Al menos 44 muertos en otra matanza en una cárcel de Ecuador
La crisis carcelaria de Ecuador ha vivido este lunes un nuevo baño de sangre en el que han muerto al menos 44 presos en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, con lo que se supera la cifra de 400 reclusos fallecidos en enfrentamientos entre bandas rivales en poco más de dos años.
Si en 2020 fueron 46, la violencia dentro de las cárceles ecuatorianas se desbordó en 2021, cuando se registraron 316 reos perecidos en distintas matanzas, y este 2022 va rumbo a repetir una cifra similar al acumular de momento 63 muertes.
Esta nueva masacre es más la más grande de este año 2022, por encima de la anterior, ocurrida un mes atrás en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, donde murieron 20 reclusos y al menos otros diez resultaron heridos.
La mayoría de los 44 muertos «por no decir casi el cien por ciento, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego», ha señalado el ministro del Interior, Patricio Carrillo, que atribuyó estos hechos a las mismas bandas rivales.
Por un lado está una organización autodenominada "Los Lobos", que aparentemente busca escarmentar con estas sanguinarias acciones a un grupo disidente autodenominado "R7".
Antes de estos episodios, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presumía de que en los tres primeros meses de 2022 apenas habían fallecido ocho presos en las cárceles ecuatorianas, y que las muertes intracarcelarias se habían reducido más del 90% sobre el año anterior, cifras que saltaron por los aires con las dos últimas matanzas.
A diferencia de la masacre de abril en Cuenca, donde se usaron armas de fuego, entre ellas fusiles de asalto, esta matanza se libró con armas blancas, según los primeros indicios reportados por las autoridades, lo que puede explicar las escabrosas imágenes trascendidas en redes sociales.
Fuga de un centenar de presos
Las imágenes que han circulado casi de inmediatonrevelan la extrema crueldad de la noche vivida en esta cárcel, donde se aprecia una pila de cuerpos semidesnudos, algunos de ellos mutilados y sin cabeza, sobre charcos y regueros de sangre en todas las direcciones.
En este nuevo motín, que comenzó en torno a la 1.30 hora loca, se fugaron de los pabellones al menos 220 presos ya sea por salvar su vida o recuperar su libertad, y hasta el momento solo han logrado ser recapturados por las fuerzas de seguridad 112, por lo que 108 siguen fugados.
Es la primera gran crisis a la que va a hacer frente para la nueva cúpula militar y policial designada por el presidente, Guillermo Lasso la semana pasada y ha coincidido con la presentación oficial del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En paralelo a estas masacres dentro de las cárceles también la costa de Ecuador vive una creciente violencia que se atribuye a los mismos grupos por el control del narcotráfico y la exportación principalmente de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Tras escenas de terror como la aparición de diversos cuerpos de decapitados y la actividad cada vez más evidente y frecuente de sicarios, el Gobierno decretó el estado de excepción desde hace semana y media en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas, fronteriza con Colombia.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis carcelaria de Ecuador en el que instaba al Gobierno a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.
Hasta finales de 2021 había más de 36.000 reclusos, casi el 40% sin sentencia, en 36 centros cuya capacidad es de 30.000 reos, aunque el hacinamiento llegaba al 62% en cárceles como la de Guayaquil, la más poblada del país con 7.231 privados de libertad y escenario de los episodios más sangrientos vividos el año pasado.
Para solucionar la crisis carcelaria, el Gobierno de Ecuador está en vías de contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, conceder alrededor de 5.000 indultos a presos condenados por delitos menores y desarrollar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria.