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Las querellas de Òmnium y la CUP por el espionaje de Pegasus apuntan al CNI como responsable

Los afectados por el espionaje de Pegasus de Òmnium Cultural y la CUP han presentado sendas querellas en un juzgado de Barcelona en las que apuntan al CNI como responsable, pero piden al juez que investigue también si alguna unidad de la Guardia Civil y la Policía española ha utilizado el programa.

Imagen de archivo de Amaia Izko y Benet Salellas, abogado que ha presentado las querellas por el espionaje con Pegasus a Ómnium y la CUP. (Iñigo URIZ/FOKU)

Los espiados de Òmnium y la CUP han presentado este lunes en Barcelona sendas querellas en las que apuntan al CNI como responsable del espionaje con Pegasus al tiempo que piden que se investigue a la Guardia Civil y la Policía española.

Benet Salellas, abogado de Òmnium y de la CUP, ha presentado este lunes sendas querellas ante el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona –que desde 2020 investiga el espionaje a los dirigentes de ERC Roger Torrent y Ernest Maragall–, en las que pide que se cite como investigada a la empresa israelí NSO, que desarrolla y comercializa el programa Pegasus desde 2016.

Las denuncias señalan que NSO podría ser cooperadora necesaria o coautora del espionaje, pero apuntan como principal responsable al CNI, dado que, según los querellantes, es descartable que un programa con un «coste elevadísimo de decenas de miles de euros por cada infiltración responda a las veleidades de un sujeto cualquiera».

El hecho de que los espiados sean «personas relevantes del movimiento independentista» hace pensar como tesis más plausible, según las querellas, que quien compró y utilizó Pegasus es «un actor con interés en disponer de información de personas relacionadas» con ese liderazgo político.

«Eso apunta en primer lugar hacia las agencias de información españolas: CNI, Policía Nacional y Guardia Civil, porque es el Estado español el primer interesado en combatir ese movimiento político», añaden los denunciantes.

En las querellas precisan que aún no van a pedir la imputación de los responsables de las agencias gubernamentales españolas, pero pide que se inicie la investigación solicitando informes al CNI y a los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales.

En concreto, piden al juez que pregunte a la Guardia Civil y a la Policía española si les consta si alguna de sus unidades ha «adquirido o utilizado directamente o a través de terceros el citado spyware Pegasus», así como los correos electrónicos que estos cuerpos policiales y el CNI hayan podido intercambiar con NSO.

También pide que la dirección del CNI informe si ha comprado Pegasus y que la Intervención General del Estado y del Ministerio español de Defensa aclaren si se ha abonado alguna cantidad a NSO.

Otra de las diligencias solicitadas es que se remita una orden europea de investigación a las autoridades de Luxemburgo sobre las cuentas vinculadas a NSO con el fin de, posteriormente, reclamar todos sus movimientos bancarios entre 2016 y 2022 e identificar «posibles pagadores españoles del software Pegasus».

El abogado pide que esa información bancaria sea examinada posteriormente por la policía judicial de los Mossos d'Esquadra, según la querella.

Òmnium y la CUP solicitan además que se cite a declarar como testigos a los responsables del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el Centro Tecnológico de Seguridad, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya para que faciliten los datos de que dispongan sobre Pegasus.

El juez que investiga el espionaje a Maragall y Torrent deberá decidir ahora si investiga las querellas presentadas por Òmnium y la CUP y si las incorpora a la causa que tiene abierta desde 2020.

La causa está a la espera de las comisiones rogatorias que el juez remitió a Israel y a Estados Unidos en octubre de 2020 para averiguar la identidad de quienes adquirieron el software a NSO y lo instalaron en los móviles de ambos políticos de ERC.

La Generalitat revisará móviles

En relación al escándalo por el espionaje con Pegasus, la Generalitat ha anunciado que revisará periódicamente los dispositivos móviles de medio millar de cargos para detectar posibles amenazas y programas maliciosos.

El director de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, Oriol Torroella, ha explicado a Rac1 que el plan para blindar las comunicaciones del Govern ya preveía este tipo de revisiones, pero que hasta ahora no se han efectuado como consecuencia de las medidas anticovid y el teletrabajo.

El organismo de ciberseguridad también se ha puesto a disposición del Parlament por si los diputados desean que se revisen de forma periódica sus dispositivos móviles para mantenerlos a salvo de intrusiones.