La oposición madrileña amplía sus denuncias en la Fiscalía sobre el hermano de Díaz Ayuso

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, los grupos que forman la oposición en la Asamblea de Madrid, han ampliado sus denuncias ante la Fiscalía contra la Corrupción en relación a los contratos y pagos obtenidos por el hermano de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Los grupos parlamentarios Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid han ampliado este miércoles sus denuncias ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada reclamando que investigue «fraccionamientos» en contratos de emergencia y facturas de la Comunidad de Madrid para compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En la denuncia de Más Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, se expone que existen cuatro facturas entre la empresa Priviet Sportive SL y Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, en el año 2020. Una de ellas tiene «conexión directa con el contrato público de emergencia» a la mercantil Priviet Sportive y la factura al hermano tenía como concepto la presidenta de la Comunidad de Madrid, tenía como concepto, «sin conocer el literal, la adquisición de mascarillas y el envío desde China a la ciudad de Madrid con una cuantía de 58.850 euros brutos».

En declaraciones a los periodistas ante las puertas de la Fiscalía, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha señalado que se después de que ayer abrieran diligencias, hoy han acudido a «traer más indicios e irregularidades».

En primer lugar, exigen conocimiento de las otras tres facturas, ya que solo tienen información de una; cómo llegaron las mascarillas y por qué en el contrato hablaban de FPP2 y llegaron las KN95. Conocer por qué una empresa que se dedica al textil y tiene 47 vacas nodrizas contrata con la Consejería de Sanidad e investigar el resto de contratos en los que seis fueron adjudicados en menos de seis meses y dos de ellos en menos de dos días. «Esto es claramente un delito», ha supuesto García.

A ello, también le añaden los contratos que han venido denunciando desde su partido en el hospital Zendal, como la sala de prensa que sirvió para hacer dos ruedas de prensa con nueve televisores que costaron 8.000 euros, más 40.000 euros del montaje de la sala.

«El contrato es la punta del iceberg y lo seguiremos denunciando por vía judicial y política. Vamos a pedir la comparecencia de Ayuso aprovechando la conferencia de presidentes, porque tiene que dar cuentas y que por fin dé la cara porque el dinero siempre se va por el desagüe de la corrupción», ha lanzado la líder de la oposición en la Asamblea.

«Posibles delitos», dice Unidas Podemos

Por su parte, Unidas Podemos se centra en los contratos menores. Recuerdan que por parte de la presidenta se ha puesto de manifiesto que su hermano mantenía varias relaciones con Priviet Sportiv S.L., que le llevaron a facturar cantidades superiores a la de 55.000 euros. Sin embargo, consideran que esta circunstancia no casaría con el modelo de retribución manifestado, que sería en concepto de actividad económica.

En su caso lo que correspondería es situar a Tomás Díaz Ayuso en la relación laboral especial de representante de comercio pudiendo haberse incurrido en responsabilidades derivadas «de una contratación que debiera haber sido laboral y no mercantil, eludiendo el empresario sus responsabilidades de Seguridad Social».

Asimismo, en la denuncia exponen que de forma independiente al meritado contrato, Tomás Díaz Ayuso «aparece implicado en una pluralidad de contratos de la Administración Pública madrileña». En 2020 se realizaron con la entidad Artesolar Iluminación S.L. sendos contratos respectivamente por las cuantías 16 euros de 11.942,7 euros, con idéntico objeto («lámpara»), por cuantías «inferiores al límite legal para tramitar la adjudicación con publicidad y concurrencia, que se adjuntan al presente escrito».

«Hay hechos que pueden ser constitutivos de delito. No aparecen desgranados los conceptos. Hay Varios contratos menores para sortear los principios que deben regir la institución pública. Son contratos producidos a dedo y sin publicidad a Artesolar, que figuraba el hermano como jefe comercial, y lo borró de Linkedin», ha lanzado la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

Jacinto considera que la empresa Artesolar, «al menos hasta ayer, se ha adjudicado una decena de contratos menores». Dos concretos, del 4 y 5 de mayo, que tendría como «único fin desgranar los contratos para sortear los principios de la contratación pública».

Además, quieren que se investigue en concepto de qué es «la mordida de 55.000 euros». Para ello, ha recordado que han exigido una auditoría independiente, porque «esto parece que es la punta del iceberg».

PSOE quiere saber sobre el transporte

Desde el PSOE, la ampliación de la denuncia también está centrada en la confesión que hizo el pasado viernes la presidenta de que su hermano se había beneficiado de la adjudicación directa de la empresa de un amigo de ambos. Por eso, solicitan que investiguen las otras tres facturas, ya que solo acreditó una.

Piden a la Fiscalía que amplíe el objeto de la investigación para ver si «corresponden o no con el trabajo para que se produjera ese contrato y la transferencia de dinero». También, piden explicaciones con el transporte y la logística, así como la llegada de material.

«No es muy lógico que en el expediente de un caso como este tienen sellos dobles, con entradas a Ifema y un pago de un vuelo de mercancía similar del 14 de abril de 2020», ha sostenido el portavoz del PSOE, Juan Lobato.

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Madrid ha pedido a la presidenta que «dé la cara» y deje de estar «aislada», para dar explicaciones sobre estas facturas en sede parlamentaria.

«Todo esto lo tiene que responder en la Asamblea de Madrid. Es una cuestión sencilla y lógica que explique que ha pasado, que digan que en un momento complicado necesitaron ayuda y que se han equivocado y van a devolver el dinero. Nuestra responsabilidad es que si obtenemos información de una comisión de delito es trasladarla a la Justicia, como tenía que haber hecho (el líder del PP) Pablo Casado», ha lanzado Lobato.