Solicitan penas de hasta cuatro años para cinco jóvenes navarros por la huelga de 2020
Al menos 11 personas se enfrentarán en los próximos meses a distintos juicios en Iruñea por acusaciones relacionadas con la huelga general de enero de 2020. Cinco de ellos han recibido ya la petición fiscal de hasta cuatro años de prisión, que asciende a 12 por parte de la acusación particular.
Jóvenes navarros encausados por la huelga general del 30 de enero de 2020 han denunciado el inicio de varios juicios en los próximos meses, en los que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel.
Según han anunciado en la comparecencia de esta tarde en Katakrak un total de 11 personas se enfrentan a diferentes procesos judiciales. Uno de ellos ya está en marcha contra cinco jóvenes, en el que las peticiones fiscales son de hasta cuatro años de prisión, pena que la acusación particular, formada por sindicatos policiales y una casa de apuestas, elevan hasta a seis y doce años. Se les imputan diferentes delitos que no han especificado.
Este caso corresponde a las detenciones realizadas por la Guardia Civil en el piquete convocado en la tarde del 30 de enero de 2020 alrededor del centro comercial La Morea bajo el lema ‘Para el carro’. Además, se les solicitan fianzas de 27.000 euros. «Al no poder hacerle frente, nos declararemos insolventes, siendo así nuestras nominas embargadas», han explicado.
El resto de casos corresponden a detenciones producidas en otros piquetes. «Salimos a la calle para exigir un cambio de sistema, más social, que pusiera a las personas en el centro y que ofrezca una mayor soberanía para decidir aquí como queremos vivir», han señalado en referencia a aquella jornada de huelga. «Hoy no podemos hacer otra cosa que reafirmarnos en esta reivindicación».
Sin embargo, «ante la alternativa, el sistema y los cuerpos policiales estatales y navarros volvieron a ofrecer su reacción más represiva sobre los huelguistas», han apuntado. «De nuevo nos han puesto a los jóvenes en el punto de mira. Tras precarizarnos, explotarnos, controlarnos y no ofrecernos ningún soporte para la vida digna, cuando salimos en defensa de lo que queremos y necesitamos nos golpean, detienen y juzgan», han resaltado.
En cuanto a los cargos, han subrayado que «son delitos que no hemos cometido y lo saben, pero eso no importa. Están allanando el camino para someter a cualquier alternativa a su sistema. Pero, ante su falta de propuestas para dignificar la vida, la necesidad de alternativa y respuesta a su crisis es imparable».
Para hacerle frente han anunciado la creación de la plataforma Grebalariekin bat!, que además de socializar el caso, tratará, mediante distintas iniciativas, de lograr fondos económicos para hacer frente a los procesos judiciales.