Resueltos 35 casos de víctimas de la violencia estatal, ahora toca analizar cerca de un millar

«Me hicieron literalmente de todo. Salí muy deteriorado, tanto que hasta el juez me preguntó: ’¿Qué te han hecho chaval?’. Pero me mandó a prisión sin investigar nada». «En mis dos detenciones se repitieron insultos y amenazas machistas: ‘Eres una puta terrorista que te has metido en ETA para follar’. Me abren los pantalones y me dicen que me van a violar y que me van a hacer un hijo policía; simultáneamente, uno de ellos también se abre los suyos. Grito. Me insultan de todo. Me baja la regla, no me dan papel, y así durante tres días».

Esto son solo dos de los testimonios recogidos en el primer informe anual de la Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política en la CAV entre 1978 y 1999, presentado este miércoles por Juana Balmaseda y Jon Mirena Landa en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento de Gasteiz.

Según han explicado, la Comisión de Valoración ha recibido ya las solicitudes de 1.017 víctimas de la violencia ejercida por el Estado español, y durante este año se han analizado 55 expedientes, de los que ya se han resuelto 35.

Muchas de las víctimas de los expedientes analizados hasta la fecha no tenían filiación política y otras estaban vinculadas con organizaciones políticas y sindicales. En cuanto a los victimarios, en 33 casos eran agente de la Guardia Civil, en 16 de la Policía española, en cuatro de ambos cuerpos, y uno procedía de un «grupo incontrolado». Además, hay un caso en el que no se ha podido precisar el causante de la vulneración de derechos humanos.

En cuanto a la propia vulneración de derechos, en once casos las víctimas fallecieron, en dos resultaron heridas de bala y en uno se produjeron lesiones provocadas por pelotas de goma. Asimismo, se han examinado 36 casos por torturas y malos tratos y cinco por «otras lesiones».

A este respecto, han advertido de la detección de «un cierto patrón de actuación» en graves casos de tortura y malos tratos, «por las técnicas empleadas y su etimología criminal: la bolsa, la bañera, golpes, el ‘pato’, la ‘rueda’, humillaciones constantes, privación sistemática del sueño, clima de terror ambiental, amenazas a extender la acción a familiares, y exposición a gritos de terceros reales o grabados».

Y han constado «la repetición de un patrón frecuente de omisión del deber de investigar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos alegadas por varias de las víctimas». En el informe se detalla que «en los casos hasta ahora revisados las diligencias de investigación, cuando las hay, son superficiales y desenfocadas: investigación ausente o radicalmente ‘ineficaz’ en términos de de los que debería ser esta a la luz de los estándares de un Estado democrático o de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

«La actitud de la Fiscalía y de la judicatura, conniviente con el poder policial, no es la de velar por las garantías o la legalidad, sino más bien la de convalidar las actuaciones o simplemente dar curso a las detenciones, ordenar el envío a prisión aunque luego no hubiera causa alguna y siguieran sobreseimientos de las causas. La evidencia de malos tratos cuando comparecían ante el juez nunca llevaba a reprochar ese hecho, a reconocerlo, menos a investigarlo o castigarlo», añade el texto, en el que se incluyen una batería de recomendaciones.

Recomendaciones de la Comisión de Valoración

Entre las misma destaca la apuesta por la ampliación del objeto de la Ley 12/2016, aprobada para reconocer a víctimas de «determinadas» violaciones de derechos humanos: «Esta Comisión manifiesta la pertinencia, conveniencia y necesidad de extender en un futuro su ámbito de actuación a otras violaciones diferentes a las relativas a la vida o a la integridad y por un espacio temporal más dilatado. Todo ello, en justicia y en consonancia con el principio de progresividad que conlleva la permanente búsqueda de la ampliación de la protección según el derecho internacional de los derechos humanos».

También pide la celebración de un acto institucional, un acto público de reconocimiento; y reclama al Ejecutivo de Gasteiz la realización de una campaña pública específica sobre el contenido de la ley, sus objetivo y sus logros, «dirigida a potenciales víctimas y potenciales peticionarios informando sobre el procedimiento a seguir y alertando sobre la inminente proximidad del cierre del plazo de presentación de solicitudes (el próximo mes de diciembre). Convendría que fuera una campaña sostenida en un periodo de tiempo suficiente para que cale en la sociedad».

En este sentido, Landa ha subrayado que las víctimas de la violencia estatal buscan un reconocimiento, que la sociedad sepa lo que les ha ocurrido, «porque ellos ya saben lo que pasó y sus victimarios también». Ha incidido en que el «necesario debate democrático sobre este tema debe estar presidido por la cautela y una mirada pro-víctima para evitar la revictimización de las personas que han acudido a la Comisión, que llevan ya demasiados años arrastrando el olvido, la falta de reconocimiento e incluso, en muchos casos, una injusta estigmatización y la negación de su existencia».

PP y su recurso ante el TC

Precisamente la intervención de Balmaseda y Landa ha estado seguida de la intervención de los grupos parlamentarios. El primero en intervenir ha sido el representante del PP, Carmelo Barrio, que ha hecho hincapié en los recelos expresados por su partido con anterioridad. No en vano la creación de la comisión se demoró por el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional porque, a su juicio, la comisión asume funciones correspondientes a los jueces.

Una idea que ha sido rechazada por la propia Balmaseda, que ha puesto en valor un trabajo «realizado con rigor». «Nuestra guía es la ley que da pie a la comisión. Ni somos jueces ni lo pretendemos», ha manifestado y ha señalado que «en todo momento hemos procurado la salvaguarda de los derechos al honor, a la presunción de inocencia y en general a todos los derechos que asisten a las personas, sin pretender la determinación de hecho y la individualización de personas concretas a las que pueda atribuirse una responsabilidad. No es esa nuestra misión».

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha lamentado que los 35 expedientes son solo «la punta del iceberg», ya que en total hay más de un millar de solicitudes presentadas por víctimas de la violencia estatal, y podrían ser más a tenor de los datos recogidos en otros informes, como el estudio sobre la tortura presentado por Lakua, donde se recogen más de 4.000 casos.