Polonia y Hungría se aproximan a un acuerdo para levantar su veto al fondo de recuperación
Hungría y Polonia se han abierto a levantar su veto al plan de recuperación de la Unión Europea, que mantienen bloqueado desde hace tres semanas, y han asegurado que están cerca de un acuerdo con los socios.
Polonia y Hungría están cerca de alcanzar un acuerdo con el resto de socios de la UE para levantar su veto al presupuesto comunitario para los próximos siete años y el fondo de recuperación de 750.000 millones con el que los Veintisiete quieren relanzar la economía tras la pandemia de coronavirus.
El viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, ha dado por hecho el pacto con Alemania, que ostenta la presidencia de turno de la UE, pero fuentes europeas han precisado a Europa Press que todavía falta una «confirmación definitiva».
Los embajadores de los Veintisiete ante la UE se reúnen esta tarde en la que podría ser la primera oportunidad de evaluar el acuerdo, antes del debate a nivel de jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de este jueves y viernes.
La UE había lanzado un ultimátum a Budapest y Varsovia pidiendo «señales claras» de su voluntad para encontrar una solución al bloqueo, y tanto el húngaro Viktor Orbán como el polaco Mateusz Morawiecki han asegurado en las últimas horas que el pacto estaba al alcance de la mano.
Si se confirma que Hungría y Polonia levantan su veto, la UE podría comenzar la ratificación de todo el paquete presupuestario, que asciende a 1,8 billones de euros si se suma el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027 y el plan anticrisis.
Respeto al Estado de derecho
Estos dos países han bloqueado la aprobación de ambos instrumentos por el nuevo mecanismo que condicionará el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de derecho, un sistema que consideran «arbitrario» y dirigido específicamente contra ellos.
La solución que se baraja desde hace días en Bruselas pasa por mantener dicho régimen de condicionalidad en su forma actual pero aprobar una declaración en la que quede claro que solo se activará en caso de que se perjudiquen los intereses financieros de la Unión –casos de corrupción, por ejemplo– y no en otros ámbitos como la política migratoria.