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ELA, LAB y ESK se concentran ante Correos para defender su condición de servicio público

ELA, LAB y ESK se han concentrado ante la sede de Correos en Bilbo en defensa de un servicio postal universal y de calidad y su mantenimiento como empresa pública y unas condiciones de empleo dignas para su plantilla.

Movilización de los sindicatos ELA, LAB y ESK ante la sede de Correos en Bilbo. (LAB sindikatua)

Representantes sindicales de ELA, LAB y ESK se han concentrado ante la sede de Correos en Bilbo para defender su condición de servicio «universal y público» y para exigir unas condiciones laborales dignas. Su protesta ha querido coincidir, aunque se ha desmarcado, de la huelga convocada a nivel estatal por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT por similares demandas.

Representantes de los tres sindicatos han exigido que la empresa cuente con financiación «suficiente» para poder seguir dando un servicio de calidad a la ciudadanía. En este sentido, han pedido que esa condición pública «no se cuestione y se siga manteniendo» porque, desde su perspectiva, algunos movimientos desde la Dirección les hacen temer que esa condición pública «está en entredicho».

Además de ese mantenimiento como empresa pública, ELA, LAB y ESK han recordado que el convenio colectivo para el personal funcionario está sin renovar y prorrogado desde 2009.

Correos cuenta en la actualidad, según las estimaciones sindicales, con alrededor de 50.000 trabajadores en el Estado español de los que en torno a 2.500 se encuentran en el conjunto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Ese total, según han explicado, se divide entre personal funcionario, laborales fijos y una plantilla de eventuales que sitúa la temporalidad en torno al 30%, con un grado de precariedad «brutal».

Según han transmitido en declaraciones a los medios, en la actualidad, quedarían en torno a 5.900 funcionarios, de los que, según sus cálculos, en tres o cuatro años, con las progresivas jubilaciones previstas, el personal funcionario se quedaría por debajo de los 3.000, cuando llegó a alcanzar los 60.000, todos funcionarios al «cien por cien».

A partir de ahí, se temen que la empresa «aproveche para dar cabida a capital privado y proceder a privatizar el servicio», han advertido.