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Los sindicatos denuncian la voluntad privatizadora a pie de calle

Los sindicatos convocantes de la huelga del sector público han denunciado la voluntad privatizadora que advierten detrás de las tasas de temporalidad. Además, representantes de los sindicatos sanitarios y educativos han denunciado unos servicios mínimos que en algunos casos han llegado al 100%.

Representantes sindicales a la cabeza de la manifestación de Bilbo. (FOKU)

El sector público de la CAV ha trasladado sus reivindicaciones a las calles de las capitales de provincia en una jornada de huelga con un seguimiento distinto según el ámbito laboral, debido, entre otras razones, a los servicios mínimos establecidos por Lakua en ámbitos como la sanidad. Una situación que, unida a la «precariedad» derivada de la alta tasa de temporalidad, han querido denunciar los distintos sindicatos, que también temen que detrás de ello exista la voluntad de privatizar el sector público.

Convocados por ELA, LAB, CCOO, Satse, Steilas y ESK, miles de trabajadores han participado en la movilización de Bilbo, que ha partido a las 11.30 desde la sede de Lakua en la Gran Vía bilbaina. Detrás de una pancarta con el lema «Zerbitzu publikoen alde, enplegua sortu eta kontsolidatu», varias columnas de manifestantes se han dirigido hasta el Ayuntamiento, donde los representantes de los distintos sindicatos han leído un comunicado en el que han exigido «mecanismos para acabar con el abuso de la temporalidad en la contratación».

En este sentido, el secretario general del sector público de ELA, Igor Eizagirre, ha señalado que la CAV tiene «la tasa de temporalidad más alta de toda Europa y de todo el Estado», siendo temporales el 40% de los trabajadores del sector público. «Detrás de eso hay una intención muy clara: privatizar el sector público», ha denunciado.

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, también ha criticado la precariedad del sector público, remarcando que la temporalidad «tiene rostro de mujer». «El 69% de las personas en situación de temporalidad son mujeres», ha explicado. Por ello, Aranburu ha exigido a Lakua la creación de una ley propia para llevar a cabo un proceso de consolidación del empleo público, de acuerdo a la «realidad específica de cada administración».

Finalmente, la secretaria general de CCOO en la CAV, Loli García, ha calificado de «insostenible» el nivel de temporalidad en los servicios públicos, achacando la responsabilidad de esta «precariedad» tanto al Ejecutivo autonómico como a los ayuntamientos y diputaciones. «Exijimos que se cumpla el compromiso alcanzado en 2010 y reducir la temporalidad al 8%, cuando estamos ahora en niveles superiores al 40%», ha explicado.

Al 100% en Sanidad y Limpieza escolar

Los servicios mínimos establecidos por Lakua han sido uno de los temas criticados, especialmente por los sindicatos del ámbito sanitario. La secretaria provincial de Satse en Bizkaia, Amaia Mayor, ha destacado para NAIZ que, como servicio esencial y con «la excusa de la pandemia», se han establecido unos servicios mínimos del 100%. Aunque debido a ello muchos trabajadores no han podido hacer huelga, Mayor ha explicado que «la plantilla está cansada y necesita soluciones».

Para Osakidetza, la secretaria de Satse ha pedido «que se estabilicen las plantillas con condiciones laborales dignas y que se aumente el número de trabajadores para no estar bajo mínimos». Según Mayor, la temporalidad es un fenómeno especialmente recurrente en Osakidetza, provocando que muchos sanitarios «no puedan tener una conciliación familiar normal».

La portavoz de Steilas, Ana Pérez, también ha destacado el porcentaje de servicios mínimos impuestos por Lakua. «Los servicios mínimos han sido superiores a otras ocasiones, por lo que hemos visto limitado el derecho a la huelga de los trabajadores de educación», ha explicado a NAIZ, añadiendo que en el caso del servicio de limpieza se ha decretado el 100% de servicios mínimos.

Además de «dificultar el funcionamiento del servicio público», el sindicato cree que detrás del 40% de tasa de inestabilidad se esconde la voluntad privatizadora del Departamento de Educación, «como ha pasado en los servicios de comedor, limpieza y transporte escolar».