Denuncia conjunta del ataque a los presos que supone la suspensión de visitas
Organizaciones vascas (Etxerat, Sare y Salhaketa) y de todo el Estado han vuelto a unir sus fuerzas, ahora para denunciar la suspensión general de visitas impuesta el 2 de febrero con el argumento de combatir el covid-19.
Dieciocho organizaciones de todo el Estado, incluidas vascas, han vuelto a salir a la palestra para denunciar vulneración de derechos de las personas presas asociada a la pandemia. Como apuntó Etxerat la pasada semana, hace más de dos semanas que el Gobierno español ha vuelto a decretar un cierre general de cárceles que deja suspendidas las visitas (con alguna excepción concreta como El Dueso y siempre en locutorio).
«En este momento, sin que se haya decretado un confinamiento general como en los meses de marzo a mayo, Instituciones Penitenciarias ha vuelto a aplicar una medida tan drástica como la suspensión de las comunicaciones, incluso por locutorios, lo que vulnera un derecho fundamental garantizado por la Constitución Española», apuntan estas organizaciones en el mensaje difundido a mediodía de este martes.
Firman el texto la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Sare Herritarra, Esculca, Iridia, Oteando, Salhaketa Araba, Caxpou, ICA Ourense, Asociación Libre de Abogadxs de Zaragoza, Marcha Contra la Macrocárcel de Zuera, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón, Federación Andaluza Enlace, Asociación Libre Abogadxs de Madrid, Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, Comisión Legal Sol y AVV Arrebato.
Instituciones Penitenciarias impuso este «blindaje» el 2 de febrero, al menos hasta esta semana, lo que supone para estas personas «eliminar el único contacto cercano a lo físico que les quedaba a las personas presas desde hace casi un año», recuerdan.
«¿Qué riesgo real existe?»
«Las 18 entidades nos preguntamos, ¿qué riesgo real de contagio suponen las comunicaciones mediante cristales en los que en ningún momento hay un contacto directo entre las personas que van a visitar y las personas presas? ¿Qué riesgo real de contagio suponen las comunicaciones vis a vis en las que se permita un contacto directo entre las personas que van a visitar y las personas presas si se toman las mismas medidas preventivas que se han impuesto en la calle? Funcionarixs entran y salen diariamente a trabajar en las cárceles de todo el Estado. Y la Administración puede y debe adoptar todas las medidas para evitar el contagio entre el personal funcionario y las personas privadas de libertad», indican en la nota de prensa.
Subrayan que «adoptar una medida tan restrictiva como la suspensión de las comunicaciones, incluso por locutorios, supone un ataque directo y brutal contra los derechos de las personas presas, incidiendo directamente en la salud mental de estas personas, así como dificultando su reinserción, en oposición con el mandato constitucional del artículo 25.2».
Hacen un apunte además para recordar que con el anterior cierre de primavera de 2020 Instituciones Penitenciarias argumentó, «como dato muy positivo», que de marzo a mayo se habían realizado 54.000 videollamadas. Sin embargo, «si se divide ese número de llamadas entre el número de presos y presas (descontando las de tercer grado), que son 33.500, la media resultante es de un 1,6 por persona presa. Es decir, una videollamada y media en dos meses».
«Además, a pesar de que las limitaciones en las comunicaciones se han extendido en el tiempo la utilización de las videollamadas como forma de suplir los contactos eliminados no se han mantenido en el tiempo para todas las personas presas y mucho menos las han ampliado», traen a colación.