Dimite el Gobierno de Países Bajos por discriminación racista en ayudas por hijos
El Gobierno neerlandés ha dimitido este viernes por un escándalo de discriminación racial en la aprobación de ayudas a 26.000 familias para el cuidado de sus hijos.
A dos meses de las elecciones generales y en plena pandemia, el Ejecutivo del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha dimitido este viernes para asumir responsabilidades en lo que los analistas presentan como el mayor escándalo político y administrativo en la reciente historia del país.
Decenas de miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de falsas acusaciones de fraude en la asignación para financiar el cuidado de sus hijos y fueron obligadas a devolver a Hacienda cantidades ingentes de dinero, a veces de hasta 100.000 euros, en el plazo de semanas, llevando a muchas a perder su casa, su trabajo o a endeudarse por ello.
Los primeros casos se remontan a 2014, cuando las autoridades fiscales empezaron a enviar misivas a los progenitores comunicando la retirada de las ayudas que recibían para pagar la guardería de sus hijos, y les acusaron de fraude fiscal, pidiéndoles justificar el gasto y su situación financiera con recibos, facturas de pago a las niñeras y contratos de trabajo.
Las acusaciones se hicieron al parecer sin fundamento alguno, y la agencia tributaria tampoco daba explicaciones a las afectadas, demostrándose más tarde que principalmente familias con origen extranjero habían sido objetivo de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo ilegal por discriminatorio.
La práctica continuó durante años, incluso hasta estos días. Periodistas y diputados a los que la propia Agencia Tributaria trató de obstaculizar sus investigaciones, lo ven como un caso claro de «sesgo institucional».
La letrada Eva González Pérez, de origen español, fue quien dio la voz de alarma en 2014, años antes de que el caso estallara en la prensa estatal. Su compañero dirigía una agencia de niñeras en Eindhoven que se vio directamente afectada por la retirada de subvenciones a esos padres, sus clientes, que pagan con las ayudas estatales su asistencia.
Problemas sicológicos
Muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido. Aunque el Gobierno neerlandés decidió compensar su sufrimiento con 30.000 euros y prometió buscar soluciones a los padres que lo han perdido todo, varias familias han decidido denunciar ante el Tribunal Supremo a cinco miembros del Ejecutivo.
El líder del partido socialdemócrata de Países Bajos (PvdA) y ex ministro de Asuntos Sociales, Lodewijk Asscher, dimitió el jueves, aumentando la presión sobre el Gobierno neerlandés, que finalmente ha seguido sus pasos.
Un comité parlamentario formado para investigar lo ocurrido concluyó que se había cometido una «injusticia sin precedentes» contra los padres y madres y que recibieron un «trato institucionalmente sesgado», lo que «viola los principios del Estado de derecho».
Asscher testificó ante el comité y pidió disculpas por su papel, aunque aseguró no haber sido consciente de que las autoridades fiscales «habían lanzado una caza ilegal de miles de familias».
Su marcha es un duro golpe para los socialdemócratas de Países Bajos, castigados en las urnas en 2017 por haber apoyado al primer ministro Mark Rutte en la aplicación de los recortes durante los años de crisis económica, y el PvdA tenía puestas sus esperanzas en Asscher para liderar el partido en los comicios de marzo, tras haber recuperado espacio político durante los últimos años, según las encuestas.