«El sistema político asumió la corrupción del franquismo como un mal aprovechable»

El magistrado Joaquim Bosch hace una pormenorizada historia de la corrupción del último medio siglo en un libro y señala que la Transición «afrontó el problema ignorándolo». Afirma que la ratio delictiva de la clase política española «se acerca a Guatemala y Honduras». Euskal Herria, «ningún oasis».

Comenzó en la carrera judicial en 2002 y desde entonces no ha cesado en lo que parece ser su otra vocación, que es comunicar. Autor de varios libros, el valenciano Joaquim Bosch Grau disfruta explicando todo lo que su profesión le ha enseñado sobre ese flagelo llamado corrupción.

Actualmente juez de instrucción en Moncada (País Valencià) y ex portavoz estatal de Jueces por la Democracia (ahora lo es a nivel territorial), Bosch ha publicado recientemente su nuevo libro "La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España" (Ed Ariel, 2022), en el que hace una exhaustiva radiografía de las prácticas corruptas en la dictadura franquista, la Transición y los años subsiguientes.

En entrevista con GARA, Bosch afirma que los estudios internacionales demuestran que «no hay equivalente en otros países democráticos de la concentración numérica de políticos corruptos». La del Estado español se asemeja a países centroamericanos, aunque matiza que la diferencia es que la corrupción española «no es tan sistémica» sino mucho más concentrada en su clase política.

Usted afirma que las razones de la corrupción no son genéticas como algunos a veces parecen creer sino que tiene que ver con cómo se han confeccionado las instituciones. ¿Cómo es eso?

Sí. Si las causas fueran genéticas tendríamos un grave problema porque eso es muy difícil de cambiar. Por varios estudios sabemos que el problema de las prácticas corruptas es por cómo son configuradas las instituciones. Los países con niveles bajos de corrupción cuentan con sistemas preventivos y sólidos, mecanismos aceitados de separación de poderes, instrumentos de participación democrática dentro de los partidos y fuera de ellos y cuentan con elementos disuasorios que permiten castigar con eficacia la corrupción. Si España tuviera estas leyes sería distinto.

¿En todo el Estado es igual o hay diferencias territoriales?

Bueno, Euskadi no es un oasis en temas de corrupción, hubo casos en la administración sanitaria y en los ayuntamientos, pero sí tiene niveles más bajos comparado con otros territorio del Estado y no ha tenido principalmente graves problemas de financiación ilegal. Eso es porque allí han confluido una serie de razones. Durante muchos años no hubo grandes mayorías absolutas, el sistema político ha estado fragmentado. Las mayorías absolutas favorecen la corrupción, como se ha demostrado, y los equilibrios y contrapesos son los que la evitan. También en el PNV los cargos de partido no pueden ocupar cargos institucionales y eso es considerado por los expertos como un buen contrapeso. Además el País Vasco ha sido pionero en la incorporación de medidas de transparencia.

En su libro dice que es en la dictadura franquista cuando la corrupción adquiere niveles sistémicos. ¿Por qué?

Hay varias razones que explican la importancia del franquismo en la vertebración de un sistema institucional muy corrompido. En líneas generales esto pasa con todas las dictaduras; no hay libertad de información ni jueces independientes. Franco era muy pragmático y entendía que los intereses económicos son un pegamento mas adherente que la ideología, así que permitía la corrupción a cambio de la adhesión de esos sectores. El Estado sumó muchas competencias y en los países eso ocurrió con controles mientras que en España no pasó. La forma de transición también la ha facilitado.

«La mitad de los ministros de Franco continuaron con la política y la mitad pasó a los consejos directivos. Se ve con la creación del Ibex en 1982»

¿Los líderes de la Transición confrontaron lo suficiente con esta herencia corrupta?

Los elementos de continuidad fueron muy relevantes porque la dictadura llegó como una fortaleza hasta la muerte de Franco y la mitad de los últimos ministros de Franco continuaron en política y la otra mitad pasó a los consejos directivos de las empresas. De hecho en 1982 se crea el Ibex y en las 20 principales empresas había antiguos políticos de la dictadura. Hubo miles que pasaron a ser funcionarios públicos sin hacer oposición. Todo eso explica la continuidad. Además que la represión continuó en gran parte durante la Transición con centenares de actuaciones policiales muy violentas. Fue muy difícil forzar una ruptura desde el antifascismo y se acabó negociando con los viejos líderes y era difícil poner sobre la mesa la corrupción del régimen.

¿Pero en democracia los líderes se beneficiaron de esa red de corrupción, la ampliaron o simplemente dejaron que siga?

Bueno, la Transición afrontó el problema de la corrupción en el franquismo ignorándola. Hay datos significativos... Actualmente es frecuente que haya auditorías de cómo se gestiona la administración pero aquí no hubo ninguna, ni una causa judicial. El problema se dejó de lado y las estructuras legales que permitían la corrupción no se modificaron. Lo de Marbella y las costas valenciana, canaria y murciana venía de la dictadura, los grandes amaños continuaron. Nuestro sistema político asumió la corrupción del franquismo como un mal aprovechable, una carta que se podía utilizar. Ha habido muy poco debate sobre esto y usted es el primer periodista que me lo pregunta. Son muy recientes los estudios de la corrupción en la dictadura, apenas se ha hablado.

¿No cree que muchas veces se hace mucho más hincapié en la corrupción de los partidos pero no en la de empresarios y cómplices del sector privado?

Es cierto que eso sucede así, a pesar de los hechos probados que hay. Cuando en los 90 [Josep] Borrell, que era ministro, pidió a los empresarios de la construcción que no pagaran más sobornos, al día siguiente el presidente de la CEOE le dijo que todos los políticos les exigían esas dádivas. Hay estudios de la UE que dicen que esa tendencia se ha mantenido. No puede haber corrompidos si no hay corruptores y apenas se ha prestado atención a la importancia de los corruptores. Cuando hay este nivel estructural de corrupción, no es un problema de delincuencia sino de diseño estructural y capturas de renta de manera continuada.

Los reproches ciudadanos se complementan con cierta resignación, dijo en una entrevista. ¿El peor enemigo es el nihilismo ante la corrupción?

El nihilismo tiene cierta explicación… aunque añado que hemos mejorado. Ahora hay mayor preocupación por la corrupción pero cierta resignación es comprensible. Cuando es sistémica, la corrupción lo abarca todo: jueces, policías, políticos, etc.. En España sin embargo está más concentrado en el ámbito político, en los cargos en las administraciones. De eso no hay equivalente en otros países democráticos. no existe esa concentración numérica tan grande de políticos corruptos. Los porcentajes implicados se acercan a Guatemala y Honduras según los trabajos de campo. Aquí no hay corrupción sistémica al nivel de Centroamérica pero en lo que hace a los cargos políticos sí nos acercamos. La resignación ciudadana se debe a eso.

¿Es España el país mas corrupto de Europa occidental?

En cuanto a corrupción política sí, tiene los mayores porcentajes de políticos encausados. Pero estamos a la cola europea en el número de jueces corruptos. Uno de los problemas es que fallan mecanismos de prevención y persecución. El sistema judicial no cuenta con los medios suficientes. La percepción de impunidad se debe a la falta de medios de la Justicia y la lentitud de los procesos. Países como Italia o Grecia están peor en los rankings de transparencia porque la corrupción se esparce en todos sus ámbitos.

En algunos países existen ministerios de Ética o Anticorrupción. ¿Cree que en el Estado español haría falta uno?

Sí, creo que sería positivo. Lo pondría más bajo el rótulo de ‘integridad institucional’ porque el problema es más de conjunto, la corrupción es un síntoma de la debilidad institucional. Hay que mejorar la imparcialidad de los altos cargos de la administración, que son nombrados a dedo por los partidos y son discrecionales y esto dificulta los controles internos. Los grandes expertos dicen que la mejor forma de luchar contra la corrupción no es luchar contra la corrupción sino intentar que no se produzca. Es muy difícil perseguirla, las prácticas que se conocen son sólo la punta del iceberg.

«Hace falta una legislación preventiva y también una democratización de los partidos políticos»

¿Qué haría usted si fuera presidente del Gobierno?

Bueno, hay dos ámbitos principales. Haría falta una legislación preventiva para dificultar las prácticas que puedan hacerse, proteger a los denunciantes y reforzar los altos cargos para ello. Hacer infraestructura ética. Y lo segundo, la democratización de los partidos políticos, sus cúpulas son muy fuertes y jerarquizadas con poco control y mucha opacidad. También en el sistema electoral habría que apostar por las listas desbloqueadas, como ocurre en Europa. Las listas cerradas no son lo normal, hay que poder expulsar de las papeletas a los corruptos.

Un país ejemplo en materia de anticorrupción y uno al que no habría que parecerse nunca…

El país claramente modélico es Dinamarca, cuenta con un sistema sólido de separación de poderes e instrumentos avanzados de rendición de cuentas. En cuanto a lo otro, no quisiera nombrar ningún país [sonríe]... pero sí me gustaría nombrar ejemplos de países que han hecho cambios institucionales y han mejorado, como Costa Rica, Uruguay y Chile, en Latinoamérica, que estaban muy atrás y han llegado a estar por delante. Hay que ver ese ejemplo.