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Una presa fallece en la cárcel de Iruñea, que sigue sin garantizar médico 24 horas

Una presa falleció el lunes en la cárcel de Iruñea, según ha informado Salhaketa Nafarroa, que denuncia que esta muerte se produce dos meses después de que el Gobierno navarro asumiera la competencia de sanidad penitenciaria. Pese a ello, no hay médico de guardia a ciertas horas.

Vista de la cárcel de Iruñea, donde el lunes falleció una presa, según ha denunciado Salhaketa Nafarroa. (Idoia ZABALETA/FOKU)

La asociación de apoyo a personas presas Salhaketa Nafarroa denuncia que la madrugada del pasado lunes falleció una mujer en el módulo de mujeres de la cárcel de Iruñea. «Al parecer, fue la compañera de celda de la fallecida quien tuvo que avisar a la cárcel, a través del interfono de la celda, de lo que estaba sucediendo siendo que la intervención tanto del centro penitenciario, como de los profesionales médicos, no fue todo lo ágil que cabría esperar en una situación así», denuncia Salhaketa Nafarroa.

«Es importante señalar que este fallecimiento se produce apenas dos meses después de que el Gobierno de Navarra haya asumido la competencia sanitaria de la cárcel de Pamplona. A pesar de ello, la cárcel de Pamplona sigue sin contar con un médico/a de guardia de manera presencial las 24 horas del día, medida absolutamente necesaria si se tiene en cuenta las circunstancias sanitarias específicas de las personas presas», añade este colectivo.

Por ello, ante esta nueva muerte en prisión y teniendo en cuenta la asunción de la sanidad penitenciaria, Salhaketa Nafarroa solicita al Gobierno navarro que de forma urgente implemente en la cárcel de Iruñea un médico de guardia de manera presencial las 24 horas del día. Asimismo, se solicita la revisión de los protocolos de funcionamiento, actuación de los servicios médicos así como los protocolos de aviso, derivación a los servicios médicos por parte del centro penitenciario.

Por último, se exige que desde el Gobierno navarro se ofrezca atención sicológica urgente a todas las mujeres presas en la cárcel de Iruñea que así lo deseen para poder hacer frente a este suceso.

«Este fallecimiento se suma a la larga lista de personas que mueren en prisión. Así, según datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), entre enero de 2015 y diciembre de 2019 habrían fallecido en las cárceles dependientes de ella 862 personas presas. En el año 2020 el número de fallecimientos fueron 204. En lo que va de año 2021, asociaciones en defensa de derechos humanos afirman tener conocimiento de al menos 67 fallecimientos, sin embargo, afirman con toda seguridad que la cifra oficial será superior», destaca Salhaketa Nafarroa.

Santos pide prudencia

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno navarro, Eduardo Santos, ha pedido prudencia en torno a estos hechos a la espera de las conclusiones de la investigación judicial que está en marcha.

Santos ha respondido de esta manera a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento, donde hoy se celebra Pleno.

El consejero ha mostrado el pesar del Gobierno y condolencia a los familiares y amigas de la fallecida, ya que «toda muerte en prisión es una desgracia».

Santos ha reconocido que esta cuestión interpela al Gobierno navarro directamente puesto que tiene asumida la competencia de sanidad penitenciaria, pero ha precisado que «la competencia es compartida y la obligación de custodia es sobre todo de la administración penitenciaria».

En este sentido, ha comentado que convocarán próximamente la comisión mixta de Sanidad Penitenciaria para ver qué medidas pueden arbitrar, más allá de este caso, para mejorar la atención y poder prevenir situaciones como la que se ha registrado.

Batería de medidas de EH Bildu

EH Bildu, por su parte, ha denunciado que la muerte de una persona en prisión es «inaceptable en una sociedad democrática»; y ha hecho hincapié en que «después de tres meses desde que Navarra asumiera la competencia de sanidad penitenciaria, todavía hoy no hay un médico o médica en la cárcel de Pamplona las 24 horas del día».

En ese sentido, ha defendido «el derecho a la salud de todas las personas presas, así como a recibir una atención sanitaria de calidad», y ha anunciado una batería de medidas.

Así, ha registrado una petición de comparecencia conjunta de Eduardo Santos y de la consejera de Salud, Santos Indurain, para informar sobre los avances producidos en materia de asistencia sanitaria en la prisión de Iruñea tras la asunción de la competencia de sanidad penitenciaria.

El grupo soberanista quiere que informen sobre «las medidas adoptadas, y que tengan previstas adoptar, para garantizar los derechos de las personas reclusas como usuarias de los servicios de salud, la accesibilidad a los recurso sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias y la equidad en el acceso».

Además, ha registrado una pregunta oral dirigida a la consejera de Salud para conocer con qué recursos cuenta el contingente de sanidad penitenciaria en Nafarroa; y ha solicitado una copia del convenio suscrito entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Chivite para «potenciar» los programas de salud mental e igualdad en la prisión de Iruñea.

«Una larga lista» de presos y presas muertas

Etxerat también ha reclamado atención sicológica a las mujeres presas en Iruñea, y ha exigido al Ejecutivo navarro que «haga realidad la presencialidad durante las 24 horas del día de un médicode guardia, así como la revisión de los protocolos de funcionamiento, actuación de los servicios médicos y protocolos de aviso, derivación a los servicios médicos por parte del centro penitenciario».

Asimismo, ha mostrado sus condolencias a la familia de la persona fallecida, «que se suma a una larga lista de presos y presas que mueren en la prisiones españolas, sin que se active iniciativa alguna por parte de instancias políticas y judiciales tendentes a esclarecerlas y, menos, a poner medios para que se eviten». Según ha indicado, asociaciones de defensa de derechos humanos alertan de que en lo que va de año han muerto al menos 67 personas en prisiones del Estado español.