«La impunidad continúa incrustada como política de Estado»

Se cumplen 47 años de las últimas ejecuciones franquistas. En horas eran fusilados los militantes de ETA Ángel Otaegi y Jon Paredes, “Txiki”, y los del FRAP José Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo. Diego Paredes denuncia la nula voluntad de encausar a los responsables.

Casi medio siglo después del fusilamiento de su hermano, algunas voces consideran que aquel episodio fue un acto de venganza de un dictador que entonces agonizaba. ¿Qué piensa?

No fue una pataleta del franquismo, de ninguna manera. Aunque Franco quería sangre, había una clara voluntad de amedrentar a la generación que entonces luchaba por una verdadera ruptura con el régimen. Detrás estuvo él, pero también ministros y altos mandos policiales.

¿Las ejecuciones desmienten el mantra oficial segun el cual la Transición fue pacífica y modélica?

Ya veníamos de la ejecución de Salvador Puig Antich en 1974, y después los asesinatos de los cinco obreros en Vitoria en 1976, de Fermín Rodríguez en los Sanfermines del 78 o, un año antes, el atentado contra los abogados de Atocha en Madrid. Todo estaba planeado para que los aparatos del Estado pudieran acomodarse sin problemas, de la misma forma que algunos falangistas se pasaron al PSOE. Pero antes tenían que encarnizarse contra los sectores más disidentes y crear un estado de alarma con el fin de que mucha gente se conformara con lo que se les dio, pues la Ley de Amnistía de 1977 sirvió en realidad para exonerar a los criminales franquistas.

¿Se utilizó el ruido de sables para impedirla?

Sin duda, sabían lo que hacían. Y los nuevos partidos les perdonaron, pues desde el PCE hasta el PSOE no han tenido ninguna intención de revisar la Ley ni, mucho menos, de derogarla. Fue una forma de rendirse, y eso ha conllevado que la impunidad continúe, quizás de forma sutil, pero igual de efectiva. Ya no sacan los tanques, pero mediante la Ley de Secretos Oficiales o la misma Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público, está completamente blindada. Con estas estructuras, y los medios de comunicación, tienen suficiente para manipularnos y que no se haga memoria. Y los partidos de izquierda, participando de ello, se han convertido en colaboradores indirectos.

«Toda lucha necesita referentes y mi hermano cumplía con todos los ingredientes para ser idealizado»

Respecto a su hermano, Fermin Muguruza afirmó en su día que representa «el Che Guevara de Euskal Herria». ¿Se siente identificado con la idealización que se ha hecho de «Txiki»?

Toda lucha necesita referentes. Y mi hermano cumplía con todos los ingredientes para ser idealizado. Tanto por su juventud como por ser hijo de inmigrantes comprometido con los derechos de la clase trabajadora, pero también porque tuvo el gesto de cantar el ‘Eusko Gudariak’ cuando lo iban a fusilar. Encarna a todos los que han muerto luchando por las libertades, y ver el cariño de la gente a mí me ayudó mucho y para la familia supuso un gran orgullo. Es normal, pues, que se le utilice todavía como emblema.

El Parlamento de Gasteiz declaró a su hermano y a Otaegi «víctimas de la violación de derechos humanos». ¿Es un paso de cara a hacer justicia?

La verdadera justicia supondría que encausaran y condenaran a los verdugos, pero nadie ha pagado por aquello. Más allá de estos gestos, hay un silencio evidente entre los partidos mayoritarios, mientras que la tortura no ha desaparecido y personajes como Baltasar Garzón, responsable de la persecución política y de maltratos de centenares de militantes vascos y catalanes, ahora se pasea como un paladín de la democracia y defensor de los derechos humanos. Finalmente, los partidos han mirado más por sus intereses que por garantizar la verdad, la justicia y un verdadero proceso de reparación.

El caso de «Txiki» figura en la macrocausa contra los crímenes del franquismo que instruye la jueza María Servini desde Argentina. ¿Tiene esperanza de que se pueda encausar a sus responsables?

Es complicado, pues en referencia al exministro Rodolfo Martín Villa, parece que no tendrá recorrido judicial. Aparte, el Estado español no tiene ninguna voluntad en esclarecer nada, ni lo que atañe a la etapa de los GAL, y la misma Ley de Memoria Democrática no supone ningún avance importante para lograr ese objetivo. Al final, viene a decir que el franquismo tuvo su legalidad, como si fuera un paréntesis histórico de arbitrariedad y nada más. La impunidad continúa incrustada como política de Estado y tendrán que ser las futuras generaciones las que tomen la palabra. Porque o volvemos a salir a la calle o lo perderemos todo.