El TSJPV condena a Prosegur por discriminación de género y daños morales a una trabajadora
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a Prosegur al pago de 40.000 euros a una trabajadora en concepto de daños morales por discriminación de género, ya que, tras ser readmitida conforme a una sentencia anterior, «la empresa de manera unilateral» decidió trasladarla a Valladolid, según ha informado UGT-Euskadi.
UGT ha lamentado la actitud de ciertas empresas en relación a «las mujeres-madres trabajadoras» y ha confiado en que esta sentencia del TSJPV «tenga proyección ejemplarizante para erradicar todas aquellas conductas que son discriminatorias por razón de género».
«Esta situación nos recuerda que en pleno siglo XXI la igualdad continúa siendo un horizonte que debemos alcanzar», añade el sindicato.
Según ha explicado, el origen de esta causa se remonta a setiembre de 2017, cuando la trabajadora, que se encontraba en reducción de jornada por cuidado de un hijo menor de 12 años desde el mes de julio de ese mismo año, fue despedida alegando «causas objetivas».
En febrero de 2018, el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbo declaró nulo el despido, obligando a la empresa a readmitir a la mujer en su puesto de trabajo y a abonar los salarios de tramitación.
Traslado a Valladolid como castigo
La dirección de Prosegur notificó a la trabajadora «su readmisión e inmediatamente su traslado a Valladolid».
Ante «este nuevo atropello», los servicios jurídicos de UGT-Euskadi interpusieron una nueva demanda, que a finales de de junio de 2018 el Juzgado de lo Social resuelve a favor de la trabajadora, declarando nulo y sin efecto el traslado de la demandante de Bilbo a Valladolid.
La sentencia considera probada la vulneración de derechos fundamentales, al producirse una «discriminación por motivos sexistas o de género al habérsele dado un tratamiento diferenciado a otros trabajadores de su misma categoría».
Tras esa sentencia, los servicios jurídicos de UGT-Euskadi activaron una demanda para reclamar el pago de daños morales por vulneración de derechos fundamentales, que fue estimada por el Juzgado de lo Social nº 10 de Bilbo y que ahora ratifica el TSJPV, condenando a Prosegur a abonar una indemnización de 40.000 euros, además de las costas.