La reglamentación de los alquileres en Ipar Euskal Herria se decide en París
La decisión del prefecto de Pirineos Atlánticos de crear un comité estratégico sobre la vivienda se complementa con el anuncio por Jean-René Etchegaray de que la ley 3DS, que se votará esta semana en París, despejará el camino para que las instituciones vascas puedan intervenir sobre los alquileres.
La crisis de la vivienda cobra peso en la agenda institucional de Ipar Euskal Herria.
Si el prefecto de Pirineos Atlánticos, Eric Spitz, aprovechó una visita, la pasada semana, a Ziburu para anunciar su propuesta de creación de una comisión estratégica destinada a abordar respuestas a la crisis de vivienda, el sábado fue el turno del presidente de la Mancomunidad Vasca.
Jean-René Etchegaray hizo un aparte en la reunión del consejo comunitario de la institución, reunido en Baiona, para dar cuenta de sus gestiones para que algunas instituciones locales vascas asuman la potestad de encuadrar los alquileres.
El dirigente centrista, que se ha distanciado de su partido, la Unión de Demócratas e Independientes (UDI), y parece acercarse cada vez más al entorno macronista, saludaba que «el Estado acuda en apoyo de las colectividades locales para poner en marcha una política activa en materia de vivienda».
Etchegaray abogaba así abiertamente por «una solución específica para el País Vasco» que dote de instrumentos eficaces «a los alcaldes, que son quienes conocen la situación que se da en el territorio».
Un preámbulo antes de presentar su dispositivo: «Mi proyecto de sociedad pública de ordenamiento local (SPLA) será un instrumento en manos de los alcaldes que permitirá una gobernanza y una actuación directa», detallaba el presidente de la institución de Ipar Euskal Herria, según recoge el digital Mediabask.
Etchegaray optaba por la prudencia a la hora de evocar el demandado dispositivo sobre la gestión de los alquileres.
Tras el acuerdo alcanzado en comisión mixta paritaria, las dos cámaras del legislativo galo deben votar esta semana la llamada Ley 3DS (diferenciación, desconcentración, descentralización) que, aunque queda muy lejos de las demandas de reconocimiento territorial planteadas, entre otros, por los electos corsos, incluye medidas para agilizar las políticas públicas a cargo de las instituciones locales.
Interlocución directa con el Ministerio de Vivienda
A expensas de esa ratificación, el Ministerio de Vivienda francés habría incorporado la demanda cursada desde Ipar Euskal Herria que permitiría recurrir esa reglamentación pública de los precios de alquiler.
«Estoy encantado porque, tal como le he señalado a la ministra Emmanuelle Wargon, ello nos permitiría tramitar de forma bastante rápida la cuestión del encuadramiento de los alquileres que, sin duda, el Gobierno va a aceptar», se congratuló Etchegaray.
La medida no tendrá carácter retroactivo por lo que solo afectará a los contratos de alquileres que se suscriban tras la promulgación de ese nuevo marco legal y afectaría a parte del territorio vasco, concretamente a las 24 municipalidades incluidas en la llamada zona de máxima tensión inmobiliaria, que incluye a la costa labortana y su área de influencia.
Se podrían beneficiar de esa capacidad de regulación del alquiler los ayuntamientos de los siguientes municipios: Ahetze, Angelu, Arbona, Arrangoitze, Azkaine, Basusarri, Baiona, Biarritz, Bidarte, Biriatu, Bokale, Ziburu, Getaria, Hendaia, Jatsu, Lehuntze, Larresoro, Mugerre, Donibane Lohizune, Hiriburu, Urketa, Urruña, Uztaritze y Milafranga.
Otras derivadas de la crisis pendientes de resolver
De confirmarse la adopción en París de la medida solicitada por la Mancomunidad Vasca sería el primer paso de cara a incidir en los precios del alquiler tras la gran movilización ciudadana que congregó, el pasado 20 de noviembre, a 8.000 personas en las calles de Baiona en apoyo al derecho a la vivienda.
Ese paso adelante no resolvería, por descontado, todas las derivadas de la crisis, agudizada a raíz de la pandemia, y que desborda con creces a la zona de influencia de la zona labortana, a la que afectaría la eventual reglamentación de los alquileres.
De ello son testigo las sucesivas acciones para denunciar la pérdida de tierras agrícolas en favor de proyectos urbanísticos que se han desarrollado en los últimos tiempos en localidades como Kanbo, Hazparne, Aiherra o Irisarri.