Madrid recurre la Ley de Contratos Públicos navarra y Remírez insiste en seguir dialogando

El Gobierno español interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley navarra de Contratos Públicos. No obstante, Javier Remírez dice que se han llegado a acuerdos sobre «la gran mayoría» de los mismos y afirma que hasta que haya sentencia seguirán dialogando.

El Gobierno español ha aprobado en su última sesión la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, contra preceptos de la Ley navarra de Contratos Públicos.

En el acuerdo adoptado este lunes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez recuerda que el pasado mes de enero la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Gobierno de Nafarroa acordó iniciar negociaciones para resolver las discrepancias competenciales de esta norma autonómica y, si bien se alcanzaron acuerdos en muchos artículos, no fue posible en los preceptos que se impugnan.

Así, se ha decidido impugnar el apartado dos del artículo único, que añade las letras l) y m) al artículo 7.1 de la Ley Foral 2/2018, dedicado a la exclusión de negocios jurídicos de la contratación pública. Las nuevas exclusiones se refieren a determinados «servicios jurídicos» y a los «acuerdos de adquisición pública de medicamentos».

Argumenta el Gobierno español que el Estado ostenta competencia exclusiva en relación con «la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas», de modo que la mayor parte de las previsiones de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, tienen carácter básico y de aplicación a todas las administraciones públicas.

Además, la LORAFNA señala que «en virtud de su régimen foral, corresponde a Navarra la competencia exclusiva sobre contratos y concesiones administrativas, respetando los principios esenciales de la legislación básica del Estado en la materia».

Por tanto, la introducción por la Ley navarra de estas dos nuevas excepciones a la aplicación de la normativa de contratación pública vulnera los «principios esenciales de la legislación básica del Estado», toda vez que tales negocios jurídicos no se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, que tiene un carácter básico, considera el Gobierno español.

Por otro lado, el apartado 65 de ese artículo único incorpora una nueva disposición adicional vigesimoprimera a la Ley Foral 2/2018 sobre el régimen especial relativo a la adquisición de medicamentos, determinando que los acuerdos de adquisición pública de medicamentos «tendrán naturaleza privada».

El Estado español ostenta la competencia exclusiva en relación con la «legislación sobre productos farmacéuticos» y la competencia exclusiva en relación con «la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas».

En el acuerdo, el Gobierno español defiende que la regulación de un régimen especial en materia de adquisición de medicamentos por parte de la norma foral resulta incompatible con los principios básicos de la contratación pública como la libertad de acceso, la transparencia, la publicidad, la igualdad, la integridad, la eficiente utilización de los fondos, la estricta vinculación de los criterios de adjudicación al objeto del contrato o la no discriminación de ningún operador económico.

Todo ello, en la medida en que dota al órgano de contratación de total discrecionalidad, obviando las garantías que recogen tanto la legislación básica estatal como la normativa comunitaria.

«Concurren, por tanto, los requisitos formales y materiales para la impugnación de los mencionados preceptos ante el Tribunal Constitucional», concluye.

Acuerdo respecto a diez preceptos

El vicepresidente primero del Gobierno de Nafarroa, Javier Remírez, ha enmarcado en la «defensa inteligente del autogobierno» que hace su Ejecutivo la discrepancia con el Gobierno español respecto al recurso, con tiempo aún para evitarlo con el «diálogo y el acuerdo» que practica.

Así se ha referido Remírez en declaraciones a los periodistas a la decisión de recurrir esta ley navarra, una postura de discrepancias entre ambas administraciones que Remírez ha relativizado al recordar que «se ha llegado a un acuerdo parcial» en la modificación.

«El Estado inicialmente presentó discrepancias sobre 14 preceptos donde se consideraba que podía haber invasión competencial y en 10 de ellos se ha llegado a acuerdos asumiendo la tesis de la Comunidad foral, uno más ha sido un acuerdo entre Navarra y el Estado en el que Navarra se compromete a una modificación parcial de la normativa para ajustarse mejor a lo previsto en la normativa comunitaria», ha explicado.

Solo en los tres restantes, ha concluido el vicepresidente, es «donde no ha podido llegarse a un acuerdo. Y eso supone que por parte del Gobierno de España se presenta recurso ante el Tribunal Constitucional para estas tres disposiciones».

En esta línea, el Gobierno de Nafarroa hace «una valoración positiva en cuanto a los términos de los acuerdos alcanzados porque la gran mayoría de los preceptos que inicialmente habían podido ser cuestionados» se ha resuelto sin llegar al alto tribunal.

Por ello, Remírez ha subrayado que en la actitud del Gobierno navarro «prima el diálogo, el acuerdo. Prima la negociación para llegar a un buen acuerdo en defensa del autogobierno pero también muestra esa disposición al diálogo y al entendimiento», ha señalado.

«También hacemos una defensa inteligente del autogobierno y, cuando consideramos que tenemos que defender nuestro ámbito competencial con firmeza, se hace», como en este caso, en el que en principio será el TC el que en última instancia dirima la cuestión, aunque Remírez ha señalado que hasta que no haya sentencia ambos gobiernos seguirán dialogando.