El PSOE plantea ahora medio siglo de secreto oficial y renuncia a desvelar los 70 y 80
El borrador que maneja el Ministerio de Presidencia para la nueva Ley de Secretos Oficiales, primera posfranquista, trae dos correcciones importantes del PSOE frente a lo que dijo en la oposición y al llegar a Moncloa: plazos de desclasificación mucho más largos y negativa a desvelar los 70 y 80.
Ni plazos de desclasificación de 25 años ni levantamiento de secretos oficiales de los años 70 y 80, en los que la guerra sucia en Euskal Herria fue una constante. El borrador del que dispone el Ministerio de Presidencia español de Félix Bolaños para un proyecto de futura Ley de Secretos Oficiales conlleva una autoenmienda a la totalidad del PSOE frente a lo que anunció tanto en la oposición como al llegar al Gobierno por primera vez en 2018.
La influencia de este giro sobre los crímenes estatales sin esclarecer en Euskal Herria será importante, tanto a futuro como mirando al pasado. Siempre según las filtraciones del borrador que están apareciendo en distintos medios, en primer lugar destaca que el PSOE renuncia al compromiso de desvelar los documentos oficiales secretos de los últimos 35 años.
Ello hubiera supuesto, en caso de que la ley se aprobara el próximo año, desclasificar hechos anteriores a 1987. Una fecha que mantendría tapados crímenes como la trama de cartas-bomba contra militantes de HB de 1989 pero quizás arrojara alguna luz sobre las acciones de los GAL (1983-87), las desapariciones forzadas de José Miguel Etxeberria «Naparra» (1980) o Eduardo Moreno Bergaretxe «Pertur» (1976), y todos los restantes crímenes de los 70 y primera mitad de los 80.
El borrador de Bolaños, todavía no debatido siquiera con sus socios de Unidas Podemos, elimina este criterio y plantea solo levantar todos los secretos oficiales hasta 1968, es decir circunscrito a la época franquista. Este año se tomaría como nueva referencia aprovechando que fue entonces cuando se implantó la Ley de Secretos Oficiales que, aunque suene realmente insólito, sigue vigente hasta la actualidad.
Desclasificación; ahora 50 años
El segundo gran retroceso en la posición del partido que lidera el Gobierno español tiene que ver con los plazos de desclasificación de documentos. Se trata de una anomalía española en el contexto europeo, puesto que la ley franquista no estableció ningún tope temporal para esos secretos mientras que en los países del entorno o Estados Unidos esos papeles secretos deben ser desvelados habitualmente entre los diez y los 35 años. Por citar un ejemplo conocido en Euskal Herria, es lo que ocurrió desde Washington con los documentos de la CIA que situaban a Felipe González en la génesis del GAL y que trascendieron en 2020.
Cuando desde la oposición se reivindicó una Ley de Secretos Oficiales con estándares europeos frente a la norma franquista, el PSOE de Pedro Sánchez dijo apostar por plazos de desclasificación de entre diez y 25 años, prorrogables solo en casos extremos. Sin embargo, ahora el criterio que se impone en el borrador Bolaños es extenderlo a 50 en los casos calificados como «alto secreto».
El mantenimiento de la opacidad durante medio siglo supone un ataque definitivo a los derechos de verdad, justicia y reparación. Las víctimas de las acciones protegidas por el secreto necesitarían 50 años para ver esclarecidos sus casos (por lo que muchas veces fallecerían sin saberlo) y en ese plazo sería prácticamente inviable actuar penalmente contra los autores. Se puede citar como ejemplo ilustrativo el caso del reciente procesamiento en Argentina al exministro del Interior español Rodolfo Martín Villa, ya difícilmente viable a estas alturas cuando ni siquiera han pasado esos 50 años desde los crímenes de Gasteiz 1976 e Iruñea 1978 por los que es señalado.
Entre medio, otra circunstancia reseñable ya filtrada con anterioridad: el PSOE ha dejado de plantear un plazo único de desclasificación para pasar a establecer varias categorías, incluida esa de «top secret». Así, ciertamente algunos temas menores podrían ser «levantados» en plazos de hasta cinco años, pero no ocurriría lo mismo con los que se definen como «sensibles» para «la seguridad del Estado».
Proyecto incierto
Tampoco está de más matizar que no hay seguridad alguna de que este proyecto vaya a acabar materializándose. El Ejecutivo Sánchez lo aparcó entre 2018 y 2020 y ha empezado a pergeñarlo ahora, mediada ya la legislatura. Los planteamientos que está filtrando le alejan del necesario respaldo de formaciones vascas y catalanas, a la espera de la posición previa que tome su socio de coalición, Unidas Podemos.
El debate de la desclasificación, por otro lado, no deja de ser una pequeña parte del problema real. Que no haya plazos para levantar secretos en la norma de 1968 no supone que los poderes del Estado estén obligados a preservarlos. Los jueces pueden reclamar la desclasificación y el Consejo de Ministros proceder a ella, pero hay escasísimos precedentes, el más conocido fue el de parte de los «papeles del Cesid» sobre los GAL y tras múltiples resistencias que se recogen en este reportaje.
Este mismo año ha sido patente el afán de ocultación, tras la difusión pública del audio de Intxaurrondo sobre la muerte de Mikel Zabalza. Interpelado sobre la posibilidad de desclasificarlo, el ministro Fernando Grande-Marlaska se parapetó tras evasivas. Y a tenor de sus afirmaciones y de las de sus antecesores, en el caso de que se hubiera llegado a reclamar el levantamiento del secreto, se hubiera respondido que tal grabación no consta en los archivos.