Perú se enfrenta a Repsol por una marea negra

El tsunami provocado por la erupción del volcán en Tonga el 15 de enero está teniendo consecuencias muy graves para el medio ambiente en las costas de Perú, afectadas por un gran derrame de petróleo en la mayor refinería del país, que es propiedad de Repsol.

El vertido de petróleo en la costa del distrito de Ventanilla (Callao), a unos 30 kilómetros al norte de Lima, se ha convertido en un desastre ecológico cuyo impacto futuro todavía es una incógnita. En el presente, los últimos informes contrastados señalan que se han derramado al menos 10.396 barriles de crudo (1,65 millones de litros), lo que casi duplica la cifra que dio inicialmente Repsol, la multinacional española que opera la refinería La Pampilla, la más grande del país, que procesa diariamente 120.000 barriles, el 40% del abastecimiento total del mercado petrolero peruano.

Pero desde el pasado lunes, 31 de enero, esa actividad se ha visto interrumpida ya que el Gobierno peruano ordenó paralizar la carga y descarga de buques petroleros, situación que se mantendrá hasta que la empresa ofrezca «las garantías técnicas de que no se va a producir otro daño en el mar de los peruanos», lo que incluye la modificación de los planes de contingencia con acciones más drásticas, según explicó el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez.

También criticó que «no ha habido directivas claras de limpieza y socorro para enfrentar el desastre» por parte de Repsol y que «no ha dado la certeza de que pueda afrontar un nuevo derrame».
En un comunicado, la petrolera calificó la medida de «desproporcionada e irrazonable», aunque se mostró dispuesta a cooperar con las autoridades para reanudar las operaciones lo antes posible, y aseguró que estaba «centrando todos los recursos y esfuerzos en las tareas de limpieza del derrame y apoyo a las poblaciones y la fauna afectada».

Por cierto, al día siguiente, 1 de febrero, y horas después de visitar el centro de control de la emergencia que ha sido instalado en La Pampilla, Ramírez dejó la cartera ministerial en manos de Wilber Supo Quisocala, consecuencia de la remodelación gubernamental realizada por el presidente peruano, Pedro Castillo, tras las dimisiones sucesivas del ministro del Interior, Avelino Guillén, y de la primera ministra, Mirtha Vásquez, provocadas por una crisis derivada de factores políticos y sociales internos.   

Al menos se ha vertido al mar el equivalente a 10.396 barriles de crudo (1,65 millones de litros), el doble de lo que Repsol calculó en un principio, afectando a 50 kilómetros de costa al norte de Lima y extendiéndose unos 140 km por el mar.

Supo debe asumir ahora las tareas relacionadas con la mitigación de un desastre ambiental que ya ha afectado a una superficie marina de 105 kilómetros cuadrados y a unos 50 kilómetros de costa, incluidas dos áreas protegidas y más de 20 playas, así como a los recursos hidrobiológicos y al trabajo de cientos de personas que viven de las actividades relacionadas con el mar.

Con más detalle, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha cifrado las áreas afectadas por el derrame en 1.800.490 metros cuadrados de tierra y 7.139.571 metros cuadrados de mar.

Primeras medidas judiciales

El pasado miércoles, el representante de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, denunció en su Consejo Permanente el «daño ambiente y económico causado en la costa peruana por el derrame de petróleo ocasionado por la empresa Repsol», subrayando que el país se encuentra frente a un escenario sin precedentes en su historia. Forsyth comunicó que el Gobierno había suspendido las actividades de la petrolera mientras «evalúa una drástica sanción» y que la Fiscalía ha iniciado investigaciones. Solicitó también a la organización americana que en la agenda de la próxima sesión ordinaria del Consejo Permanente aborde esta «tragedia ambiental».

Por el momento, la Justicia peruana ha prohibido salir del país durante 18 meses a cuatro responsables de Repsol –entre ellos su presidente en Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta– mientras investiga su presunta responsabilidad en un delito de contaminación ambiental. Los cuatro asumieron el fallo judicial y sus abogados resaltaron que han colaborado con la Justicia.
El derrame de petróleo se produjo el 15 de enero en el terminal marítimo número 2 de La Pampilla, al soltarse o desprenderse presuntamente la plataforma de colectores, en coincidencia con un nivel inusitado del mar a causa del tsunami generado por la erupción volcánica en Tonga a unos 11.000 kilómetros, al otro lado del Pacífico. En aquel momento, el buque Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles en la refinería. Los responsables de Repsol culpan del incidente al fuerte oleaje que se levantó ese día y afirman que las autoridades marítimas peruanas no habían emitido ninguna alerta.

Para controlar las manchas de petróleo en la superficie del mar se han instalado unas barreras de separación de unos cinco kilómetros, mientras que unas 2.500 personas trabajan en la limpieza de playas.

El estallido del volcán fue a las 23.30 del viernes (hora de Perú) pero el primer comunicado de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DGN) de la Marina no fue difundido hasta las 16.19 del sábado, pese a que las noticias de la erupción circulaban desde la mañana en la prensa peruana. «Ante la erupción volcánica en Nukualofa-Tonga, este no genera tsunami en el litoral peruano. Se pide mantener la calma e informarse a través de los avisos especiales que emite la Dirección de Hidrografía», tuiteó la entidad de la Marina en la tarde del sábado.

La Marina solo comunicó la «presencia de oleajes anómalos» la noche del sábado después de que el mar se saliera 100 metros en la playa de El Chaco y se hicieran virales los vídeos de los bañistas huyendo hacia las calles altas. Fue entonces cuando se produjo el fallecimiento de dos mujeres, ahogadas en el interior de una camioneta que fue arrastrada por el oleaje cuando conducían cerca de la orilla de la playa Naylamp.

La primera ministra pidió un informe a la Marina sobre los criterios técnicos para la emisión de alerta de tsunami: «Queremos revisar por qué esta alerta no se difundió a tiempo, y revisar –puede ser que haya una razón técnica– por qué si en Chile y en Ecuador sí (hubo alerta de tsunami), en Perú no. Hemos pedido al Ministerio de Defensa que la Marina aclare las razones y los criterios», añadió Vásquez. «Tomamos en cuenta las críticas porque supone una responsabilidad muy grande: cómo prevenimos una situación que puede generar no solo un desastre, sino el costo de vidas como las de las dos personas que han fallecido», declaró.

Manifestaciones contra la petrolera

Y mientras se desarrollan las labores de limpieza en el mar y en la costa, continúan también las movilizaciones de denuncia en las calles. «A mediados de febrero no habrá manchas de petróleo en el mar. En un escenario optimista, las operaciones en las zonas difíciles concluirán a finales de marzo», aventuró el viernes el director de Seguridad Ambiental de Repsol, José Terol, que dirige estas operaciones de limpieza.  

Pero mientras Terol comparecía ante los medios, decenas de comerciantes de Ancón, ciudad balneario ubicada a 20 kilómetros al norte de la refinería, mostraban su descontento blandiendo pancartas en las que se leía “Repsol asesino” o “Repsol, hay que repararlo”. «La razón de esta manifestación es que estamos sin trabajo a causa de esta contaminación del mar –señaló a AFP Miguel Basurto, conductor de mototaxi de 53 años–. Estamos indignados porque no recibimos ningún apoyo de Repsol. Se lavan las manos y se van dejándonos con toda esta contaminación que afecta a niños y ancianos».

El Gobierno español envió al secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigoás, quien se reunió con  el viceministro peruano de Exteriores, Luis Enrique Chávez, y los alcaldes de Lima y Callao.

Por su parte, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Sernanp) realiza un monitoreo en Islotes Pescadores, reserva nacional ubicada en el distrito de Ancón y una de las zonas más castigadas. Desde el 18 de enero, ha localizado una media diaria de 10 aves muertas a causa de la contaminación de las aguas.

Además, hasta el pasado miércoles había rescatado 22 aves marinas, entre piqueros, guanays y pingüinos. Respecto a la nutria marina, que ya estaba clasificada como «especie en peligro», este organismo alertó de que podría producirse una «extinción local». «Pero además de mamíferos y aves, la tragedia medioambiental afecta a crustáceos, artrópodos, conchas, almejas o erizos», un listado todavía incompleto.