Los hosteleros de Gasteiz piden a Lakua un plan de rescate tras contar 56 bajas

Desde que comenzó la pandemia 56 bares han echado la persiana en Gasteiz y en municipios limítrofes como Iruña Oka. SOS Ostalaritza reclama un plan de rescate al Gobierno autonómico, al que culpa del aumento de la presión policial.

Hace un año, nadie podía pensar en los efectos devastadores del coronavirus, una enfermedad llegada de Oriente que se ha cobrado miles de víctimas y que ha supuesto un duro golpe para la economía. Bien lo saben los hosteleros, que llevan meses luchando por sobrevivir a la pandemia. En Gasteiz y los municipios limítrofes 56 establecimientos han echado la persiana, dejando sin trabajo a 240 familias.

Así lo han denunciado este viernes los integrantes de SOS Ostalaritza, que han comparecido ante los medios de comunicación en la plaza de la Virgen Blanca, donde han vuelto a exigir al Gobierno autonómico «un verdadero plan de rescate a la hostelería que sea suficiente, bien articulado y con carácter de urgencia».

«Porque dinero hay, señor Urkullu, solo hace falta verdadera voluntad y responsabilidad política», han apuntado Karlos Sobrón y Ustariz Fernández de Lezeta, que han estado acompañado de Satur Perea, hostelero detenido en una polémica actuación policial, y Javier Cabrera, sobre el que pesa una amenaza de desahucio por no poder pagar el alquiler.

Ha aseverado que el plazo expira el 16 de marzo, y ha advertido de que está a la espera de que alguna institución se ponga en contacto con él para poder buscar una alternativa. Al fin y al cabo, ha tenido que cerrar durante meses su restaurante por orden de las administraciones públicas.

Sobrón ha advertido de que Cabrera «se vio obligado a dejar de pagar el alquiler de su vivienda para alimentar a su familia y pagar los impuestos y tasas, ya que es obligatorio estar al corriente de pagos para optar a cualquier ayuda». «Hoy en día para los hosteleros es mejor deber la hipoteca que dos euros al Ayuntamiento», ha añadido.

«El Gobierno vasco tiene que entender que que cada día que trabajamos con las restricciones impuestas es un día más que se suma a nuestro déficit económico», ha apuntado tras incidir en el control policial al que se ven sometidos, mostrando su «enorme preocupación por la desproporcionada actuación de los diferentes cuerpos policiales».

Despliegues policiales «desmesurados e innecesarios»

«Se puede entender que haya un cierto control para que se respeten las medidas sanitarias anticovid, per de ninguna manera que se realice acechando y atosigando a los clientes y y trabajadores y movilizando despliegues policiales completamente desmesurados e innecesarios», ha subrayado antes de citar algunos ejemplos, como el que afectó Perea.

Los vídeos de la intervención policial en el Iguana, situado en Alde Zaharra, corrieron como la pólvora en redes sociales, y suscitaron un debate sobre la respuesta policial. «Hay vídeos que muestran lo que ocurrió, yo sigo sin entenderlo. Sufrimos una coso desproporcionado», ha señalado.

En este sentido, Sobrón ha detallado algunas de las «denuncias injustificadas» que se han impuesto a los clientes, «una de ellas por comer pistachos de forma inadecuada y otra por inhalar una bocanada de tabaco de forma prolongada».

Ha subrayado que, «casualmente, este incremento de la represión se ha producido desde que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco resolvió la suspensión cautelar de la norma que cierra la hostelería en municipios con el número de casos positivos superior a 500 por 100.000 habitantes en los últimos catorce días».

«Resolución que, al parecer y en contra del respeto a las decisiones judiciales que tanto venera la clase política, no gustó el Ejecutivo de Urkullu, que, de nuevo, ha vuelto a cargar, de forma velada, contra nuestro sector, aumentando la presión policial», ha manifestado.