Verter Recycling considera contraria a derecho la detención de sus directivos
Verter Recycling, empresa propietaria del vertedero derrumbado de Zaldibar, ha considerado «contraria a derecho» la detención ayer por la Ertzaintza de dos de sus directivos, sin referirse al tercer arrestado, el ingeniero director técnico del vertedero.
La empresa ha asegurado en un comunicado que las detenciones fueron por «decisión policial», como este miércoles ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la CAV, aunque la Ertzaintza sostiene que que los «juzgados competentes» tenían conocimiento.
«No se dispone de ningún auto judicial que dictamine esta actuación y la propia Policía ha confirmado a los representantes legales de la propiedad que la decisión es suya, no del Juzgado. La jueza no ha ordenado la detención», ha añadido.
Por ello, ha considerado la actuación de la Ertzaintza «contraria a derecho y, por lo tanto, una detención ilegal, por cuanto no conocemos que exista información que determine ningún indicio que justifique la misma en los estrictos términos de la Ley, máxime cuando las investigaciones judiciales y policiales se prolongan ya por cinco meses y la disposición de la empresa ha sido siempre la de colaborar».
Afirman que «nos parece totalmente desproporcionada esta actuación que, al parecer, tiene como finalidad la toma de declaración de las personas detenidas; una situación para la que ambas han mostrado, en todo momento, completa disposición a llevar a cabo», ha señalado antes de afirmar que «hasta el momento, ni el Juzgado ni la Policía han convocado o citado a declarar a los detenidos».
Verter Recycling ha recordado que el procedimiento judicial se encuentra en una fase preliminar de diligencias previas en la que se están estudiando e investigando las posibles causas de derrumbe del vertedero, «por lo que hasta que no existan datos y hechos contrastados, consideramos totalmente injustificadas actuaciones como esta».
Los juzgados número 1 y 2 de Durango instruyen respectivamente la investigación sobre un posible delito contra la vida y la salud de los trabajadores, y por otro supuesto delito contra el medio ambiente, por lo ocurrido en las instalaciones y la gestión de la escombrera vizcaína, si bien las detenciones practicadas este martes se realizaron dentro de una operación policial de la Ertzaintza y no por orden judicial, según ha aclarado el TSJPV.