Huida de enfermos graves del seguro de Muface hacia la sanidad pública

Un estudio detecta que entre los mutualistas de Muface que cambian la opción de un seguro privado por sanidad pública hay mayor prevalencia de casos graves y cánceres. A través de esta mutualidad de funcionarios del estado 26.000 ciudadanos de Hego Euskal Herria son desviados hacia centros privadas.

La mutua exclusiva de los funcionarios civiles del Estado, Muface, ofrece la opción a sus asistidos de ser atendidos por la sanidad pública o a través de los conciertos que la entidad mantiene con otras compañías de seguros, como DKV o, sobre todo, Adeslas. Tres de cada cuatro mutualistas escoge ser atendido en uno de estos seguros, aunque existe una limitada fuga de casos que, cada año, optan por ser atendidos en lo público.

“El País” cifra este trasvase en unas 10.000 personas al año con cifras de las memorias del propio Muface. No constituye una cifra particularmente amplia, teniendo en cuenta que son 1.132.378 personas las que, a 31 de diciembre de 2020, eran atendidos a través de convenios de la mutualidad con la sanidad privada. Frente a estos, en Muface hay 351.251 que escogen la sanidad pública.

Esta preferencia por la opción privada a nivel estatal se reduce en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, donde uno de cada tres escoge la sanidad pública (18.159 mantienen el seguro privado y 7.972 apuestan por Osakidetza).

Nafarroa, por su parte, es un caso singular, pues existe una relación casi de paridad entre ambas opciones. En el último anuario, aparece que gana la opción pública entre los mutualistas (8.080 frente a 6.932). Pero es la única comunidad donde sucede esto.

La fuga de mutualistas que cambian el concierto con aseguradoras privadas (y que les resulta gratuito) por el sistema público, en Hego Euskal Herria también se aprecia. Los mutualistas de Muface atendidos por Osakidetza por haberlo elegido aumentaron en 39 entre 2018 y 2020 (últimas cifras disponibles), mientras que en Osasunbidea subieron en 556.

Muface, en Euskal Herria, constituye principalmente una mutualidad reservada al profesorado. La condición que el Estado dio a los Ejecutivos de Gasteiz e Iruñea al transferir la educación es que estos funcionarios siguieran dentro del cuerpo estatal de docentes. Los profesores cobran de las haciendas forales, pero formalmente pertenecen al Estado, como los miembros de Policía Nacional o los militares.

Prevalencia de cáncer

Un reciente estudio de la Universidad de Las Palmas aporta algo de luz sobre cuál es el motivo por el que los mutualistas descartan la sanidad privada para ir por lo público, a pesar de las listas de espera, el cuestionamiento sistemático de su calidad y la pérdida de asistencias menores, pero económicamente relevantes, como puede ser la salud bucodental o la oftalmológica. La clave parece residir en el padecimiento de enfermedades graves, principalmente el cáncer.

La metodología de los investigadores Jaime Pinilla y Beatriz González López-Valcárcel, autores del estudio, fue revisar las patologías que tenían quienes salían de la sanidad privada a la pública con los datos de más de un millón de expedientes médicos de centros públicos valencianos. Y, a partir de ahí, extrapolaron.

De tal forma, descubrieron que la prevalencia de enfermedades graves, como cáncer, era mucho mayor que la media en quienes optaban por la sanidad pública. Un 48% más para cánceres en general y hasta un 176% en determinados cánceres, como los linfomas.

Estos investigadores de Las Palmas han aclarado ser conscientes de que contaron con ciertas limitaciones por falta de datos. A pesar de ello, consideran que la diferencia es tan contundente como para, aun existiendo margen de error, indicar la existencia de agujeros en los sistemas sanitarios privados, que atienden a los asegurados mientas la patología es sencilla, pero los abandonan cuando los costes del tratamiento se disparan. De ahí la fuga de casos graves desde el circuito sanitario privado al público. Y de ahí, también, que los supuestos ahorros que supone para el sistema público la existencia de seguros privados o todo el sistema mutual sean cuestionables.

La singularidad de Muface

El efecto de desviación de enfermos hacia sistemas distintos al público que tiene el Muface (y sus mutualidades hermanas de Mugeju e Isfas, exclusivos de personal judicial y Ejército) es aún mayor, ateniendo a sus particularidades.

El primer problema llega con las cotizaciones. El profesorado –y del resto de funcionarios– tiene unos sueldos altos y estables. Al irse al sistema mutualista, el dinero no llega al sistema público, sino que, en la mayoría de las ocasiones (en tres de cada cuatro ocasiones, como se ha indicado), acaba derivado a los conciertos privados con Adeslas, DKV o Asisa.

«Cuando se creó el Muface de lo que se trataba era de mantener un estatus especial, unos privilegios que tenían los empleados del Estado franquista frente a los trabajadores manuales», afirma Iñaki Moreno, de la Plataforma Navarra de Salud.

En este espíritu clasista, las mutualidades de funcionarios lo comparten con las mutualidades propias de los colegios gremiales de abogados, arquitectos o procuradores. Solo que Muface está impulsado desde lo público y, además de ello, la mutua está en quiebra desde hace años.

Es fácil entender por qué Muface se fue a pique en lo económico. Lo que en los años 60 y 70, que es cuando se creó, era algo muy rentable, pues daba servicio a personas en activo y, por tanto, mayoritariamente jóvenes y sanas, pasó a no serlo tanto cuando aquellos funcionarios envejecieron y necesitaron más gasto en medicamentos y asistencia sanitaria.

Desde el año 2011, además, el profesorado de Hego Euskal Herria ha perdido el mayor de los privilegios por su pertenencia al Muface: el sistema de clases pasivas a través del cual podían jubilarse antes que el resto. Desde ese año, los nuevos docentes con el régimen común de la Seguridad Social, si bien mantienen la condición de mutualista y pueden escoger la atención pública o por seguro privado (la denominación «seguro privado» no gusta a Muface y, en la consulta realizada por este medio prefieren denominarlo «régimen especial de la seguridad social que se articula a través de conciertos»).

Sin la renovación de mutualistas por clases pasivas y el progresivo envejecimiento del conjunto de los mutualistas, el sistema de Muface es inviable. Así, si la mutualidad sobrevive es porque el Gobierno inyecta dinero por la puerta de atrás y cubre esas pérdidas.

Tensiones

Dentro del Gobierno español ha habido fricciones entre Podemos, que exige unificarlo todo ya y dejar caer a la mutualidad, y el PSOE, a quien aterra dejar caer a Muface. El último convenio incluía una ampliación del 10% a la aportación que el Estado hace a Muface. Son 3.571 millones que irán directamente a la sanidad privada por asistir a funcionarios públicos.

Es entendible ese miedo a dejar caer un sistema, por lo demás, injusto. Este miedo tiene una parte electoral, pues la pérdida de privilegios generaría lógico enfado entre los afectados. Sin perder de vista tampoco la saturación del sistema sanitario público. Volviendo al dato inicial, hay 1.132.378 mutualistas en Muface que son derivados directamente a la sanidad privada. Si se le deja caer, irían a sumarse a las listas públicas.

A pesar de todo esto, la asunción por parte de la sanidad pública del coletivo de mutualistas sería más rentable. En Nafarroa, durante la pasada legislatura se estudió a fondo un caso muy similar: la asunción por parte de la sanidad pública de los trabajadores de la Universidad de Navarra (del Opus Dei) que eran derivados a través de un convenio a la Clínica que forma parte de dicha universidad.

Según las cuentas presentadas por el Gobierno de Uxue Barkos, la atención de esos 7.180 trabajadores y familiares afectados (un perfil perfectamente asimilable al que presentan los mutualistas de Muface) costaba a través del convenio con la Clínica 5,1 millones, frente a los 3,2 millones en los que se estimó su cobertura dentro del sistema público. Fruto de este estudio realizado por Osasunbidea, el convenio quedó roto en 2016.