El TJUE declara ilegales las demandas bajo el Tratado de la Carta de la Energía
El Tribunal de Justicia de la UE ha reiterado que los tratados entre compañías privadas y Estados miembros no son compatibles con la legislación comunitaria. El nuevo fallo afecta a un tratado inicialmente diseñado para garantizar las inversiones en energía en la Europa del Este postsoviética.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dictaminado que las disputas intracomunitarias basadas en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) son incompatibles con la legislación de la Unión. La decisión supone la ilegalidad de los procesos abiertos entre un inversor de la UE y un Estado miembro basadas en este polémico tratado, tal como señala este viernes el medio periodístico ‘El Salto’.
Este fallo pone en cuestión toda una serie de demandas actualmente en curso por valor de miles de millones de euros, como las presentadas por las energéticas alemanas RWE y Uniper, que reclaman a Países Bajos 1.400 y 1.000 millones, respectivamente, por la decisión de este país de abandonar el carbón en 2030 para hacer frente a la crisis climática.
El Estado español es el más demandado bajo el TCE por el recorte de los incentivos a las inversiones en renovables. La cantidad reclamada asciende a más de 10.000 millones de euros.
La interpretación del TJUE impide que inversores y multinacionales europeas puedan usar el TCE para demandar a los gobiernos cuando consideren que medidas climáticas como la tomada por Países Bajos vayan en contra de sus intereses económicos.
«Un sistema de justicia paralelo»
El TCE es un acuerdo firmado por 53 estados, en vigor desde 1994, que teóricamente busca regular el mercado energético. El tratado tenía como fin proteger a los inversores del sector, fundamentalmente occidentales, y garantizar el suministro energético desde los países de Europa del Este tras la desaparición del bloque soviético.
Sin embargo, como señala ‘El Salto’, a través de un mecanismo ISDS de solución de controversias entre inversores y estados, permite que multinacionales e inversores puedan demandar a un gobierno si consideran que se ha legislado en contra de sus intereses económicos o que nuevas leyes puedan poner en peligro las ganancias esperadas, independientemente de los efectos que esos intereses provoquen en el clima o en la salud de las personas.
Se trata de «un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, sino tres abogados privados que se reúnen a puerta cerrada para decidir si un país tiene que pagar o no sumas millonarias de dinero público a los inversores», denuncian desde Ecologistas en Acción.
Esta organización, integrada en la campaña ‘No a los tratados de inversión’, ha recordado que en 2018 el TJUE ya decretó, a través de la denominada ‘sentencia Achmea’, que las normas ISDS de los Tratados Bilaterales de Inversión entre estados de la UE eran incompatibles con la legislación comunitaria, ya que vulneran el poder de los tribunales de la UE.