Bruselas se blinda ante las presiones económicas
A instancias del Parlamento Europeo, y tras las peticiones de algunos Estados miembros, la Comisión Europea ha elaborado una propuesta para hacer frente a posibles intentos de injerencia y de presión económica por parte de agentes externos.
La Comisión Europea (CE) ha propuesto una nueva herramienta legal para sancionar, en última instancia, a los países que traten de ejercer presión política en la Unión Europea a través de coerción económica o comercial. Un modo de blindarse en un contexto de turbulencias en la arena internacional.
«En un momento de aumento de las tensiones geopolíticas, el comercio se utiliza cada vez más como arma y la UE y sus Estados miembros se convierten en blanco de la intimidación económica. Necesitamos las herramientas adecuadas para responder», indicó el vicepresidente ejecutivo de la CE y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, quien presentó ayer la iniciativa en una rueda de prensa.
El objetivo de Bruselas con esta propuesta sería poner de manifiesto que defenderá sus intereses y crear un efecto de «disuasión» para los países que restrinjan o amenacen con restringir el comercio o las inversiones para lograr un cambio de políticas comunitarias en áreas como el cambio climático, la fiscalidad o la seguridad alimentaria. En concreto, la iniciativa está enfocada a los países que utilizan «coerción explícita» y herramientas de defensa comercial contra la UE, desde controles fronterizos selectivos o de seguridad alimentaria hasta boicots de mercancías europeas.
Se trata, dijo Dombrovskis, de «preservar el derecho legítimo de la UE y de los Estados miembros a tomar decisiones políticas y evitar una injerencia grave en la soberanía de la Unión o de sus Estados miembros».
«Previsible y transparente»
Según lo expuesto ayer, la CE plantea un proceso «previsible y transparente» que incluye una serie de pasos escalonados, como el análisis de la situación, la mediación o la negociación y, como último recurso, la imposición de unas sanciones basadas en evidencias y que deben ser proporcionadas de acuerdo a los intereses de la Unión Europea.
Entre las sanciones que se contemplan está la imposición de aranceles y la restricción de importaciones del país en cuestión, la restricción de servicios e inversiones o medidas para limitar el acceso al mercado interior de la UE. También restricciones a licitaciones públicas o a fondos de programas de la UE.
En todo caso, Bruselas propone también una vía que evitaría imponer contramedidas automáticas y que contempla la posibilidad en todo momento de poder llegar a un acuerdo con el país tercero que, según la UE, ejercer esa presión económica.
La propuesta responde a solicitudes del Parlamento Europeo y de Estados miembros para reaccionar ante situaciones de coerción económica, y ha sido elaborada tras realizar una consulta pública con partes interesadas a la que han contribuido especialmente empresas y asociaciones industriales. Ahora, la Eurocámara y el Consejo (en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete) debatirán la iniciativa.