La defensa de los acusados por el sumario 13/13 pide la nulidad por graves vulneraciones
Las y los abogados de las ocho personas encausadas en el sumario 13/13 van a solicitar la nulidad del procedimiento en base a las graves y numerosas vulneraciones de derechos fundamentales detectadas, desde escuchas ilegales del CNI a pretender volver a juzgarles por una misma causa.
La defensa de Arantza Zulueta, Iker Sarriegi, Jon Enparantza, Julen Zelarain, Naia Zuriarrain, Saioa Agirre, Nerea Redondo y Juan Mari Jauregi, que se enfrentan a peticiones que suman 77 años de cárcel en el juicio que arrancará el 12 de julio en la Audiencia Nacional por ayudar a las y los presos, estima que el proceso judicial tienen tantas vulneraciones de derechos fundamentales que «nace viciado de nulidad» porque hay irregularidades en los registros de los despachos de las y los abogados, escuchas ilegales practicadas por el CNI, evidencias de torturas y malos tratos y además se pretende volver a juzgar a cuatro de ellos por hechos por los que han sido condenados.
Aiert Larrarte y Jone Goirizelaia, que han comparecido acompañados de Alfonso Zenon, han expuesto las graves vulneraciones que les llevan a pedir la nulidad del proceso que nace de la operación desarrollada el 14 de abril de 2010 por la Guardia Civil en Bizkaia y Gipuzkoa contra lo que fuentes policiales denominaron «la red que controlaba a los presos de ETA». Fueron arrestadas diez personas, de ellas tres letrados en sus despachos de Bilbo y Hernani, que permanecieron en régimen de incomunicación durante cinco jornadas.
La defensa advierte, tal y como consta en el procedimiento, de las escuchas ilegales practicadas por el CNI a sus compañeros, tanto las conversaciones telefónicas como los mensajes sms desde al menos 2008. Los agentes de los servicios secretos españoles escuchaban «furtivamente» a los abogados y pudieron conocer todo su trabajo de cara a juicios y sus clientes.
Tras solicitar insistentemente durante un año la desclasificación de los documentos, se accedió a hacerlo con dos autos del Tribunal Supremo, comprobando que esas resoluciones están tachadas de tal manera que no se puede conocer ni datos ni lugares concretos. Esta intervención de comunicaciones, han resaltado Larrarte y Goirizelaia, no recoge ni responde a las garantías legales para poder hacer esto, por lo que supone una vulneración de derechos fundamentales.
Todo el operativo policial, según difundieron sus promotores, partió de la identificación de David Pla en una cita con un supuesto miembro de ETA en el Estado francés en 2008. La sorpresa de la defensa fue «mayúscula» cuando comprobaron y han podido acreditar que Pla, en esa fecha, no se encontraba en ese lugar sino que estaba en una cárcel visitando a su compañera.
El papel de Grande-Marlaska
Han destacado las evidencias de malos tratos y torturas que sufrieron algunas de las personas detenidas tras descubrir un informe en el que detallaba la organización del operativo, dejando claro que a los abogados se les debía dar un «trato exquisito» y al resto «tratamiento dirigido a obtener una manifestación que ratifique las imputaciones». Gorizelaia ha recordado que los arrestados que se incluían en este segundo grupo denunciaron malos tratos y torturas que fueron posteriormente recogidos en un informe que el forense Paco Etxeberria elaboró para el Ejecutivo de Lakua.
La defensa ha añadido que estas vulneraciones de derechos fueron posibles gracias a la actuación del instructor, el hoy ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, ya que el juez guardia autorizó unas medidas para evitar malos tratos y torturas pero cuando cogió la competencia Grande-Marlaska las dejó sin efecto. Han incidido en que el entonces juez de la Audiencia Nacional ha sido reprobado en múltiples ocasiones, con sentencias del Tribunal de Estrasburgo incluidas, por no investigar las denuncias de los detenidos.
Además han mencionado las irregularidades en los registros de los despachos de los letrados, que quedaron recogidas en las actas que constataron los abogados enviados por los colegios. Por citar alguna, los agentes de la Guardia Civil manipularon documentos y realizaron otras cuestiones sin presencia de los secretarios judiciales.
Por último, han citado la vulneración del derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por la misma causa, ya que, de las ocho personas que van a ser juzgadas, cuatro lo han sido anteriormente por «pertenencia a ETA», por su relación con «actividades de apoyo y ayuda a los presos», y otras tres fueron juzgadas en 2019 en el «juicio de Herrira», y todos han cumplido en su integridad las condenas que les fueron impuestas.
«En este procedimiento se les pretende juzgar por los mismos hechos, con las mismas pruebas, con los mismos documentos que han tenido anteriormente», han expuesto. Por todo ello, después de 10 años de instrucción judicial, la defensa se reafirma en la existencia de «espacios policiales autónomos», en «zonas francas de legalidad y ausencia de control judicial», lo que desde su punto de vista les lleva a sostener que este procedimiento tenga graves vulneraciones de derechos y graves cuestionen de nulidad «que lo vician en su origen».