El Tribunal de Cuentas devuelve la fianza que ERC tuvo que depositar por gastos del «procés»
El Tribunal de Cuentas español ha estimado la solicitud del exconseller catalán Raül Romeva y ha acordado devolver el depósito de 2,1 millones de euros que ERC realizó como garantía de presunta responsabilidad contable por los gastos de acción exterior de la Generalitat durante el «procés».
La solicitud de sustitución de medidas cautelares presentada por Raül Romeva, que fue conseller de Asuntos Exteriores en el Govern presidido por Carles Puigdemont, ha sido estimada por el Tribunal de Cuentas del Estado español, lo que en la práctica supone la devolución a ERC de 2.136.164,45 euros.
Ese depósito tuvo que ser presentado por la formación republicana como garantía de su presunta responsabilidad contable y la de otros demandados por los gastos de acción exterior de la Generalitat de Catalunya durante el procés.
Al justificar su decisión, el tribunal explica que está obligado a aplicar lo que dispuso el auto de la Sala de Justicia en el que admitía los avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y, además, ha comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en la ley para poder acceder a la petición de Romeva.
Peticiones de la Fiscalía contra ex altos cargos de la Generalitat
Por tanto, serán los nueve avales del ICF los que garantizarán la efectividad de una eventual sentencia que estime las pretensiones de la Fiscalía y del grupo Sociedad Civil Catalana en cuanto a la posible responsabilidad contable de ex altos cargos públicos catalanes por el presunto dinero desviado en el procés.
La cantidad que Sociedad Civil Catalana reclama a Romeva asciende a 939.797,80 euros, y la que le pide la Fiscalía a 1,3 millones, cifras que cubren los citados avales.
En la vista celebrada la semana pasada, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en contra de su criterio inicial, apoyó la devolución de la fianza al considerar suficientes los avales del Instituto Catalán de Finanzas.
La Fiscalía se dirige contra más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat y cifra en 3,4 millones de euros el supuesto dinero desviado para el proceso independentista de 2017, incluida su promoción exterior.