Nafarroa sigue a la caza de casas vacías y puede multar a sus dueños

La Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda ha sido todo menos urgente. Se aprobó en 2013 pero era tan avanzada que el Gobierno del PP la acabó llevando ante el Constitucional. El TC la mantuvo secuestrada durante cinco años, pero cuando por fin salió la sentencia consolidó una herramienta potentísima para sacar las viviendas vacías al alquiler o la venta, si el Gobierno se atreve a aplicarla con todas sus consecuencias.

La ley tiene zanahorias y palos. La principal zanahoria es que el Gobierno ayuda a arreglar la casa para ponerla en alquiler y se ofrece como garante no solo de que la renta será pagada todos los meses, sino también de que la casa será devuelta en perfectas condiciones. También hay otras medidas, como incentivos fiscales, etc. 

Sin embargo, por lo que la ley navarra acabó en el TC fue por los palos. La ley prevé aumentos de gravámenes, pero también sanciones que podrían elevarse a decenas de miles de euros e incluso expropiación en casos extremos. Es una norma realmente avanzada. Ahí se diría que los cinco años de deliberaciones en el Constitucional casi merecieron la pena, en tanto que el tribunal acabó señalando que, al ser la vivienda un recurso escaso, Nafarroa puede establecer estas medidas en aras a garantizar el derecho a techo de sus ciudadanos. 

Multar a los dueños de viviendas vacías generó bastante alarma cuando la ley salió adelante. El Gobierno aclaró que, al menos de primeras, solo multaría a los propietarios que fueran empresas, no a los particulares. Esto podría variar con el tiempo. La ley da pie para ser más estrictos, siempre y cuando se establezcan unas garantías. Principalmente, que las casas vacías estén vacías sin justificación alguna. 

El censo, herramienta principal

El principal problema que tiene la aplicación de esta ley que, por ese recurso en el TC, se puso en funcionamiento práctico en 2018, es que se hace necesaria la creación de un censo de viviendas vacías antes de poder desplegar su contenido. El Gobierno ha de asegurarse muy bien de que estos domicilios están en esa situación, porque las medidas que puede implementar son de mucho calado. 

En junio se dio cuenta de un primer avance serio del censo. El Gobierno detectó 2.638 casas vacías ubicadas en Iruñerria, Tafalla, Erriberri y Caparroso. Para ello, realizó una actividad casi detectivesca, revisando inmuebles que no tuvieran contratadas durante un periodo al menos de medio año ni agua ni luz. Después, a los propietarios de esas casas les llegó una carta donde se les explicaban el esfuerzo que está dispuesto a asumir el Gobierno para que salgan al alquiler o los problemas que puede conllevar el tener retenido un bien que, para otras personas, resulta de primera necesidad. 

Lógicamente, la llegada de estas cartas fue recibida con bastante escandalera por parte de la Navarra de derechas y algunos propietarios. Poco menos que veían a Nasuvinsa (la empresa pública que gestiona las viviendas públicas, las VPO, etc.) como una suerte de chantajeadores.

La elaboración de este censo también se realizó hablando directamente con los grandes tendores de vivienda vacía, como banca y Arzobispado. Un total de 53 propietarios reconocieron tener 4.896 viviendas vacías. Siete de ellos (incluida la Iglesia) acumulaban más de 3.000.

Ayer, el Departamento de Vivienda dio noticia de que había mandado cartas a otros 33 pueblos (Altsasu, Andosilla, Artika, Azagra, Aiegi, Barañain, Bera, Beriain, Berriozar, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Kortes, Elizondo, Lizarra, Uharte, Irurtzun, Lodosa, Marcilla, Tutera, Viana, Villafranca, Atarrabia y Zizur Nagusia). En principio, un millar de propietarios recibirán la notificación. 

«Un contrasentido»

José Mari Aierdi (vicepresidente y titular de la consejería de Vivienda) ha señalado tras informar de la nueva remesa de cartas que «resulta un contrasentido que en Navarra haya miles de personas demandantes de vivienda de alquiler y, paralelamente, existan numerosas viviendas vacías cuyas personas propietarias, por distintas circunstancias, renuncien a ponerlas a disposición de esta necesidad social».

Para ser una ley que proponía «medidas urgentes» en 2013, su puesta en marcha no puede ser más lenta. Ahora bien, si consiguen armar un censo de viviendas lo suficientemente sólido y el Gobierno actúa con la decisión necesaria, la herramienta podría tener una incidencia importante en los meses que están por venir, donde el mercado de la vivienda se encontrará en una situación particularmente volátil. 

Pero, para ello, tienen que darse prisa y ser valientes. Si la ley da pie a ser duros, toca ser duros. Un Gobierno no puede ordenar a la gente que no salga de casa y desentenderse de que, en muchas ocasiones, la gente haya estado encerrada en una infravivienda.