Macron anuncia la presentación de la «ley contra el separatismo islamista» el 9 de diciembre

Bajo el argumento de proteger la laicidad, la nueva «ley contra el separatismo islamista» anunciada este viernes por el presidente francés, Emmanuel Macron, permitirá al gobierno disolver asociaciones, prohibir a funcionarios ciertas vestimentas y conductas y hasta cerrar centros escolares.

El Eliseo ha elegido para la presentación de los grandes ejes del plan contra el separatismo, que tomarán forma de proyecto de ley el próximo 9 de diciembre, la localidad de Les Mureaux (Yvelines), donde se han implantado políticas como un «pasaporte para jóvenes» de cara a «reforzar los valores republicanos frente a la radicalización islamista».

Bajo el argumento de reforzar la laicidad, la nueva ley permitirá al Gobierno disolver asociaciones, prohibir vestimentas y conductas que cuestionen la neutralidad de la administración, en el caso de funcionarios o empleados de servicios, y hasta cerrar centros escolares «en los que no sea visible la República y se obvien sus leyes y valores».

Ya el 4 de setiembre, en un lugar simbólico en la iconografía republicana, el Panteón, el jefe del Estado francés anunciaba su voluntad de «luchar contra cualquier aventura separatista», poniendo de nuevo sobre la mesa un proyecto lanzado en febrero pero que quedó en el congelador por la crisis sanitaria.

Entonces Emmanuel Macron se desplazó a un barrio popular de la localidad de Mulhouse (Alsacia), donde evocó ese «plan para combatir de raíz el islamismo radical» y que, unos meses después, en el contexto convulso marcado por el juicio por los atentados de 2015, ha sido rebautizado como plan contra los separatismos.

Hoy, en su discurso para presentar las líneas maestras de la futura ley, Emmanuel Macron ha vuelto a recentrar la cuesión al hablar estrictamente de «combatir el separatismo islamista», lo que, en todo caso, no amortigua las implicaciones estigmatizantes de su propuesta.

¿En plural o en singular?

Cuando al final de su alocución la ha preguntado por qué antes hablaba de «separatismos» en plural y si la nueva ley puede tener efectos extensibles -cabe recordar que el fichero policial Fijait inicialmente creado contra el islamismo radical se ha rellenado en realidad con los nombres de decenas de presos o ex presos vascos o corsos- Macron, visiblemente molesto, ha espetado: «Creo que he hablado extensamente y con total claridad», para repetir que la ley se centrará en «combatir el separatismo islamista».

Macron destacó ya en su primera referencia a la futura ley, en Mulhouse, que la ley incluiría medidas para evitar la presencia de imanes extranjeros y también un control más férreo de la financiación de las mezquitas.

Sin embargo –tal como dejó entrever el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, el pasado 21 de setiembre–, la futura ley irá más allá y «marcará una nueva etapa».

Tres ejes coercitivos, dos propositivos

Macron ha defendido hoy abiertamente el método de «controlar, perseguir, sancionar» para afrontar «la radicalizalización» en base a un «dispositivo de ley sólido» que pivotará sobre cinco ejes de actuación.

El primer capítulo incluirá medidas destinadas a «velar por el orden público y la neutralidad de los servicios públicos».

«Los electos, bajo presiones de ciertas comunidades, se ven obligados a aceptar los menús especiales en las cantinas escolares o a consentir en que haya horarios distintos para hombres y mujeres en las piscinas municipal», ha expuesto Macron.

A fin de «proteger» a esos cargos municipales, la nueva ley dejará en manos de los prefectos la potestad de derogar decisiones municipales; en definitiva, permitirá «suplir en su papel» -tomando la expresión prestada a Macron- a esos cargos, elegidos, a diferencia de los prefectos, por las urnas.

Junto a ello, se prohibirán las vestimentas o símbolos ostentatorios en el caso de los servicios públicos pero también de empresas ligadas a la administración, en nombre del principio de neutralidad.

El segundo pilar de la ley, que promete dar lugar a un intenso debate en el legislativo galo, se dirigirá a «evitar que quienes no respetan las leyes de la Republica se amparen de las asociaciones, que son un pilar de nuestro pacto republicano». Macron ha hablado de asociaciones de caridad, culturales, deportivas, pero también de «enseñanza de lenguas» que no sean el francés.

La nueva ley propone así extender las potestades del Gobierno, ya que contempla la posibilidad de prohibir toda asociación que «no respete nuestras leyes y principios fundamentales», ha resumido el presidente francés. También quiere privar de financiación pública a asociaciones que en muchos barrios populares de los que han desertado los servicios públicos son la única oferta social vigente.

Escolarización obligatoria desde los 3 años

El cambio más relevante afectará al tercer eje que contempla la ley: el sistema educativo. La ley hará la enseñanza obligatoria desde los 3 años de edad. Será de cara a auchar contra el abstentismo escolar, ya que, según ha expuesto Macron, hay miles de menores «que no van al colegio, a la piscina, a los viajes escolares, porque sus padres están en contra de la escuela republicana».

Lo cierto es que sólo un 0,4% de los menores en edad escolar -50.000 sobre 12 millones de escolares- siguen enseñanza no reglada en el Estado francés. Se trata, en la mayoría de los casos, de experiencias educativas alternativas, no necesariamente confesionales.

Según lo anunciado por Macron, los centros escolares privados, unidos por contrato con el Ministerio de Educación, «en los que no son visibles los valores de la República», serán objeto de una labor más intensa de inspección, que podría llegar, en casos extremos, hasta el cierre de centros.

Los dos capítulos que han completado la intervención de Macron se han centrado en la parte menos punitiva o, si se quiere, más propositiva.

El presidente galo ha evocado medidas que van desde «sacar la lengua y cultura árabes» de las actividades extraescolares, y asumir que tengan su lugar en la «escuela republicana» al ser impartidas «con maestros que cumplen todos los requisitos», hasta la promoción de «medidas que permitan a todos los ciudadanos convivir y desarrollarse en condiciones de igualdad».

Sin embargo, la adhesión al «universo republicano» ha sido esgrimida hasta el final por Macron, también como condición para progresar socialmente, pese a las discriminaciones vigentes en la sociedad francesa.

«No es una ley más, es un proyecto de reconquista republicana», ha resumido el presidente galo.