Enésimo aplazamiento de la decisión judicial sobre la joven apátrida Charlène Cazenave

La audiencia celebrada en marzo en Burdeos permitió al juez constatar la existencia de un documento que daba validez a su acta de nacimiento, lo que no evitó que se pospusiera otra vez la decisión sobre la nacionalidad. Tampoco la vista de esta semana ha despejado el caso de Charlène Cazenave.

La audiencia celebrada el pasado 14 de marzo en el Tribunal de Burdeos permitió al juez constatar la existencia de un documento que avalaba la validez del acta de nacimiento, lo que no evitó que se pospusiera una vez más la decisión sobre el caso, esta vez hasta mayo.

Tampoco la vista celebrada esta semana, concretamente el lunes 10 de octubre, ha acabado con el calvario de Charlène Cazenave, según ha hecho saber la asociación Alda, que apoya a la joven.

Deberá esperar al 12 de diciembre. Si no se presentan nuevos elementos en esa vista, el juez cerrará el dosier y fijará fecha para el pronunciamiento de nacionalidad.

Esa es la perspectiva que hace a su defensa, ejercida por su abogada Fatou Babou, mantener la confianza, pese a una lentitud de la justicia ante la que la joven apátrida se declara «extenuada».

Fue en 2019 cuando esa misma instancia pidió a Charlene Cazenave, de 28 años de edad, que aportara un justificante para avalar la validez del acta de nacimiento.

En setiembre de 2021 el Consulado de Camerún en París aportó ese documento a la justicia, lo que debería haber permitido a Cazenave, que reside ahora en Burdeos pero que ha guarda fuertes lazos familiares con Baiona, a hacerse por fin con el certificado de la nacionalidad francesa.

Esa audiencia de marzo de 2022 puso en evidencia que pesaban todavía dudas sobre el tribunal. O lo que es io mismo, que seguía sin aclararse la cuestión que colea desde 2011, cuando el acta de nacimiento de Charlène fue encontrada en los servicios de estado civil de Nantes.

Una discordancia de identidad

Certificado el documento por la embajada francesa en Camerún, el problema se planteó porque el nombre y apelido que figuraban en ese documento no coincidían exactamente con el certificado de nacionalidad expedido por el Tribunal de Pau en 2009.

Esa discordancia entre «identidad antigua e identidad reciente» dio lugar a un enorme embrollo judicial.

En 2017 el Tribunal de Baiona, donde vivía entonces la joven, emitió un acta que mencionaba la «antigua identidad», pero en 2018 el Tribunal de Burdeos se opuso a emitir un nuevo certificado sobre la identidad de la joven al equiparar esa diferencia de nomenclatura a un eventual fraude.

Tras la citada vista del 14 de marzo de 2022 la joven mostró su malestar porque en esa vista la ayudante del fiscal «ha seguido tratándome como si fuese una impostora».

La representante del Ministerio público constató que se había recibido el certificado «que parece auténtico» pese a lo que consideraba que el mismo carecía de «fuerza probatoria».

Esa posición llevaba a un nuevo retraso en una vista que inicialmente prevista para el 19 de septiembre de 2021, fue aplazara al 10 de enero, luego al 14 de marzo y finalmente al 9 de mayo. La última cita dada a la joven llevaba la fecha de este 10 de octubre.

Xebax Christy, presidente de la asociación Alda, ya aseguró tras la precedente audiencia de mayo que «las conclusiones expuestas por la ayudante del fiscal no dejan lugar a dudas sobre la intención de perjudicar a Charlène, aun a sabiendas de que tiene pleno derecho a obtener la misma, como se deduce del hecho de que a su hermano Maxim ya le haya sido otorgada la nacionalidad».

Un calvario cotidiano

Charlène, nacida en Camerún de padres franceses, tiene pleno derecho a la nacionalidad francesa, de acuerdo al artículo 18 del Código Civil que precisa que «es francés todo niño con al menos un padre francés».

Sin embargo, una cadena de errores administrativos en su acta de nacimiento han acarreado a la joven un auténtico calvario al verse convertida en apátrida y, por tanto, no disponer de derechos fundamentales para poder vivir en el Estado francés.

Efectivamente, sin un certificado que prueba su nacionalidad, Charlène no puede votar, ni disponer de un talón de cheques, ni obtener el permiso de conducir, ni casarse... Para la joven es más complicado acceder a un alquiler y solo en los últimos seis meses ha visto cómo perdía dos contratos de trabajo al no poder presentar los papales de identidad.

La del 10 de octubre estaba llamada a ser la última audiencia con vistas a señalar la fecha en la que proceder a regular la situación de la joven. No ha sido posible, pero Alda aboga, antes y ahora, por una resolución del caso. Que no pase del 12 de diciembre.