Votar desde el extranjero no volverá a ser una carrera de obstáculos

El Congreso de los Diputados eliminó el pasado jueves el voto rogado para los electores fuera del Estado español. Desaparece así un mecanismo que en la última década llevó el voto exterior a la mínima expresión.

En las elecciones al Parlamento de Gasteiz de 2005 el censo de votantes fuera del Estado español estaba formado por 38.265 personas. De ellas, ejercieron su derecho a voto 9.900, un 26%. Tres lustros más tarde, en las últimas elecciones de la CAV de 2020, el censo de votantes fuera del Estado se había duplicado, alcanzando las 75.998 personas. De todas ellas, sin embargo, solo votaron 2.644. Apenas un 3,5% del censo.

La respuesta a semejante desplome hay que buscarla en la reforma electoral que en 2011 instauró el llamado voto rogado para los votantes fuera del Estado español. Hasta entonces, bastaba con estar inscrito para formar parte del censo electoral, recibir las papeletas por correo y poder votar. Con la reforma, pasó a ser cada votante el que debía solicitar su inscripción en el censo, a través de un formulario que, al principio, se recibía por correo -luego fue posible descargarlo por internet-, iniciando una cadena que implicaba hasta cuatro envíos.

Todo el proceso debía completarse, además, en los 54 días que dura el proceso electoral en el Estado español. Esto ha supuesto una importante limitación en muchos países, donde ha sido materialmente imposible realizar los trámites en plazo.

Los problemas se han ido repitiendo durante estos años, llegando a casos escandalosos como el de Catalunya el 27 de setiembre de 2015, unas elecciones que el independentismo convocó como plebiscitarias y en las que más de 6.000 votantes fuera del Estado -mayoritariamente independentistas, habitualmente- no pudieron ejercer su derecho a voto pese a haber cumplido todos los trámites del voto rogado. Las papeletas, simplemente, no llegaron a tiempo.

No solo problema de tiempos

El problema, sin embargo, no es solo de tiempos. De hecho, ese no es ni siquiera el principal problema. Doblar los trámites para poder votar supone un factor de desmovilización muy importante. Así lo muestran los datos de la Marea Granate, el movimiento de ciudadanos del Estado español en el exterior que en los últimos años ha presionado para eliminar el voto rogado.

Según recuerdan, en las últimas elecciones estatales sin este sistema, las de 2008, ejerció su derecho a voto el 31,74% del censo de votantes en el exterior. Solo tres años después, en la primera contienda electoral tras la reforma -la de 2011-, la participación cayó en picado, hasta el 4,95%.

Tras la reforma del voto exterior aprobada el pasado jueves -la séptima desde 1976-, el trámite vuelve a simplificarse y a funcionar, en gran medida, de oficio. Todo ciudadano del Estado español que viva en otro Estado y esté registrado en un consulado formará parte del censo electoral de forma automática y recibirá en un primer envío la documentación necesaria para votar, excepto las papeletas. Este elemento era el que retrasaba, a menudo, todo el proceso, pues había que esperar a que las autoridades validaran cada candidatura. Ahora, será posible descargarlas desde la red.

Algunas estimaciones hablaban la semana pasada de que el voto exterior podría duplicarse o incluso triplicarse en las próximas elecciones, sin llegar, sin embargo, a las cifras de 2008. Una década de letargo pasa factura.