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Bajada de pantalones sobre un escorpión

El Gobierno español hizo un ridículo espantoso al bajarse los pantalones ante UPN para que sus dos diputados acabaran clavándole su aguijón, votando en contra de la convalidación de la reforma laboral. Solo un error del PP le salvó de fallecer ahogado.

Carlos García Adanero y Sergio Sayas, en sus escaños.

El 30 de diciembre, apenas hace unos días, la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Iruñea, Maite Esporrín, rechazó los presupuestos presentados por el alcalde de Navarra Suma y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, por considerarlos nada menos que «irreales» y basados «en ingresos ficticios». Hasta ayer mismo, para Maite Esporrín y su partido, Enrique Maya era un «xenófobo» que merecía la tercera reprobación por parte del Pleno municipal. Pero, de pronto, los números de las cuentas del Ayuntamiento pasaron del rojo fake/invent al negro prodigio; y las declaraciones de Maya culpando de la mayoría de los delitos cometidos en Iruñea a los niños inmigrantes dejaron de ser racistas, para volver después a serlo nuevamente.

Llevaba camino de ser el enésimo sapo a tragar por el PSN en su subordinación a las órdenes del PSOE remitidas por motorista desde Madrid. Otro agostazo esta vez en febrero. Esta vez con monumental ridículo incluido.

Y UPN votó en contra

Hasta las cuatro de la tarde de ayer, aproximadamente, el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tenían el problema –digamos que de imagen– de haber renunciado a cumplir el compromiso de derogar la reforma laboral del PP, entregándose para ello a la recolecta de votos entre partidos como Ciudadanos y UPN.

Pero cuando trascendió el mezquino precio de los dos escaños de los regionalistas navarros, el problema subió a una categoría que Unidas Podemos va a tener difícil explicar ante amplios sectores de Euskal Herria, porque del PSOE poco esperan estos ya.

El presidente de UPN, Javier Esparza, dijo el miércoles que su apoyo al decreto lo daban «por sentido de Estado». Tal sentido de Estado que los dos diputados en Madrid, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, aseguraban que lo votarían en contra de su voluntad. El precio era Enrique Maya.

Pero todo lo susceptible de empeorar puede hacerlo, y Adanero y Sayas no cumplieron su palabra y finalmente votaron en contra de la convalidación. Se explicaron por twitter diciendo que no podían reforzar un Gobierno al que apoya EH Bildu y que se deben a sus votantes que no entenderían su sí.

Hay que leer las fábulas clásicas, como la del escorpión y la rana. El castillo de naipes construido por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz amenazaba con caer estrepitosamente. Lo salvó un error el diputado del PP Alberto Casero que había pulsado un sí en el voto telemático.

La presidenta del Congreso, Maritxell Batet, leyó los resultados pero también se equivocó, dando inicialmente por derogada la convalidación del decreto de la reforma laboral. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz miraban incrédulas al presidente, Pedro Sánchez, que pedía calma.

Maritxell Batet rectificó y dio el resultado final de 175 votos a favor y 174 en contra. Aprobada. Los aplausos de las bancadas del PSOE y Unidas Podemos al saberlo y los gritos de «sí se puede», tenían el eco metafórico de un «¿a qué precio?» en la bóveda del Congreso donde todavía permanecen las huellas de los disparos de la Guardia Civil en el asalto de Antonio Tejero. ¡Qué imagen!

Conocida la jugarreta de los dos diputados del UPN, y en consonancia con los mismos principios de las cuatro de la tarde, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, anunciaba que ahora votarían a favor de la reprobación del alcalde Enrique Maya, acusando de deslealtad a Carlos García Adanero y Sergio Sayas.

Menudo papelón

Por si no fuera poco haber llevado hasta el extremo el trapicheo parlamentario para ponerse al servicio de una CEOE que prohibía que la soberanía popular se impusiera a lo ganado en la mesa de póquer llamada de diálogo social, el resultado final supone una victoria pírrica en la que un Gobierno que se llama de izquierdas no se deja unos pelillos en la gatera, sino verdaderos jirones de piel.

Menudo papelón. Tragarse programas electorales, acuerdos de Gobierno, los discursos de la investidura y pactos firmados y público, para que te tomen el pelo dos diputados de UPN y te salve un error del PP.

Por lo demás, el pleno discurrió por los cauces previstos, aunque quizá llamó la atención que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tuviera palabras de agradecimiento hacia el PNV, a pesar de que los jeltzales acabaron votando en contra, como habían mantenido las últimas semanas. El Gobierno valoró que hubieran seguido negociando hasta el último momento, probablemente sabedor de que no le conviene romper con Sabin Etxea.

Aitor Esteban devolvió las buenas palabras, pero lamentó la «sordera» del Gobierno y la «imposición» del acuerdo del diálogo social. «Nos gustan los consensos, pero los consensos no se imponen y menos a un Parlamento democrático. Es el colmo del antiparlamentarismo», denunció. E hizo extensivas sus críticas también a la patronal, cuya exigencia de no modificar ni una coma del acuerdo calificó de «chantaje intolerable a los representantes democráticamente elegidos».

Por EH Bildu, Oskar Matute afirmó desde la tribuna que «venimos con una mano tendida y un puño cerrado» en defensa de los derechos de los trabajadores. «Realizamos una propuesta concreta que mejora esta ley, que pasaba de la insuficiencia actual», recordó. «No era una propuesta de máximos. Eran cinco punto para que se nivele la balanza entre el esclavo y el que manda».

Explicó que su voto en contra «no es para hacer tambalear el bloque de investidura. Si se fractura, desde mañana tocará reconstruirlo. Solo las políticas de izquierdas logran avances para las clases trabajadoras».

Si la contradicción entre el decreto aprobado y lo prometido por el Gobierno era difícil de defender teniendo los votos necesarios para cumplir la palabra dada, el sainete en el que se convirtió la búsqueda de apoyos en la derecha y el estrambote de la votación, son una daga clavada en la credibilidad del Gabinete de Sánchez, Calviño y Díaz.