El PSOE se atrinchera en que «el Estado de Derecho ya actuó» en el caso Zabalza

El caso de Mikel Zabalza ha vuelto este miércoles al Congreso, pero con un debate que dará pie a una votación infructuosa. El PSOE ha remarcado la tesis de que «el Estado de Derecho actuó», avanzada ya por Grande-Marlaska, y dejando la pelota en el tejado judicial. Ha presentado una enmienda.

Transcurrido un mes desde la difusión del audio de Intxaurrondo que certifica que Mikel Zabalza murió torturado, el tema ha entrado en bucle definitivamente. El PNV ha demandado este miércoles en el Pleno del Congreso que esta institución demande al Gobierno la desclasificación de documentos oficiales que podrían contribuir al esclarecimiento, entre los que se ubicaría la conversación entre el agente de Intxaurrondo Pedro Gómez Nieto y el entonces jefe operativo del Cesid, Juan Alberto Perote. Pero el PSOE ha respondido con una «enmienda Pilatos», en palabras del jelkide Aitor Esteban, en la que se limita a desear un esclarecimiento de modo genérico, sin tomar compromisos.

Es la misma línea que marcó hace una semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el propio Congreso, al afirmar que «no podemos hacer investigaciones paralelas».

Existe otro problema añadido, que ha dejado caer Esteban en su intervención. En su momento el Ministerio del Interior ya negó que entre los archivos secretos estuviera esa grabación, por lo que aun en el caso de que se llegara a lograr una desclasificación –bien judicial o bien por decisión del Consejo de Ministros– no cabe hacerse ilusiones al respecto.

Dicho de otro modo, lo que todo el mundo ha escuchado en esa grabación no tiene carácter de prueba judicial, aunque parezca increíble. Esteban lo ha resumido así: «Ese audio fue negado, pero hemos visto que existe».

Araujo y Elorza

Ha resultado significativo que la enmienda del PSOE haya sido defendida por una diputada gaditana y muy poco conocida, Gemma Araujo Morales. Y más aún cuando esta mañana en Radio Euskadi un diputado vasco, Odón Elorza, ha reclamado que el tema «se investigue a fondo». Aunque tampoco cabe olvidar que Elorza fue alcalde de Donostia desde 1991 (apenas seis años después de la muerte de Zabalza en Intxaurrondo) hasta 2011, sin distinguirse en la reivindicación de la verdad de este caso.

Araujo ha sostenido desde la tribuna que efectivamente la familia de Zabalza «no ha tenido ni reparación ni verdad. Pero lo cierto es que el Estado de Derecho actuó. Y usted sabe, como yo, que desde Montesquieu hay separación de poderes».

La diputada del PSOE ha llegado a decir a Esteban que «empatizamos con su sentimiento de frustración, no solo en este caso sino en todos los que se han quedado sin justicia. Pero lo hacemos aceptando las reglas del juego y aceptando las decisiones judiciales por muy injustas que nos parezcan».

PNV y EH Bildu

Antes de ello, Esteban ha criticado como insuficiente la enmienda del PSOE, que ha calificado de «hueca. Esta cámara está obligada a dar un paso más, a decirle al Gobierno que no puede quedarse en una ‘enmienda Pilatos’. Se lo pedimos exclusivamente centrado a este caso».

El portavoz del PNV ha argumentado el consenso aparecido en el Parlamento navarro en torno a la exigencia de esclarecimiento; ha añadido que la presidenta María Chivite «lo ha dejado muy claro»; y ha apostillado que incluso Navarra Suma defendió levantar secretos oficiales sobre este caso (Carlos García Adanero le ha replicado, diciendo que lo que se votó en Nafarroa es diferente a lo que se ha planteado en Madrid).

«¿Es que Mikel Zabalza no era Estado, no debía el Estado protegerlo?», ha concluido Aitor Esteban.

Desde EH Bildu, Bel Pozueta ha leído párrafos del testimonio de Ion Arretxe sobre su calvario en la misma oleada de detenciones de la que no salió vivo Zabalza. Un relato que arroja mucha luz, indirectamente, sobre el final del joven orbaiztarra.

Pozueta ha recordado que la tortura ha sido sistemática en el Estado español y ha demandado al Congreso que emule «el paso» dado en el Parlamento navarro de forma unánime, al que se ha referido positivamente.

También ERC y la CUP han incidido en la existencia de torturas en el Estado español tras la muerte de Franco, así como en el mantenimiento de la impunidad. Tanto Marta Rosique como Albert Botran han recordado las condenas a Madrid por no investigar torturas y la primera ha espetado a Pedro Sánchez que «hay que ser cínico» para elevar a ministro del Interior a un juez responsable de ello como Fernando Grande-Marlaska.

La moción del PNV y la enmienda del PSOE se votarán al final del Pleno, que seguirá todo este miércoles y concluirá el jueves. Pero puede anticiparse ya que será infructuosa, bien porque la propuesta no prosperará o porque dará pie a un posicionamiento mayoritario estéril.