Grupos ecologistas presentan un recurso contra los permisos de explotación de Mina Muga

Colectivos ecologistas de Nafarroa y Aragón han anunciado la interposición de un recurso judicial contra los permisos concedidos a la empresa Geoalcali para la puesta en marcha de su proyecto Mina Muga, en los términos municipales de Zangoza y Undués de Lerda.

Ecologistas en Acción de Aragón, la Fundación Sustrai Erakuntza y la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón han interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Nafarroa, la Diputación de Aragón y el Ministerio para la Transición Ecológica por los permisos de explotación de Mina Muga, ubicada en los terminos municipales de Zangoza (Nafarroa) y Undués de Lerda (Aragón).

Estas entidades siguen así su batalla para tratar de paralizar este proyecto de extracción de potasa de la empresa Geoalcali, que consideran «insostenible económica y medioambientalmente».

En este sentido cuestionan que este «megaproyecto» haya nacido «al amparo de la preconstitucional Ley de Minas» (1973) aún vigente, ya que «pone en primer lugar los intereses de las empresas frente a las necesidades del país y el interés de la sociedad, dejando en un segundo plano los severos impactos medioambientales, que perjudicarían muy negativamente» a los habitantes de la comarca de Zangoza y Altas Cinco Villas (Aragón) y, «por extensión, al conjunto de la sociedad navarro-aragonesa, incluso en términos económicos».

«”a concesión de explotación se hace sin que la mayor parte de las modificaciones exigidas a Geoalcali, tanto en alegaciones formuladas desde las asociaciones como en los requerimientos de las administraciones, hayan sido objeto de una participación pública satisfactoria, como sería preceptivo», dicen en un comunicado los colectivos recurrentes.

En él subrayan que hasta en dieciséis ocasiones Geoalcali ha tenido que presentar «documentos aclaratorios y adendas» al proyecto Mina Muga tras haber recibido la Declaración de Impacto Ambiental positiva, entre las que citan «el plan de restauración, el proceso de relleno con materiales sobrantes (backfilling), la afección a las aguas, la propia viabilidad económica del proyecto o los hundimientos y subsidencias que pudiera provocar».

Critican además que «en ningún momento se ha tenido acceso público a las medidas que Geoalcali afirma que va a emprender para evitar los graves problemas generados potencialmente por la actividad, tales como subsidencias y hundimientos del terreno, sismicidad inducida, múltiples afecciones ambientales, entre ellas las afecciones a los cursos fluviales y acuíferos, incluyendo el embalse de Yesa».

Más de 500 camiones al día

Añaden asimismo que según la concesión otorgada «la mina creará una escombrera que podrá ocupar hasta 37 hectáreas y un máximo de 13,7 metros de altura, pudiendo albergar hasta 4,5 millones de toneladas de residuo», un material que se transportará por carretera, para lo que serán necesarios «512 camiones al día, un camión cada dos minutos y medio», que circularán por la comarcal NA-127 de Zangoza a Ledea (Liédena), con tramos sin arcén, y por la autovía A-21.

Estos grupos ecologistas apuntan igualmente que Mina Muga «entra en contradicción» con la Ley foral de Cambio Climático «ya que conllevará un aumento considerable de emisiones de gases de efecto invernadero y un retroceso en los objetivos del sector primario, perpetuando el modelo de intensificación agroganadera estatal y mundial».

«La población de Aragón y Navarra afectada por Mina Muga no necesita un proyecto que va a transformar negativamente sus comarcas, donde ni siquiera existe una tasa de paro relevante que fundamente o justifique la utilidad pública de proyectos como este», aseveran, y lamentan que las tres administraciones implicadas «no han estado a la altura de la responsabilidad en defensa del bien común que de ellos se espera».

Y les acusan de haberse «plegado a los intereses privados de Geoalcali y su matriz australiana Highfield Resources, cuya principal actividad es la especulación en bolsa, dejando de lado a los habitantes de las comarcas navarro-aragonesas que no demandan este modelo de desarrollo basado en proyectos con graves impactos medioambientales y sociológicos».