.

Tampoco se le responsabilizó de ese atentado en que murieron once personas mientras Urrutikoetxea  estuvo en prisión en el Estado español hasta que, tras una decisión del Tribunal Supremo, salió en libertad en 2000.