Detectan elevadas desviaciones en un contrato de la Gürtel adjudicado por el Gobierno de Aznar

Un contrato adjudicado en 2003 por el Gobierno de José María Aznar para la recuperación ambiental de las Marismas de Santoña y Noja, en Cantabria, registró una desviación de cerca de 177.000 euros, por encima del 10% el presupuesto inicial. La empresa beneficiada aparece ligada a la ‘trama Gürtel’.

La unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Intervención General de la Administración del Estado español ha detectado «muy notables desviaciones» en un contrato adjudicado en 2003 por el Ministerio español de Medio Ambiente a Constructora Hispánica SA, empresa investigada en la trama del ‘caso Gürtel’.

Así consta en un informe con fecha del pasado 16 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española, donde el juez Santiago Pedraz investiga si los donantes de la presunta ‘caja B’ del PP daban dinero a cambio de adjudicaciones concretas.

Según explican los investigadores, existe un sobrecoste de 28.633,39 euros, que representa el 1,74% del contrato que ya contaba con un modificado del 9,99%, por lo que superaría el porcentaje límite y hubiese requerido el informe de la Inspección de Servicios.

El jefe de la unidad ha precisado que, «dada la naturaleza de las partidas en las que se producen los excesos de medición, así como sus muy notables desviaciones, parece claro que las mismas pudieron y debieron incluirse en la modificación del proyecto, superando así el 10% del importe del contrato primitivo, lo que hubiera requerido el informe de la Inspección de Servicios del Ministerio».

Los investigadores responden así a la petición del magistrado relativa al contrato para la recuperación y restauración ambiental de las Marismas del Joyel en la reserva natural de las Marismas de Santoña y Noja, en Cantabria.

Exceso de modificaciones en el contrato

Según detalla el informe, el presupuesto base de licitación era de 1.808.669 euros y la fecha de adjudicación se remonta al 25 de marzo de 2003 por un importe de 1.492.152 euros. El contrato no se firmó hasta el 8 de mayo de ese mismo año y el 8 de julio se iniciaron las obras.

Los investigadores explican que el contrato fue objeto de un modificado por importe de 148.996,37 euros (aumento del 9,99% sobre el importe de adjudicación), lo que arrojó un presupuesto modificado de 1.641.148,77 euros.

Y destacan que, según la certificación final, «hay un exceso» de 28.633,39 euros (1,74% sobre el presupuesto modificado), «lo que supone un importe final de obra ejecutada de 1.669.782,16 euros».

Constructora Hispánica se hizo con la adjudicación al obtener «la puntuación más alta entre las diez empresas admitidas», pero la propuesta de adjudicación «se efectuó con el voto en contra del representante de la Intervención Delegada por considerar insuficientes los informes que justificaban la valoración de las soluciones de carácter técnico de dicha empresa», según consta en el informe.

El «caso de las comisiones finalistas»

Esta causa, conocida como la de las «comisiones finalistas», la inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero la cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede del PP en la calle Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.

Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del pasado 16 de julio ante Pedraz, el extesorero implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.

En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. Según Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado, y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.