La Abogacía del Estado no participará en la demanda contra excargos de la Generalitat
La demanda contra 34 excargos del Govern de Catalunya en el Tribunal de Cuentas español por el presunto uso irregular de fondos para la promoción exterior del procés queda en manos de la Fiscalía y las asociaciones personadas, ya que la Abogacía del Estado y la Generalitat no tomarán parte.
La notificación del acta de liquidación provisional en la que se fija la fianza de 5,4 millones de euros, en concepto de responsabilidad contable, por el presunto uso irregular de fondos para las embajadas catalanas y para el Diplocat da paso a una nueva fase del proceso.
Ahora, las partes personadas pueden presentar o no demanda de cara al futuro enjuiciamiento de los hechos en el Tribunal de Cuentas del Estado español. De estas demandas está excluida la Abogacía del Estado, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, puesto que la legitimación en este asunto para demandar por el supuesto daño a las cuentas públicas corresponde a la Abogacía de la Generalitat.
Según han publicado este jueves varios medios, desde la Generalitat preparan ya su salida de la causa y tienen previsto no presentar demanda contra los excargos del Govern.
El resto de partes emplazadas son la Fiscalía y dos asociaciones que ejercen la acción pública: la de Abogados Catalanes por la Constitución y la de Sociedad Civil Catalana.
5,4 millones entre 34 personas
Este procedimiento se inició con un informe de fiscalización de los gastos en el exterior de la Generalitat que dio lugar a una denuncia –en este caso sí participo la Abogacía del Estado– con la que arrancó la instrucción cuyos resultados se han comunicado esta semana.
A los 34 imputados –incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras– se les reclaman cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos.
La mayor suma se le atribuye al exsecretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el exconseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el expresidente Artur Mas, por 2,8 millones; y el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.
El TS no admite los recursos contra una sentencia anterior
Por otro lado, el Tribunal Supremo español ha comunicado este jueves su decisión de no admitir los recursos de casación presentados por Artur Mas y siete ex altos cargos de la Generalitat contra la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en 2019 que les condenó a abonar casi 5 millones de euros por los gastos de la consulta soberanista que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014.
La Sección Primera del TS entiende que no queda justificada «la supuesta incongruencia» que denuncian los recurrentes entre el fallo impugnado y la doctrina constitucional. Los exdirigentes catalanes adujeron que «la sentencia se extralimita al declarar la nulidad de actos que expresamente el Tribunal Constitucional no declaró nulos».