La extrema derecha gobierna una parte de Euskal Herria
Este fin de semana todas las miradas estaban puestas en Ipar Euskal Herria, donde las formaciones xenófobas ha duplicado sus resultados. Sin embargo, la llegada de la extrema derecha a las instituciones se ha dado en el sur del país, en Trebiñu y Argantzon, dependientes de Castilla y León.
Las elecciones presidenciales del Estado francés han copado los titulares este fin de semana. Todas las miradas estaban puestas en unos comicios marcados por el auge de la extrema derecha, que ha duplicado sus resultados en Ipar Euskal Herria. En cinco años ha pasado de 21.738 votos a 42.047, convirtiéndose en la fuerza más votada en Gixune, Bidaxune, Sarrikotapea y Etxarri.
Pese a la preocupación que suscitan estos datos, es difícil que la extrema derecha pise moqueta en las instituciones del norte del país, ya que el conocido ‘pacto republicano’ supone una barrera para los partidos xenófobos.
Esta barrera de contención al fascismo no se da en el caso del Estado español, donde el PP no tiene reparos en pactar con Vox. Eso es lo que ha ocurrido precisamente en la Junta de Castilla y León, de la que dependen Trebiñu y Argantzon. Dos municipios situados en el corazón de Araba, con alcaldes de PNV y EH Bildu, que están en manos de una administración gobernada por la extrema derecha.
Se han convertido en los primeros municipios vascos en estar supeditados a los designios de un Gobierno de coalición formado por dos partidos que en los últimos comicios sumaron 202 votos en el enclave. Obtuvieron el apoyo del 13% de las personas llamadas a participar en un proceso electoral marcado por la abstención, del 64,11% en Trebiñu y del 59,59% en Argantzon.
«Integridad territorial de Castilla y León»
Está por ver la postura que mantendrá el nuevo gabinete de Alfonso Fernández Mañueco respecto a la voluntad de los vecinos y vecinas, que reclaman su integración política en Araba. Una demanda a la que Valladolid hace oídos sordos y que no aparece en el acuerdo de investidura suscrito entre PP y Vox.
Sin embargo, entre los «ejes de gobierno» sí figura «asegurar la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial de Castilla y León». En este polémico documento también se aboga por una sistema educativo «libre de adoctrinamiento ideológico»; la exigencia de una «EBAU única en todo el territorio nacional»; y la defensa de «nuestro patrimonio, cultural, nuestras tradiciones y la riqueza del español».
Medidas que se suman a la austeridad, a la bajada de la presión fiscal y a las apelaciones a la «inmigración ordenada» y a la «violencia intrafamiliar». Señas de identidad de una derecha española que se encargará de administrar durante los próximos años el futuro de dos municipios que a finales del curso pasado aprobaron una serie de iniciativas para «reactivar el proceso de incorporación en Araba».