Lakua sanciona a Verter por riesgos laborales 32 meses después y en plena liquidación

La empresa Verter, propietaria del vertedero de Zaldibar, ha sido sancionada por el Departamento de Trabajo de Lakua por no prevenir los riesgos laborales con 300.000 euros, pero ocurre dos años y medio después del derrumbe mortal y en un proceso paralelo a la liquidación.

El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado este lunes la decisión firme del Departamento de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de Lakua de sancionar con 300.000 euros a la empresa Verter Recycling por «no adoptar cualesquiera medidas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores». Se califica de «infracción muy grave» y ello abunda en la línea de mostrar mano dura de la Administración respecto a la empresa propietaria del vertedero de Zaldibar que colapsó en febrero de 2020 matando a dos trabajadores.

Sin embargo, la decisión firmada por el director de Trabajo, Angel Lapuente Montoro, llega nada menos que dos años y medio después del fatal derrumbe, y en un proceso que además es paralelo a la liquidación de la empresa, casi milimétricamente.

Así, se da la circunstancia llamativa de que al acta de infracción fue levantada por la Administración de la CAV el 13 de septiembre de 2021, cuando ya había transcurrido un año y siete meses desde el desastre que sepultó a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.

Además, apenas ocho días después, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó que Arrate Bilbao Barinaga y Elena Susaeta Barinaga cesaban como administradoras solidarias de la empresa y pasaban a ser liquidadoras de la misma. Se trata de las sobrinas de José Ignacio Barinaga, máximo responsable de Verter y que tenía lazos de amistad con el consejero Iñaki Arriola (según este, quedaban para «tomar café») Antes de acabar ese septiembre se emprendió ya la liquidación de la empresa, que ha ido quemando etapas hasta el día de hoy.

Poco antes se había conocido el acuerdo de conformidad por el que tres responsables de  Verter eran condenados a una pena de seis meses de cárcel por «homicidio por imprudencia» en el sumario abierto por delito contra la seguridad de los trabajadores en el Juzgado de Durango. Sigue su recorrido el otro proceso abierto, en este caso por delito medioambiental.

Llama la atención también que en la resolución se apunta que la sanción de 300.000 euros adquirió firmeza ya el 11 de abril pasado, pero la resolución no ha sido firmada hasta el 27 de setiembre y se ha terminado publicado este 10 de octubre.

Expedientes solo tras el derrumbe

Ampliando el contexto, el Gobierno de Lakua no abrió expedientes a Verter por el sobreexplotado vertedero de Zaldibar hasta después de la tragedia. Sin embargo, en las semanas posteriores al derrumbe se admitió desde la Administración la existencia de grietas en el terreno que terminó derrumbándose. Según asegura, no habrían sido comunicadas al Gobierno de Lakua (esta es la versión que ha dado por buena la Comisión Europea en su reciente informe de tres folios), aunque en la comparecencia parlamentaria sobre el drama Arriola aludió muy por encima a una reunión entre inspección y empresa apenas 16 días antes.

Otro aspecto reseñable es que en la última inspección de noviembre de 2019 la Administración detectó hasta 23 infracciones. Entre ellas se incluían la «existencia de residuos peligrosos no contemplados en la Autorización Ambiental Integrada», el «almacenamiento en el exterior de residuos peligrosos» y la inexistencia de «caracterización sobre la peligrosidad del residuo», pero fueron calificadas todas, salvo esta última, como «no relevantes».

Al margen de ello, la sobreexplotación del vertedero era una constatación continua, que no dio pie a ninguna actuación ni mucho menos sanción. En 2018, por ejemplo, el vertedero recibió 154.000 toneladas de residuos metálicos, cuando el límite legal era de 70.000 toneladas.

300.000 euros

Por lo que respecta a la cantidad impuesta en la sanción, no es la mayor que se haya impuesto desde la Administración de la CAV por incumplmiento de medidas preventivas de riesgos laborales. A una unidad temporal de constructoras en 2017 se le impusieron 600.000 euros por este concepto.

En casos de muerte se puede citar la multa de 170.000 euros a Ferrovial por el fallecimiento de un trabajador de Michelín en Gasteiz, golpeado por una pieza, en un caso que se calificó también de «infracción muy grave» igual que este de Zaldibar.

A Verter se le impusieron también en 2021 un total de 100.000 euros de sanción por irregularidades de carácter medioambiental tras los citados expedientes abiertos después de febrero de 2020, aunque se desvincularon expresamente del derrumbe mortal.

Los 300.000 euros tampoco suponen una cantidad excesivamente significativa en comparación con los beneficios acumulados por la empresa en la década en que gestionó el vertedero. La última auditoría constató 3,8 millones de beneficios justo antes del desplome, y algunos medios han elevado a quince millones el total de ganancias con esta instalación.