Aprobada la Ley navarra de Cambio Climático, que delimita zonas para parques eólicos y solares

El pleno del Parlamento de Nafarroa ha aprobado de forma unánime la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con compromisos para reducir las emisiones contaminantes, delimitar zonas para parques eólicos y solares, y que contempla una futura fiscalidad verde.

Compromisos para reducir las emisiones contaminantes, delimitar zonas para los parques eólicos y solares, y contemplar una futura fiscalidad verde son algunas de las medidas que establece la Ley de Cambio Climático, aprobada por unanimidad por el Parlamento navarro después de dos años de trabajo con más de cincuenta expertos y entidades.

Hacer frente al cambio climático «es un desafío urgente por su impacto cada vez más severo en todos los medios y sectores, en los ecosistemas, la biodiversidad, las infraestructuras y los sistemas productivos, además de en nuestros sistemas de salud y alimentación», ha dicho la consejera de Medio Ambiente, Itziar Gómez.

«En este contexto –ha precisado– se encuadran por una parte las políticas de mitigación, que persiguen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de sumidero de CO2 y, por otra parte, las políticas de adaptación, que persiguen reducir los riesgos que origina el cambio climático».

Y Nafarroa, en línea con los compromisos estatales e internacionales, ha tomado ya diversas medidas como la Ley de Residuos y su fiscalidad, la Agenda para el desarrollo de la Economía Circular; la adhesión al Pacto de alcaldías y a la Agenda 2020 o el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano.

Soberanía energética

Tras aludir a las consecuencias del covid-19 y la guerra de Ucrania, Gómez ha apostado por la soberanía energética del herrialde y ha defendido para lograrla una acción «integral» para adoptar políticas sectoriales «coherentes y proactivas, de manera coordinada y colaboradora entre todos sus departamentos, las Administraciones locales y los agentes y colectivos públicos y privados».

Ha defendido además «el uso racional de los recursos» y subrayado el «carácter transversal» de las iniciativas que se necesitan, desde el sector agrario a la vivienda, pasando por el transporte y la industria o la gestión forestal y la investigación.

Por ello, esta ley «ambiciosa» y «precisa», y que tiene como un principio rector el enfoque de género, recoge la creación de una Oficina para el Cambio Climático, un Fondo Climático vinculado a los presupuestos y un Consejo Social, así como una Agencia de Transición Energética.

Establece también obligaciones para promover energías renovables y limitaciones a sus emplazamientos, un plan para el fomento de la biomasa, la eliminación de combustibles fósiles en nuevos edificios desde 2030 y el uso de placas solares, prohíbe el alumbrado ornamental nocturno y prohíbe cortar el suministro de gas y electricidad a personas vulnerables, fija un sistema de control y sanción, y se compromete con una nueva fiscalidad verde.

Unanimidad

Elena Llorente, de Navarra Suma, ha subrayado que la «vulnerabilidad» energética obliga a «un gran pacto» con alternativas al actual modelo basadas en la electrificación, el impulso de energías renovables y biocombustibles, y las infraestructuras de almacenamiento y transporte, y todo ello con una Administración «ágil». Elementos de los que, a su juicio, carece esta ley, que da «poco» apoyo al sector primario, aunque ha sostenido que aún es posible «reconducirla» y valorado las medidas para el autoconsumo.

Javier Lecumberri, del PSN, ha alertado sobre las «consecuencias catastróficas» si no se revierte el proceso de cambio climático y con este reto, ha valorado las medidas que contiene esta nueva ley en los distintos sectores de actividad, con una administración «ejemplarizante y posibilitante», y todo con «una transición energética justa, para que no la paguen los más débiles», lo que le hace ser «una ley transversal e integradora».

Por Geroa Bai, Pablo Azcona ha destacado como «cuestiones troncales» de esta ley, cuya aprobación es «un hito», la Agencia de Transición Energética, los mapas solares en un año y el compromiso de una fiscalidad verde en dos, así como la huella de carbono en 18 meses para las empresas y una nueva ley de movilidad sostenible, «todo negro sobre blanco» con «el urgente desafío» de hacer frente al cambio climático.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha subrayado el compromiso de reducir a la mitad en ocho años las emisiones para evitar consecuencias «devastadoras», lo que exige «compromisos tasados y vinculantes» como los negociados con «ambición» para esta ley en la que ha quedado «la huella» de su grupo. Una contribución de la que ha destacado aspectos como la delimitación de zonas para parques eólicos y solares o la futura fiscalidad verde.

Desde Podemos-Ahal Dugu, Ainhoa Aznárez ha indicado que estamos ante «un reto y una oportunidad» para frenar el cambio climático, al que Nafarroa ve especialmente expuesta, por lo que ha apostado por utilizar el agua, el sol y el viento para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que genere riqueza y dé soberanía, algo «incoherente» con proyectos como el TAV o Mina Muga.

Marisa de Simón, de I-E, ha destacado que la crisis climática provocada por la búsqueda de beneficios privados «desmesurados» llevará a la «extinción del planeta si no se le pone límites», por lo que ha apostado por la eficiencia energética, el consumo responsable, las renovables, aunque «no de cualquier manera», y por una fiscalidad «disuasoria».