«Lo que pretenden las plataformas es eludir sus responsabilidades»

Jon Artatxo es licenciado en Derecho con especialidad Económica por la Universidad de Deusto y European Master in Audiovisual Management, Programa oficial de la UE. Vinculado a la producción audiovisual vasca es, también, abogado de la asociación de productoras independientes vascas, Ibaia.

Recientemente y a escala estatal, la Plataforma Audiovisual se sumó a los canales de televisión representados por UTECA y los anunciantes para mostrar su disconformidad con la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, una nueva normativa que a juicio de las productoras independientes «no fomenta su consolidación y crecimiento, abandona a su suerte a una industria cultural estratégica como es la producción audiovisual independiente y tampoco responde al espíritu de la directiva europea que busca proteger la industria propia». Para descubrir un poco cuáles son las directrices de esta normativa y en qué medida afectará al panorama audiovisual vasco, GARA entrevista al experto en Derecho Digital Jon Artatxo.

¿Qué panorama audiovisual había antes de la llegada de esta nueva ley y qué cuestiones han motivado la necesidad de su creación?

La “nueva” ley es una actualización de la Ley Audiovisual en vigor desde 2010. Trata de muchas cuestiones relativas a la comunicación audiovisual (límites a la publicidad comercial, protección de menores, retransmisión de acontecimientos deportivos…). En lo relativo a los contenidos audiovisuales, foco del actual debate, responde a la obligada incorporación de una Directiva europea de Servicios Audiovisuales de 2018. Una muestra de cómo se ha llevado el proceso es que incluso la Comisión Europea ha llegado a expedientar al Estado español por su retraso en aprobar la ley. El plazo limite para aprobar la ley terminó en setiembre de 2020 y vamos a entrar en 2022.

¿Qué novedades incluye respecto a la anterior?

Uno de los aspectos centrales de la nueva regulación persigue extender las obligaciones que ya se aplicaban a los operadores lineales (televisiones), también a las plataformas globales de video bajo demanda (Netflix, Amazon Prime Video, HBO…), así como a las redes sociales en las que los videos sean parte esencial de su actividad, como puede ser el caso de Youtube. Estas escapaban por su naturaleza del ámbito de la anterior regulación y ahora se deberán regular todas ellas bajo un mismo paraguas normativo. Fruto de las negociaciones presupuestarias, el actual proyecto de ley establece que un mínimo de un 6% de los catálogos de las plataformas deberá corresponder necesariamente a obras audiovisuales (películas, series, documentales, animación) en catalán, euskara o galego. Esto es muy importante ya que la anterior ley permitía a las operadoras cumplir su obligación en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado. Lo que pasa es que basándose en esa libertad de elección las cadenas emitían prácticamente todo en castellano. Esto demuestra que el mercado solo está cómodo con las lenguas dominantes.

¿Y entiende que esta ley garantiza dicha pluralidad lingüística?

Esto no ha terminado. Quedan aspectos importantes por aclarar y precisar durante el trámite de aprobación de la ley. Por ejemplo, si dentro del 6% computarán o no películas y series dobladas o si un porcentaje debe corresponder necesariamente a obras en versión original. Igualmente debe acordarse la regulación definitiva de la cuota de financiación anticipada prevista en la Directiva y que el proyecto de Ley pretende devaluar respecto al actual modelo. En cualquier caso, se trata de un paso. El objetivo de la normalización lingüística se cumplirá cuando uno se siente en el sofá, encienda la tele y en el catálogo de las plataformas aparezca, sin rebuscar demasiado, la opción de ver una película o un documental en euskara, en catalán, en gallego, en bretón o en friulano… Ese día, cuando las lenguas minorizadas dejen de ser algo exótico en estas plataformas y sean una opción más, se habrá cumplido el objetivo. La tecnología juega a nuestro favor.

Según la ley, el 6 % de contenido del catálogo de las plataformas en las denominadas “lenguas cooficiales del Estado”, como el euskara, el catalán y el galego, solo será aplicado a empresas que tienen su sede fiscal en el Estado español, por lo que plataformas como Netflix o HBO no se verían afectadas. ¿Es real dicha cuestión y qué opinión tiene sobre esta cuota de contenidos obligatoria?

No conozco en profundidad la argumentación del Ministerio de Industria y por eso opino con cautela, pero me parece no muy coherente desde un punto de vista jurídico. El artículo 13 de la Directiva no establece ningún criterio lingüístico. De aplicarse esta interpretación que ahora mantiene Madrid, una plataforma OTT de video bajo demanda como Netflix, HBO o Amazon Prime Video podría emitir el 100% toda su programación en inglés. Lo que no cabe es plantear una limitación al euskara, el catalán y el galego que luego no se aplique al castellano.

Lo que subyace es algo mucho más profundo que excede al audiovisual y que se aplique a los nuevos modelos de negocio de la economía digital. Es el tema central de la deslocalización de estas grandes corporaciones que pretenden operar bajo el principio anglosajón de “safe harbour” o puerto seguro, es decir, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad, se sienten una especie de “caballito blanco”. La evasión de las plataformas respecto a la aplicación de la Ley Audiovisual tiene una base muy similar a la evasión de las grandes corporaciones respecto a la normativa tributaria o la legislación laboral. Pagamos los impuestos que queremos y donde queremos y las normativas estatales no nos afectan. Esto se soluciona legislando. La llamada Ley Riders es un ejemplo. En nuestro caso, la solución debe venir de Bruselas. En estos momentos se debaten, bajo la enorme presión de lobbies de todo tipo, los Reglamentos de Mercados Digitales y de Servicios Digitales, que deberán permitir por fin regular la responsabilidad de estos prestadores de servicios digitales como son las plataformas OTT y evitar su deslocalización y que escapen del cumplimiento de las normas que se aplican al resto de operadores.