Un juez investiga a 196 personas por una acción de Tsunami Democràtic en La Jonquera
Un juez de Figueres está investigando a 196 personas por una acción de Tsunami Democràtic en noviembre de 2019, en la que se bloqueó el acceso a Catalunya Nord desde el Principat en la autopista AP-7, en La Jonquera.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Figueres investiga a 196 personas por el bloqueo por parte de Tsunami Democràtic de la frontera del Principat con Catalunya Nord en la autopista AP-7, en La Jonquera. Esta acción fue apoyada en Euskal Herria por una «operación caracol» en la muga de Behobia.
Según un auto, les investigan por presuntos delitos de desórdenes y daños durante el corte de la autopista durante los días 11 y 12 de noviembre de 2019, tras conocerse la sentencia condenatoria a los líderes del proceso soberanista.
El juez relata que los investigados participaron en un corte al tráfico no autorizado de la autopista AP-7, «llevado a cabo por un grupo numeroso de personas actuando colectivamente en dichos hechos, interrumpiendo la libre circulación de personas y mercancías por vía terrestre con Francia y el resto de Europa».
Participación estimada de 1.200 personas
La convocatoria y posterior coordinación del bloqueo se realizó a través de canales propios de comunicación de Tsunami Democràtic, entre los que se cita la aplicación de móvil creada al efecto, así como redes sociales o mensajería instantánea.
La policía contabilizó a unas 1.200 personas al amanecer del 12 de noviembre y una treintena de tiendas de campaña y constató una organización logística que suministró comida y bebida e instaló lavabos portátiles.
Además, se facilitó la comunicación con la puesta en marcha en aquel punto de un enrutador y de material diverso de telefonía móvil.
Los Mossos d'Esquadra y Guardia Civil procedieron a las 07.30 horas del 12 de noviembre a desalojar la autopista de forma simultánea con las fuerzas policiales francesas.
Ahora, se ha levantado el secreto de sumario y, una vez dejado atrás el estado de alarma, se retoma una causa donde el juzgado presume «la posible existencia de varias infracciones penales» por desórdenes públicos y daños.
El auto, que recoge una denuncia cruzada entre un mosso d'esquadra y un manifestante, cita también al representante de la empresa concesionaria de la autopista, Acesa, para que aporte acreditación de los daños sufridos.
Igual sucede con la Confederación Española de Transporte de Mercancías y patronales del sector como Fenadismer y se requiere a la empresa contratada para el montaje del escenario para que aclare quién solicitó el servicio.