La Justicia sanciona las reiteradas declaraciones machistas de Bolsonaro y sus ministros
Una jueza federal brasileña ha decidido sancionar al Gobierno de Jair Bolsonaro por sus «reiteradas» declaraciones «discriminatorias contra las mujeres», que atribuye tanto al mandatario como a varios de sus ministros.
Las reiteradas declaraciones machistas del presidente de Brasil y de varios de los ministros de su gabinete han sido sancionadas por una jueza en una sentencia que aún puede ser apelada y que establece que el Gobierno deberá pagar una indemnización destinada a movimientos de mujeres y cifrada en cinco millones de reales (un millón de dólares). Además, fija que se destine el doble de ese monto a promover campañas oficiales contra la violencia machista.
La causa partió de una denuncia del Ministerio Público Federal y la sentencia fue dictada por la magistrada Ana Lúcia Petri, quien consideró que las declaraciones de «carácter discriminatorio en relación a las mujeres han causado consecuencias negativas para toda la sociedad brasileña y daños morales de dimensiones colectivas».
Entre muchas de esas declaraciones, se citan ofensas del propio Bolsonaro a muchas periodistas, algunas de ellas de cuño sexual, y también otras atribuidas al ministro de Economía, Paulo Guedes, o a la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, entre otros funcionarios del Gobierno.
En el caso de Alves, una pastora evangelista alineada con los movimientos de ultraderecha que respaldan a Bolsonaro, una de las declaraciones consideradas «discriminatorias» por la magistrada se refería a la «sumisión» que, según la ministra, la mujer debe tener frente al hombre.
«La mujer debe ser sumisa. Dentro de la doctrina cristiana, en la iglesia y en su casa, entendemos que en una pareja, el hombre siempre es el líder del casamiento», dijo Alves en una audiencia celebrada en la Cámara de Diputados.
Bolsonaro acumula ya varias demandas por declaraciones de tinte machista, racista y homofóbico, y en una, que tuvo sentencia en marzo pasado, fue condenado a indemnizar a la periodista Patricia Campos Mello, una de las más reconocidas del país y de quien insinuó que ofrecía «favores sexuales» para obtener información.