«Sabíamos que esta ley no resolvería la discriminación, pero aquí no acaba nada»

El plazo para solicitar reconocimiento por parte de víctimas de la violencia estatal entre 1978 y 1999 en la CAV ha concluido lejos de algunas expectativas. Y tras cinco años de ley, solo hay 35 aceptadas. ¿Qué está pasando? Lo detalla Egiari Zor, que impulsa esta vía aunque de modo crítico.

Desde la comisión de valoración, Jon Mirena Landa ha sido muy claro: «Hemos perdido a las víctimas por el camino». ¿Lo comparten?

TASIO ARRIZABALAGA: Sí, lo habíamos puesto sobre la mesa a menudo desde que se inició esta ley. Primero, no iba a resolver la discriminación que sufren estas víctimas, porque no establece una relación de paridad, aunque en el ámbito del reconocimiento y la reparación haya algunos avances y sea positivo. Por otro lado, no se tienen en cuenta algunas victimizaciones provocadas por el Estado, como las víctimas de la dispersión, de la cárcel, los casos tapados por versiones oficiales... Tampoco se ha hecho el esfuerzo que se debía, a nivel oficial, para llegar a estas personas. Pero aquí no se ha acabado nada, y si alguien tiene esa pretensión, no puede ser así. Es solo el principio.

AINARA ESTERAN: Añadiría que los medios de que dispone la comisión no son suficientes. El proceso de reconocimiento va muy lento. Solo se han reconocido 35 casos y algunos de ellos estaban aceptados ya antes de que esta ley fuera recurrida ante el Constitucional. Vemos que no arranca. Hay gente que presentó solicitud y ha muerto posteriormente.

T.A: La ley contemplaba un plazo tope de seis meses para resolver y algunos de los casos que se han aceptado en este 2021 se registraron ya en 2017.

¿Cuántas solicitudes se han presentado realmente y cuántos casos de vulneraciones que entran en esta ley se podían presentar (muertes, torturas...)?

T.A: No lo sabemos, es el Gobierno Vasco quien tendrá que decirlo [el dato provisional de mayo era de en torno a un millar]. En cuanto a los casos potenciales de reconocimiento, Egiari Zor tiene censadas a 128 personas fallecidas en este periodo. [Extrapolando los datos del informe oficial que selló Lakua, son además 3.110 casos de tortura con casi 3.000 víctimas].

Hay familias de esas víctimas mortales que no han solicitado este reconocimiento y reparación. Cuando Egiari Zor les invitaba a ello, ¿qué le respondían?

A.E: Hay de todo, pero primero un problema de confianza; algunas personas piensan que no servirá para nada. Por otro lado, quienes han sufrido esta violencia necesitan hacer un proceso, y en la solicitud les toca escribir un relato de lo ocurrido que les abre muchas heridas; vemos que algunas han rellenado todos los datos, pero cuando llegan al relato, se quedan ahí.

T.A: Hay que tener en cuenta que se trata de un comunidad que no solo ha sufrido la victimización en su momento, sino que después ha padecido la negación de todo un aparato de poder, ha sido relegada, ha sido tratada como mentirosa... Por eso es complicada esa confianza, existe una barrera por esa negación que ha sido el pan nuestro de cada día. Hay mucha gente que se ha descolgado por todo ello y cambiar ese chip cuesta, más aún cuando tienes que reabrir esas heridas. Para hacerlo tienes que tener muy claro para qué sirve eso, y así poder volver a cerrar la herida después.

A.E: Es más, es que a día de hoy seguimos escuchando cómo se legitima esa violencia, lo hemos oído hace bien poco. Entonces, da la impresión de que existe un doble juego y lógicamente para estas víctimas es doloroso.

¿Echan en falta más implicación oficial para crear ese espacio de confianza? Por ejemplo, ¿se han puesto en contacto con estas personas para animarles, igual que ha hecho Egiari Zor? Muchas de esas víctimas están censadas...

A.E: En algunos casos sí se ha producido ese contacto. El problema de la falta de confianza estriba más bien en que estas víctimas no ven su situación incluida en los discursos oficiales, ni en las políticas públicas de memoria... Entonces, sienten que ahora se les puede dar este reconocimiento para salir del paso, pero nada más.

T.A: Cuando les hemos propuesto que contactaran con las víctimas del informe de la tortura, han argumentado que habría problemas en ello por la Ley de Protección de Datos. Y puede ser cierto, pero hay otros mil caminos: no se ha dado publicidad a este proceso, no ha habido cuñas radiofónicas... Que hagas el primer acto de reconocimiento y allí no esté el lehendakari, ¡por favor! Y que en ese acto no hagas una autocrítica cuando en tu propio informe sobre la tortura se señalan más de 300 casos de la Ertzaintza, ¡por favor! Ha llegado la hora de decir algo de todo eso.

Sabemos que hay 35 casos reconocidos, pero ¿saben algo de los no reconocidos? Parece sorprendente por ejemplo que se acepta el de personas detenidas junto a Mikel Zabalza pero no este caso, pese a que falleció. ¿Acaso la investigación judicial puede jugar precisamente en contra?

T.A: Claro. En el caso de Zabalza parece ser que la comisión no ha entrado a valorarlo porque todavía puede tener un recorrido judicial. Ahí hay otra carencia de esta ley.

La ley renunció expresamente a buscar castigos penales. ¿Esto puede haber hecho desistir también a algunas víctimas? ¿No se traslada un mensaje de ‘reconocimiento a cambio de justicia’?

A.E: Hay de todo. Karmen Galdeano dijo en las jornadas del décimo aniversario de Aiete que ella no deseaba ver a Felipe González en la cárcel pero sí quería que se hiciera un poco de justicia. Lo relevante aquí es ver con qué desequilibrio se ha aplicado la justicia: en algunos casos cae todo su peso, como la ley 7/2003 que impone auténticas cadenas perpetuas, mientras en otros casos no ha habido casi investigación, o no ha habido castigo, o los condenados han salido enseguida a la calle, o han tenido ascensos y condecoraciones...

T.A: No tengo claro si eso ha hecho desistir a algunas personas. Creo que en general han presentado la solicitud con el objetivo de poner sus casos sobre la mesa de la comisión de valoración, con sus evidencias, y pedir un pronunciamiento. Puede que las víctimas de la dispersión o de la cárcel finalmente no tengan cabida en los supuestos de esta ley, pero también hemos presentado esas solicitudes con ese objetivo: es una forma de plantear ‘¿qué tenéis que decir ante esto?’ Y a ese interrogante habrá que responderle de algún modo: habrá que buscar cómo investigarlo, habrá que plantearse si hace falta reformular la ley para amparar a esas personas... Esa es la lógica de nuestro trabajo: reconocer ahora lo que sea posible y seguir trabajando en el resto.

¿Y en cuanto a la reparación? ¿Qué ofrece la ley exactamente? ¿Y hay diferencias, por ejemplo, en la cantidad económica que reciben estas víctimas y la de ETA?

A.E: La cantidad es menor en esta ley. Hay una cantidad establecida en los casos de muerte y en los de secuelas irreversibles. Pero no quisiéramos el foco en eso, sino en el reconocimiento. E insisto, sobre todo en las políticas de memoria, que tienen que ser inclusivas.

T.A: Hablamos de cosas como las unidad didácticas o los planes de convivencia... ¿Vamos a dejar de una vez de tratar a unas víctimas como de primera o a otras como de segunda? No se puede perpetuar esta discriminación. Las personas que han sufrido las mismas vulneraciones de derechos tienen que tener el mismo reconocimiento. A partir de ahí, construyamos cada uno nuestro relato, pero sobre la base de esa realidad.

Arrancará pronto un proceso similar en Nafarroa, ¿temen que ocurra lo mismo?

T.A: Aunque el punto de partida en Nafarroa sea el mismo, con una ley con las mismas o más carencias, seguimos enfocando esto de modo positivo. Vamos a ayudar a quien lo necesite a hacer las solicitudes, trabajamos con la red de personas torturadas, hay que documentar esta realidad oficialmente también en Nafarroa como se hizo en la CAV... ¿Y todo esto para qué? Lo he apuntado antes: para hacer visibles esas carencias en el reconocimiento de la realidad.

¿Y cómo se pueden reparar las fallas en la CAV: más medios, más rapidez, otra ley...?

T.A: Uno, hay que reclamar una tramitación de las solicitudes pendientes lo más rápida posible. Dos, el Gobierno Vasco tiene que asumir su responsabilidad en vulneraciones de derechos y tiene que dejar de lado la discriminación de estas personas, con lo que contribuirá a generar un espacio de confianza. Y tres, tenemos que analizar qué vacíos quedan todavía, para seguir avanzando: ¿hacen falta más investigaciones concretas, quién puede hacerlas, cómo...? A partir de ahí, evidentemente en algún momento harán falta nuevas leyes o reformar las actuales. En este sentido, que el plazo haya acabado no es un drama, se puede extender porque ya se ha hecho anteriormente. También falta poner en marcha el proceso más allá de 1999, porque también hay muchas víctimas después.

Al margen de estos decretos, tras el Día de la Hispanidad Egiari Zor salió públicamente por vez primera a denunciar la humillación y el dolor que provocan algunos actos y declaraciones. ¿Se había colmado el vaso?

A.E: No fue tanto el Día de la Hispanidad, sino lo que estaba ocurriendo en torno al décimo aniversario de Aiete. Las declaraciones de [Ramón] Jáuregui, de [Rafael] Vera, las revelaciones sobre las cartas-bomba de [José Luis] Corcuera, el comisario Villarejo diciendo que le hubiera gustado participar en el secuestro de «Naparra»... Llevamos años escuchando el discurso de la humillación ligado sobre todo a los «ongi etorris» mientras parece que es indiferente que se digan esas cosas. ¿No se dan cuenta acaso?

T.A: Ha habido apologías del GAL clarísimas bien recientemente, y aquí nadie se altera.

A.E: ¡Lo que dijo Villarejo es sobre una persona que aún está desaparecida! ¿A nadie se le pasa por la cabeza lo que suponen esas palabras para su familia? La hipocresía es total.